Juzgado autorizó a Fiscalía de Valparaíso citar a Piñera “cuantas veces sea necesario” por violaciones a los DDHH durante el estallido social

El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago autorizó a la Fiscal Regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, a citar al presidente Sebastián Piñera “cuantas veces sea necesario” en la investigación que se lleva a cabo por la violación de los derechos humanos durante la revuelta social de 2019, cuyas querellas fueron presentadas por la Comisión Chilena de Derechos Humanos y otros organismos.

La investigación que lleva a cabo la Fiscalía de Valparaíso engloba varias querellas en una sola causa, entre las que se encuentra los casos de las más de 20 personas fallecidas por el estallido, así como los cientos de personas que resultaron víctimas de trauma ocular.

“La realización de la diligencia cuya autorización se requiere, resulta necesaria para los fines de la investigación que dirige en estos antecedentes”, recalcó el tribunal, consignó Diario U de Chile.

Las querellas fueron presentadas en su momento por la Comisión Chilena de Derechos Humanos, la Revolución Democrática, el senador Alejandro Navarro y el abogado Luis Mariano Rendón.

A principios de julio, el Séptimo Juzgado ya había rechazado una solicitud de sobreseimiento realizada por los abogados de Sebastián Piñera, en el marco de la querella por crímenes de lesa humanidad presentada en contra del mandatario.

La demanda fue presentada el 4 de noviembre de 2019, en pleno estallido social y mientras arreciaba la represión policial en todo el país.

Entre las causas en las que se investiga al actual presidente se encuentra, además, las lesiones provocadas por el lanzamiento de químicos junto a los chorros del carro lanzan aguas y la muerte en la comuna de Panguipulli del malabarista Francisco Martínez.

La fiscal Perivancich argumentó en la audiencia del pasado 2 de julio rque “la investigación aún se encuentra en plena vigencia, con diligencias pendientes y en un escenario de desformalización. No es posible sostener que haya un escenario de claridad absoluta en torno a la existencia del delito o la falta de participación”.

Ahora, el tribunal sostiene que “la realización de la diligencia cuya autorización se requiere, resulta necesaria para los fines de la investigación que dirige en estos antecedentes”, es decir, para esclarecer la participación del Presidente en estos hechos y que terminaron con decenas de personas mutiladas de la visión por el disparo de escopetas o heridas por la acción de los funcionarios de Carabineros en medio de las manifestaciones sociales.

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Rumbo a la Corte Penal Internacional

En los últimos meses, organismos nacionales promueven una querella para elevar la causa de las violaciones de DDHH ejecutadas durante la revuelta de 2019 a la Corte Penal Internacional, y así el Presidente sea juzgado en la instancia internacional.

Entre las pruebas que se presentarían, se encuentran los dossiers preparados por organismos nacionales e internacionales sobre las explosiones oculares, tortura, muertes, abusos sexuales y otra serie de abusos.

“Piñera es una persona que ha estado involucrado en muchos procesos judiciales, relacionados más bien con ilícitos del ámbito económico (…) Sin embargo, estamos ahora frente a una imputación que es muy distinta y que él no podrá desarticular de la manera como habitualmente lo hace el poder económico en un país como Chile, que es a partir del telefonazo, la red de influencias que se pueda tener por parte del propio imputado o de las personas que lo defienden, o del grupo empresarial o de carácter político en el cual él tenga algún liderazgo”, expresó en enero pasado el abogado querellante Mauricio Daza en entrevista en el espacio Cable a Tierra, conducido por Bruno Sommer.

Indicó que los crímenes de lesa humanidad se reflejan en un ataque generalizado y sistemático «cometido precisamente por las fuerzas policiales en contra de una población civil, y esto además en un contexto donde la autoridad política a sabiendas de esta circunstancias no ejecutó ninguna acción eficaz para detener esta represión, y en ese contexto nosotros observamos de que estamos frente a una situación que era mucho más grave que los atentados individuales, que había un verdadero patrón de conducta detrás de lo que estaba siendo la acción policial y que obviamente esto generaba una responsabilidad penal no solamente para el policía que estaba detrás del atentado concreto, la persona que disparó o que atacó en el lugar, no, esto involucraba una responsabilidad de mando al interior de Carabineros, pero por sobre todo una responsabilidad criminal para lo que es la autoridad civil».

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Asimismo, planteó que es un poco innegable que el mandatario no estuviese al tanto de lo que sucediera en materia de represión y violación de derechos humanos.

«Hay evidencia concreta acerca por lo menos de este punto, ya que el Instituto Nacional de Derechos Humanos se reunió con Piñera en innumerables oportunidades, se le entregaron informes mientras esta situación se estaba desarrollando, además él tuvo en conocimiento informes de organismos como HRW, Amnistía Internacional, hubo también una visita de representantes de la Alta comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y todo esto estaba en conocimiento del Estado, o sea esto es un punto innegable, él sabía perfectamente que las fuerzas policiales estaban cometiendo estos abusos», afirmó Daza.

«Entonces desde esa perspectiva la legislación vinculada a los crímenes de lesa humanidad castiga, asimila a la autoridad civil y al mando militar que estaba en posición de hacer algo para impedir que esto siguiera produciéndose y no lo hizo, lo asimila como autor directo», subrayó el abogado.