Justicia por mano propia: «La validación de la violencia como forma de relacionarnos»

Al menos durante doce horas, la mitad de un día, habría sido torturado antes de ser asesinado un chico de 13 años en Temuco, acusado de haber violado a una niña de 5. Cuatro personas fueron formalizadas por homicidio calificado por alevosía y ensañamiento, entre ellos los padres de la menor supuestamente ultrajada.

Según consignó Radio Bío Bío, el fiscal Roberto Garrido detalló que el preadolescente -quien estuvo en un centro del Sename como una medida de protección en su favor- permaneció atado de pies y manos, fue golpeado reiteradamente, presenta fracturas y cortes en su rostro, y se le quitó la vida asfixiándolo con una bolsa y una almohada.

Todo como venganza por, supuestamente, haber violado a la pequeña. Sin embargo, según declaró el fiscal Garrido, el examen sexológico de la víctima determinó que no presentaba lesiones a nivel genital que fueran compatibles con una violación.

Justicia “ciudadana”

Guardando las proporciones, el caso recuerda a otros anteriores conocidos públicamente, como aquel de noviembre de 2014 en donde un grupo de transeúntes y locatarios del centro de Santiago decidieron desnudar, golpear y amarrar a un poste con cinta adhesiva a un joven al que se le acusaba de haber robado.

O, más grave aún, trae a la memoria lo ocurrido en agosto pasado cuando en San Bernardo un padre y su hijo, tras ser víctimas de un “portonazo”, decidieron salir en búsqueda del ladrón y al darle alcance lo golpearon hasta matarlo.

“Patrones culturales”

Cassandra Rivas es psicóloga y asesora nacional de la Unidad de Infancia y Derecho de la Corporación Servicio Paz y Justicia, Serpaj. “El fenómeno que se está generando es nuevamente una reproducción, naturalización y validación de la violencia como una forma de relacionarnos”, señala la profesional.

Rivas explica que estos “son patrones culturales que están arraigados incluso desde la conformación de Chile como un Estado democrático”, agregando que es una situación “sumamente grave porque ahora no solo se traslada a los derechos de los niños -no respetándolos ni validándolos y derechamente invisibilizándolos desde una mirada adultocéntrica-, sino que también se está haciendo un atentado contra los derechos humanos en general”.

Para la sicóloga existe una “necesidad imperiosa de que el Estado invierta en políticas que apunten a general sensibilización y prevención respecto a la reproducción de la violencia”.  De lo contrario, agrega, “a la larga se comienza a fomentar y a validar que las personas y la sociedad considere un acto de justicia violentar y torturar a otro, independiente que sea un niño o un adulto y del delito que haya cometido”.

Acusados de asesinato de menor de 13 años. Foto: soytemuco.cl

La responsabilidad de los medios

Rivas plantea que es igualmente relevante el rol de los medios de comunicación en la construcción de esta realidad. “Se exponen estas noticias, estas situaciones, desde un carácter de estigmatización más que de un aporte real en términos de cómo mostrar lo que van viviendo los niños y cómo los impacta”, señala. En ese sentido, la psicóloga sostiene que se vincula a jóvenes con hechos de delincuencia, pero no se comprende que esa manifestación conductual “responde a una sintomatología social”.

Rivas cuestiona que tampoco se expongan las cifras y datos respecto a los avances en procesos reparatorios y de inclusión de los jóvenes. “Por ejemplo, desde el año 2002, 2003, que se implementan programas para trabajar con niños que han incurrido en prácticas de agresión sexual y delitos”, señala. Por otra parte, agrega, “los porcentajes de delitos cometidos por jóvenes respecto a los adultos es bastante inferior”, siendo estos principalmente de hurtos y no otros más graves como homicidios y violaciones.

Una importante información, dice, omitida desde las autoridades y los medios de comunicación, donde tampoco se realiza el ejercicio de “relacionarlo con la marginación, con la exclusión, el maltrato psicosocial y las carencias que han tenido en estos casos los niños y niñas”. Esto impide -explica- romper con la estigmatización sobre un sector de la sociedad.

Una mirada reducida que es posible observar en programas de la televisión chilena, como «En su propia trampa» de Canal 13 o «Alerta Máxima» de CHV, así como en la prensa tradicional, en donde de alguna forma se alientan las detenciones ciudadanas y se legitima la violencia que las sucede. Junto con ello se relativiza tanto la exclusividad que tiene un poder del Estado de impartir justicia, como la violencia que caracteriza generalmente a estas acciones populares, relevando -en cambio- la condición de «delincuente» o «antisocial» de quien está siendo víctima de una violación objetiva de sus derechos humanos.

Por último, la profesional de Serpaj repara también en que en todo este escenario “se sigue perpetuando la invisibilización de los derechos de la infancia”. Y agrega: “Las políticas públicas y sociales que se implementan en razón de garantizar la protección y restitución de los derechos es bastante precaria y en eso debiera influir la sensibilización, en el sentido de mirar la infancia en los ámbitos evolutivos, sociales, algo que no se trasmite desde el Estado”.

Daniel Labbé Yáñez