Juez hunde a Guerra: “condicionaba sus decisiones a la postura de la UDI” en el caso Penta

El 4° Juzgado de Garantía de Santiago decretó prisión preventiva para el exfiscal regional de la Fiscalía Metropolitana Oriente, Manuel Guerra, en el marco de la investigación vinculada al denominado caso Hermosilla, en la cual enfrenta imputaciones por cohecho agravado, prevaricación administrativa y violación de secreto.

Durante la audiencia, el juez Guillermo Rodríguez hundió al ex persecutor señalando que «condicionaba sus decisiones a la postura de la UDI».

La resolución del tribunal se adoptó luego de nueve extensas jornadas de formalización, en las que el Ministerio Público, el Consejo de Defensa del Estado y querellantes solicitaron la máxima cautelar. En ellas, el fiscal regional de Arica, Mario Carrera, imputó a Guerra 13 hechos que se habrían producido entre 2016 y 2021, periodo en el cual habría mantenido una serie de conversaciones, en su mayoría a través de WhatsApp con el abogado Luis Hermosilla, imputado por delitos tributarios, soborno y lavado de activos,

Carrera señaló que ex persecutor se subordinó «los intereses del Ministerio Público a un grupo político determinado» y que la relación con Hermosilla habría influido en al menos cinco causas que se investigaban en la Fiscalía Metropolitana Oriente, mientras la gestión de Guerra al frente de esa repartición en el periodo comprendido entre 2015 y 2021. Dichas casusas, entre las que figuran las relacionadas con los casos Penta, Dominga y Exalmar, que están ligadas políticamente a la derecha y en especial a figuras de la UDI.

Según la acusación, Guerra “habría solicitado reiteradamente al abogado Luis Hermosilla Osorio beneficios de carácter personal y ‘extra posicional’, así como beneficios en favor de terceros vinculados a él, aprovechando su posición”.

Al momento de leer el dictamen, el juez del Cuarto Juzgado de Garantía Guillermo Rodríguez, planteó que si bien algunos de los ilícitos de prevaricación y violación de secreto estarían prescritos, otros delitos de cohecho «no se encuentran prescritos como dijo la defensa».

«Guerra condicionaba sus decisiones a la postura de la UDI»

El tribunal respaldó la legalidad de la obtención de las conversaciones entre Guerra y Hermosilla, destacando la existencia de una «relación de interés».

“El imputado, como fiscal regional, asumió la dirección del caso Penta en noviembre de 2015. Y desde 2016 sostuvo comunicaciones con Luis Hermosilla para conocer la postura de la UDI y tomar decisiones de fondo”, señaló el magistrado.

Al bordar el hecho 1, relativo al caso Penta, el juez Rodríguez recordó que “el imputado asumió como fiscal regional la dirección del caso Penta en noviembre del año 2015, y desde 2016 sostuvo comunicaciones con Hermosilla para conocer la postura de la UDI y tomar decisiones de fondo. En enero de 2018, pese a la renuncia de los fiscales Gajardo y Norambuena, provocada por su oposición, manifestó a Hermosilla su intención de ‘dejar negociado el proceso’, contra la opinión de Uldecco y Unac” .

Posteriormente, el 3 de julio, reformalizó y restó llos delitos de soborno y lavado de activos y luego “solicitó procedimiento abreviado con penas sustancialmente menores, y al omitir la comunicación de no perseverar exigida por el artículo 248, privó de legitimación activa a los querellantes, Consejo de Defensa del Estado y fundación Ciudadano Inteligente”.

El juez se refirió a la conversación de WhastApp del 21 de septiembre de 2016 , en la cual se «acredita que Guerra condicionaba sus decisiones a la postura de la UDI, infringiendo el principio de objetividad del artículo 3 la Ley Orgánica del Ministerio Público».

Em dicho diálogo se habla de Andrés, presumiblemente refiriéndose al exministro Andrés Chadwick, un cercano de Hermosilla, y de Santiago Valdés, ex administrador de la campaña del fallecido expresidente Piñera.

