Entre 2012 y 2015 van 663 denuncias de abuso policial

Informe INDH y Violencia Institucional: «La represión es parte de la formación de las policías»

El informe de la Situación de Derechos Humanos emitido por el Instituto de Derechos Humanos da cuenta que la violencia institucional presenta un preocupante y sostenido crecimiento. Hecho que para el abogado Rodrigo Román da cuenta de que "el mismo Estado el que constata el abuso policial, sea el mismo Estado el que se haga el sordo y el mudo frente a estos hechos y termine haciendo nada al respecto".

Por Jose Robredo

15/12/2016

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Han sido permanentes las denuncias y críticas de organismos nacionales e internacionales respecto de la acción de las fuerzas de orden y seguridad del Estado chileno a la hora de reprimir la movilización social, esto bajo la ceguera y el silencio cómplice de las autoridades de turno.

El recién publicado informe de la Situación de los Derechos Humanos en Chile del Instituto de Derechos Humanos (INDH) da cuenta de manera fehaciente de este hecho. Y las cifras son alarmantes ya que el aumento de las denuncias han ido en constante alza desde 2012: 123 en 2012; 147 en 2013; 191 en 2014 y 202 en 2015. 

En este sentido el informe del INDH señala que «manifiesta su preocupación por conductas que se reiteran y que, por su frecuencia, dejan de constituir meros hechos aislados. Las denuncias de violencia policial, por lo demás, suelen afectar especialmente a hombres y mujeres adolescentes, de escasos recursos«.

«Dentro de los malos tratos proferidos por las entidades policiales se advierten actos de tortura, diversas fracturas
y daños oculares a las víctimas. Entre las torturas denunciadas se detallan las modalidades que los propios funcionarios policiales han denominado el “submarino en seco” (asfixia con bolsas plásticas) y el “submarino húmedo” (introducir abundante agua en la boca de una persona para que se atragante), además de golpizas, ataques en los genitales y desnudos de adolescentes, entre otras cosas» agrega el informe, señalan las acciones registradas como prácticas habituales dentro del actuar de los organismos de seguridad.

Uno de los puntos relevantes del informe es que no existe detalle respecto de la institución a la que pertenecen los funcionarios que ejecutan los abusos dado que «la estructura del Sistema de Registro del Ministerio Público no permite extraer información de manera centralizada referente a la institución a la que pertenecen los funcionarios públicos que sean imputados por un delito”.

A esto se debe sumar la realidad que se vive en territorio mapuche, donde a partir de los datos presentados por el INDH, se establece la preocupación del organismo por está situación donde ha señalado que «manifestamos nuestra preocupación también por la incapacidad que ha tenido el Estado, los diversos actores sociales y las empresas forestales para abordar de manera integral una situación que se arrastra desde hace muchas décadas y que ha
implicado una grave y permanente vulneración de los derechos humanos de quienes habitan este territorio».

«La represión es parte de la formación de las policías»

Al ser consultado por El Ciudadano respecto de los antecedentes que entrega el INDH a través de su informe de la Situación de Derechos Humanos en Chile, el abogado de la Defensoría Popular, Rodrigo Román, señala que «tengo la mejor opinión del trabajo que viene realizando el INDH, sobre todo en materia de registro. La comunidad jurídica lo señala así, de hecho en la administración anterior las críticas fueron permanentes por denunciar los abusos policiales».

Sin embargo, Román realiza una observación contundente que refleja la contradicción del Estado en esta materia cuando señala que «ahora lo tremendo es que siendo el mismo Estado el que constata el abuso policial, sea el mismo Estado el que se haga el sordo y el mudo frente a estos hechos y termine haciendo nada al respecto«.

«Esta contradicción se da porque está santificada por el poder político, la represión es parte de la formación de las policías y tiene que ver con la lógica de la brutalidad para enfrentar la movilización social. Esto en el territorio chileno en general y, particular, en el Wallmapu», explica el abogado.

Finalmente, Rodrigo Román expresa que «En un estado social de derecho, en donde se supone que las instituciones funcionan, debieran ser los tribunales quienes controlen esto. Pero como se hacen oídos sordos, se aplica un silencio cómplice y se debe internacionalizar el conflicto, que es un camino larguísimo«.

José Robredo H. 

@joserobredo

El Ciudadano 

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