Derechos Humanos

Histórico: condenan al primer empresario por ser cómplice de la dictadura cívico militar en Argentina

Se trata de Marcos Levin, dueño de La Veloz del Norte, quien fue fue sentenciado a 12 años de prisión acusado por delitos de lesa humanidad en la provincia de Salta. Conoce los detalles a continuación.

Durante los últimos años, se ha puesto el foco en la complicidad civil durante la última dictadura cívico militar en Argentina, un factor común en todos los regímenes de facto en el continente. En el caso argentino, las fuerzas armadas fueron el brazo ejecutor de un plan económico siniestro que necesitaba del miedo y el silencio para poder llevarse a cabo. Sus profundas y desastrozas consecuencias se siguen pagando hasta el día de hoy.

En este contexto, Marcos Levin, dueño de la empresa de transporte de larga distancia La Veloz del Norte, fue condenado a 12 años de prisión acusado por los delitos de privación ilegal de la libertad y tormentos agravados cometidos durante la última dictadura militar.

Así lo dispuso el Tribunal Oral Federal de la provincia de Salta. Los delitos que recayeron sobre Levin se produjeron durante el secuestro de Víctor Cobos, entonces empleado de La Veloz y delegado de la UTA, durante el gobierno de facto.

Junto al empresario fueron condenados a 12 años de prisión los policías retirados Víctor Hugo Almirón y Víctor Hugo Bocos, mientras que el policía Víctor Cardozo recibió una pena de ocho años de cárcel.

Según las querellas, Levín, que era presidente de la Federación de Empresarios Salteños del Transporte (Festap) y propietario de la firma más importante del sector en Salta, “se valió de la estructura represiva para disciplinar a sus empleados y obtuvo beneficios de las autoridades dictatoriales, como ampliar rutas comerciales”, indicaron.

Así, en enero de 1977 el dueño de La Veloz denunció en una comisaría de la provincia de Salta un supuesto fraude a su empresa y entregó una lista de una veintena de trabajadores supuestamente involucrados en la maniobra denunciada. Como resultado, 16 empleados fueron detenidos y obligados a confesar bajo tortura, según las denuncias.

Únicamente el caso de Cobos llegó a juicio por su condición de sindicalista, por lo que se lo admitió como una persecución política. Por su parte, las denuncias restantes esperan un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia para saber si llegarán a juicio oral.

Por último, y tal como consigna el diario Los Andres, empresarios de la prensa, del sector automotor y el dueño del ingenio azucarero Ledesma en Tucumán (norte) han sido denunciados por víctimas y organismos de derechos humanos por su presunta complicidad con la dictadura pero hasta ahora no han llegado a la instancia de un juicio oral.

Marco Levin

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