Guerra: Lucho le escribí a Andrés ya que me preocupa los escasos avances destinados a ir terminando las situaciones relativas a gente de la UDI en Penta así como lo relativo a Stgo Valdes.

Guerra: En el fondo saber cual es la postura en que están a fin de poder tomar decisiones de fondo.

Hermosilla: Te agradezco Manuel.

Hermosilla: Me preocuparé de inmediato.

Posteriormente, el magistrado abordó los antecedentes relacionados con el hecho 3, concerniente a la investigación por Exalmar y Dominga-

En 2017 Guerra solicitó el cierre de la investigación, donde el único imputado era el expresidente Sebastián Piñera, debido a la querella que había interpuesto en su contra el entonces diputado Hugo Gutiérrez (PC), por los delitos de negociación incompatible y uso de información privilegiada en relación con la compra de acciones en la empresa pesquera peruana, por parte de Bancard, mientras se llevaba adelante el juicio por el límite marítimo entre Chile y Perú en la Corte Internacional de Justicia de La Haya.

“Guerra prescindió deliberadamente de antecedentes disponibles en la carpeta para solicitar el sobreseimiento de una causa políticamente sensible para el sector que eventualmente lo contrataría”, leyó el juez.

Asimismo, señaló que el exfiscal le reveló la estrategia del Ministerio Público a Hermosilla, quien representaba al gobierno en causas vinculadas con la revuelta social de 2019.

Triangulación entre Guerra, Hermosilla y Chadwick.

Según el tribunal Guerra actuó como una suerte de “asesor” de Andrés Chadwick , luego de que este renunciara de ministro del Interior y estuviera en el ojo de la Fiscalía por hechos derivados del estallido.

El juez señaló que con las comunicaciones entre los imputados se podía describir que se originó una estructura triangular conformada por Guerra, Hermosilla y Chadwick.

“Existe una estructura que podríamos denominar triangular: Guerra, Hermosilla, Chadwick. Las conversaciones acreditan que la información se entregaba a Hermosilla con la expectativa explícita de que fuera transmitida a Chadwick Piñera. Esta estructura demuestra que el objetivo de la infracción era el posicionamiento del imputado ante un sector político que podía favorecerle», aseveró.

En su fallo, el magistrado indicó que Guerra, que fue formalizado por 13 delitos, incluyendo figuras de cohecho, soborno, prevaricación y violación de secretos, muestra “un patrón denominado estructura de crédito corruptivo”, que consistió en hacer favores a alguien poderoso y generar “una deuda que el funcionario o el imputado cobra o intenta cobrar después”.

“Se debe tener presente la gravedad de los delitos (…) El Ministerio Público no es una agencia estatal ordinaria. El imputado Guerra no era un subalterno, era el fiscal regional metropolitano Oriente con competencia sobre una fracción significativa de la actividad jurisdiccional de la Región Metropolitana. La gravedad de los delitos funcionarios se intensifica en razón directa de la jerarquía del cargo que ostenta el imputado”, dijo, según consignó La Tercera.

De acuerdo con el juez Rodríguez “hay un daño sistemático e irreversible a la confianza institucional del ministerio público” y dejó en claro “no es suficiente la colaboración para rebajar punitivamente una condena“, refiriéndose a las más de 8 horas de declaración que entregó Guerra.

“A diferencia de los delitos comunes, los delitos que se imputan generan un daño sistemático a la confianza institucional de carácter irreversible. El mensaje que el conjunto de conductas envía a la ciudadanía es que la persecución penal no es igual para todos”, añadió.

El tribunal consideró que Manuel Guerra era un peligro para la seguridad de la sociedad por lo que decretó a medida cautelar de prisión preventiva.

Tras la notificación de prisión preventiva, el exfiscal regional de la Fiscalía Metropolitana Oriente, fue esposado y llevado por Gendarmería a la cárcel de Capitán Yáber, en donde deberá cumplir la cautelar en los 45 días que fueron dispuestos por el juzgado para el desarrollo de la investigación.