El Primer Juzgado de Letras de Punta Arenas acogió una demanda de indemnización de perjuicios en contra del Estado de Chile, presentada por Jaime Provoste Cárdenas y Pedro Antonio Torres Villarroel, ex presos políticos de la Isla Dawson, entre los años 1973 y 1974.
Según consigna radio Bío Bío, el fallo obliga al Fisco a cancelar a los demandantes la suma de 160 millones de pesos a cada uno, como indemnización por los perjuicios de lesa humanidad a los que fueron expuestos mientras estaban apresados.
El informe con el que se sustentó la demanda detalla varios malos tratos, como torturas, posiciones forzadas, aplicación de electricidad, simulacros de fusilamientos, confinamiento en condiciones infrahumanas, privación de sueño y exposición a temperaturas extremas.
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