Tenía apenas dos años cuando fue víctima de la violencia ejercida por agentes de la Armada durante la dictadura de Augusto Pinochet. Más de cinco décadas después, la Corte de Apelaciones de Santiago resolvió elevar a $100 millones la indemnización que el Fisco deberá pagar a una mujer que sufrió torturas, persecución política y separación familiar durante su primera infancia.
Los hechos ocurrieron en 1975, en Valparaíso, cuando funcionarios de la Armada ingresaron al domicilio de la víctima, en el contexto de la persecución política vinculada con su madre. La niña fue detenida junto a su abuela materna y sufrió una brutal agresión que marcaría su vida.
Según estableció el tribunal, la víctima, “a sus dos años, fue golpeada con un arma en su boca por un funcionario de la Armada.”
La sentencia reconoce que las consecuencias de aquella violencia no se limitaron a las lesiones sufridas durante la detención, sino que provocaron daños permanentes en su salud mental, desarrollo y proyecto de vida.
Indemnización por torturas de la Armada: las secuelas de una infancia marcada por la dictadura
La Undécima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, integrada por la ministra Romy Rutherford, el ministro Patricio Martínez y el abogado integrante Manuel Luna, determinó aumentar la reparación económica considerando especialmente la edad que tenía la víctima cuando sufrió las agresiones.
En su resolución, el tribunal estableció que la mujer fue sometida a una constante persecución que terminó provocando la separación de su núcleo familiar.
Estas circunstancias afectaron profundamente su desarrollo, generando trastornos psicopedagógicos, alteraciones en su ritmo circadiano y consecuencias psicológicas que persisten hasta la actualidad.
La justicia consideró que la violencia sufrida durante la primera infancia constituye un elemento determinante para dimensionar la gravedad de las vulneraciones a sus derechos humanos.
El fallo también destacó que las agresiones ocurrieron en un contexto de persecución política, vinculada directamente con la situación de su madre durante la dictadura.
Corte califica torturas de la Armada como grave vulneración de derechos humanos
Uno de los aspectos centrales de la sentencia es el reconocimiento de la especial vulnerabilidad de la víctima por su condición de niña.
Para fundamentar su decisión, la Corte recurrió a la Convención sobre los Derechos del Niño, instrumento internacional que establece obligaciones de protección frente a la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.
En esa línea, los magistrados sostuvieron:
“Que, en esa dirección, las torturas sufridas por la demandante cuando era una niña constituyen una gravísima transgresión a sus derechos humanos y a su especial condición de vulnerabilidad como menor de edad, cuyas secuelas físicas y psicológicas son de carácter permanente y se proyectan en diversos aspectos de su vida hasta el presente, según se ha establecido”.
La resolución reconoce así que las consecuencias de la represión estatal pueden prolongarse durante toda la vida de las víctimas, especialmente cuando las vulneraciones ocurren en etapas tempranas de su desarrollo.
Justicia eleva a $100 millones la reparación que deberá pagar el Estado
Al revisar la indemnización establecida en primera instancia, la Corte de Apelaciones concluyó que el monto debía incrementarse atendiendo a la gravedad de los hechos y las consecuencias permanentes acreditadas.
El tribunal también consideró necesario mantener criterios de proporcionalidad respecto de otras sentencias relacionadas con violaciones a los derechos humanos.
“Así las cosas, la regulación correlativa de los daños aludidos también debe guardar algún grado de correspondencia con determinaciones efectuadas por esta misma Corte en casos semejantes, motivo por el que la indemnización fijada en primera instancia debe ser aumentada. En tales condiciones, se estima razonable regular esa indemnización en la suma de cien millones de pesos ($100.000.000)”, concluye el fallo.
La decisión judicial vuelve a poner de relieve las consecuencias de la violencia ejercida por agentes del Estado durante la dictadura, incluyendo sus efectos sobre niñas y niños que fueron víctimas directas de la represión política.
Más de 50 años después de los hechos, la sentencia reconoce el daño sufrido por una mujer cuya infancia quedó marcada por las torturas y establece una reparación económica a cargo del Estado chileno.
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