Percepción de sus propios habitantes

INDH sostiene que intervención en La Legua vulnera derechos y empeora situación de habitantes

"Distintos derechos de las personas que viven o trabajan allí han sido vulnerados sistemáticamente, en el marco de décadas de intervenciones estatales que no han logrado mejorar su situación, y en ocasiones, la han empeorado", es una de las principales y contundentes conclusiones de un estudio del Instituto de Derechos Humanos.

Por Daniel Labbé Yáñez

04/05/2016

Publicado en

Chile / Justicia y DD.HH / Portada / Sociedad

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La Legua

Según datos del Ministerio de Desarrollo Social, San Joaquín es la comuna más pobre de la Región Metropolitana con un 26,9% en esa condición. Allí está ubicada La Legua, donde -de acuerdo a los datos proyectados para el 2012 en el Censo 2002- habitan unas 14 mil personas.

Un estudio del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) realizado entre junio y septiembre de 2014 buscó conocer la percepción de las personas que habitan o trabajan en la Legua, respecto a cómo las distintas formas de violencias impactan en el ejercicio de sus derechos humanos. «Distintos derechos de las personas que viven o trabajan allí han sido vulnerados sistemáticamente, en el marco de décadas de intervenciones estatales que no han logrado mejorar su situación, y en ocasiones, la han empeorado», es una de las principales y contundentes conclusiones.

Con respecto al derecho a la vivienda, por ejemplo, el estudio sostiene que «se confirma que su situación es crítica», agregando que las viviendas «desde sus orígenes no cumplían los estándares mínimos de una vivienda digna», como agua potable, instalaciones sanitarias y energía para calefacción, cocción de alimentos y alumbrados. Las soluciones precarias de los mismos habitantes –como la construcción de piezas o departamentos interiores- tampoco cumplen con los estándares, agrega el documento, «contribuyendo al hacinamiento y al allegamiento, especialmente en Legua Emergencia»

Foto: José Miguel Méndez

Foto: José Miguel Méndez

En cuanto al derecho a salud, se sostiene que «el diagnóstico más crítico dice relación con la salud mental de la población, la que por lo descrito está expuesta a altos niveles de estrés psicológico, así como el ejercicio del derecho a la salud sexual y reproductiva, que evidencia una política deficitaria en el alto número de embarazos adolescentes, con la consecuente deserción escolar».

Respecto a la calidad del trabajo se destaca que esta se ha visto afectada debido a que «sólo el 1% de las personas que habitan en la Legua accedió a la educación universitaria». «Son escasas las posibilidades de obtener ingresos superiores que permitan mejorar la calidad de vida. Para algunas personas, las alternativas fuera de la ley constituyen una alternativa (…) para algunos es una forma de mantener a la familia, participando en el microtráfico a través de la venta, guardando droga, trasladándola», se señala.

En cuanto a la reproducción de la discriminación que se ejerce sobre La Legua «tienen responsabilidad los medios de comunicación, que no siempre observan estándares de derechos humanos en sus comunicaciones» y el Estado «al categorizar a la Legua como el ´barrio crítico´ piloto de las primeras políticas de seguridad».

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Sobre la seguridad, el INDH indica que la presencia constante de carabineros en la zona no ha contribuido a mejorar la sensación de seguridad. Por el contrario, los entrevistados señalan que «persisten las denuncias de malos tratos y vulneraciones al derecho a la integridad física y psicológica hacia los habitantes y trabajadores de la Legua» por parte de las policías. De hecho, establecen que uno de los aspectos más críticos dice relación con los controles de identidad «que se utilizarían para amedrentar a las personas, los tratos violentos en procedimientos cotidianos para la mantención del orden público», los controles que derivan en “exámenes corporales” y los allanamientos. Vinculado a esto está la necesidad de la aplicación de controles internos por parte de las policías cuando se conoce de «tratos degradantes e inhumanos», como una de las formas de garantizar el derecho al acceso a la justicia.

Vinculado a esto último están los efectos que tienen estas acciones en los niños y niñas, que van desde la ausencia escolar hasta su ingreso a centros del Sename cuando sus padres quedan detenidos. Los más pequeños también son afectados al ser usados en la producción y tráfico de drogas, y al ser testigos y víctimas de la violencia social e intrafamiliar en medio de la que viven.

Te invitamos a conocer el informe completo pinchando aquí.

Daniel Labbé Yáñez

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