La abogada de Krassnoff participó en la redacción de proyecto que abre la puerta a criminales de la dictadura

La abogada Carla Fernández Montero, quien es defensora de varios condenados por violaciones a los derechos humanos, como el exbrigadier del Ejército y exagente de la DINA Miguel Krassnoff, admitió que participó en la redacción del cuestionado proyecto de cumplimiento alternativo de penas, que permite a reclusos mayores y enfermos terminales cumplir sus condenas en arresto domiciliario.

La iniciativa, presentada por los senadores Francisco Chahuán, Luz Ebensperger, Luciano Cruz-Coke, Alejandro Kusanovic y Carlos Kuschel, busca establecer mecanismos que permitan suspender o sustituir el cumplimiento de penas de cárcel por fórmulas alternativas.

En los hechos, esta ley que fue aprobada en general en el Senado de forma estrechísima — 23 votos a favor y 22 —, beneficiaría directamente a reos de Punta Peuco condenados por delitos de lesa humanidad y violaciones a los DD.HH. De avanzar, se estima que más de 300 condenados por lesa humanidad, así como más de 300 criminales condenados por homicidio, femicidio, violaciones de niños, niñas y adolescentes y parricidio podrían conmutar sus penas.

En medio de la controversia y el rechazo por parte de parlamentarios, del Gobierno del Presidente Gabriel Boric, familiares de ejecutados políticos, organizaciones sociales y juristas, la abogada de Krassnoff y otros condenados por violaciones a los derechos humanos como el exjefe CNI Álvaro Corbalán y el exDINA Raúl Iturriaga, señaló que su vinculación con el proyecto impulsado por la derecha se produjo a partir de su experiencia profesional vinculada al sistema penitenciario.

En entrevista con El Mostrador relató que los parlamentarios acudieron a ella «porque conozco la realidad carcelaria ya que visito penales y defiendo reos rematados».

Señaló que en el momento en que le solicitaron su colaboración, que según ella presto ad honorem, era reconocidas por sus triunfos en la Corte Suprema y planteó que quizá el más relevante fue «el fallo ELEAM, de septiembre de 2024 (Rol 249.389-2023) que homologó los penales que albergan ancianos y enfermos a los ELEAM del medio libre».

«Toda esa experiencia fue lo que se quiso plasmar», subrayó.

Según reveló  Informe Especial de TVN, el borrador elaborado por la abogada llegó a manos del senador Chahuán a inicios de enero de 2025, justo a pocas semanas antes de que la iniciativa, que guardaba suma semejanza con el texto de la jurista, fuera ingresada oficialmente al Senado.

Ley de punto final encubierta

En términos legales, la propuesta de la derecha modifica el régimen de cumplimiento de penas y aabre la posibilidad de que ciertas condenas puedan cumplirse bajo modalidades alternativas, como el arresto domiciliario. . Sin embargo, la controversia se centra en el hecho de que entre las personas que eventualmente podrían verse beneficiadas por este tipo de mecanismos hay condenados por violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura.

Expertos en materia jurídica, como el exfiscal Carlos Gajardo  advirtieron a los legisladores que “están votando una “ley de punto final encubierta”. El abogado sostuvo que la iniciativa permite que personas condenadas por distintos delitos cumplan sus penas en sus domicilios bajo determinados criterios de salud.

Según explicó, el problema no radica únicamente en la edad de los condenados, sino en que el texto aprobado en general permitiría solicitar el beneficio por la existencia de enfermedades crónicas que no puedan ser tratadas adecuadamente en prisión. Bajo esa lógica, el alcance de la norma podría extenderse mucho más allá de los casos asociados a violaciones a los derechos humanos, abriendo la puerta a que personas condenadas por delitos graves —incluidos homicidios o abusos sexuales— soliciten cumplir sus penas fuera de la cárcel.

Este es el caso justamente de Miguel Krassnoff Martchenko , ex agente de la Dirección de Inteligencia Nacional quien acumula más de 80 condenas por secuestro calificado, homicidio y otros delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar en centros clandestinos de detención durante la dictadura, como Londres 38, Cuatro Álamos y Villa Grimaldi. La suma de sus penas asciende a cerca de mil años de prisión.

El criminal conocido como “El ruso”, a quien defiende la abogada que participó en la redacción del proyecto presentado por los senadores de derecha, nunca ha reconocido su participación en los crímenes cometidos bajo el mando de la DINA.

Abogada de Krassnoff: Se busca entregar una salida a un ‘problema carcelario’

Ante los señalamientos y advertencias que han surgido en medio del debate político y en la opinión pública, la abogada Carla Fernández Montero cuestionó que se haya dejado de lado el enfoque humanitario del proyecto.

“Lamentablemente, el proyecto en cuestión hasta ahora ha sido abordado desde una óptica puramente político-partidaria, sin tener en consideración su ‘alma’ por así decirlo, que no es otra cosa que conjugar factores humanitarios con criterios de eficiencia político-criminal”, declaró a El Mostrador.

En defensa de la normativa planteó que apunta a paliar un problema estructural del sistema penitenciario.

“Se trata de entregar una salida a un ‘problema carcelario’ como es el hacinamiento y la incapacidad del Estado (voluntad y falta de recursos económicos) para mantener en condiciones dignas a reos enfermos y ancianos”, argumentó.

A su juicio, el sistema carcelario no garantiza la atrención adecuada de los internos en condiciones de vulnerabilidad.

“Es un hecho notorio y público que el sistema carcelario no ha sido capaz de salvaguardar la dignidad de los presos vulnerables más que solo a través de fórmulas vacías contenidas en el reglamento penitenciario, que aseguran la salud y bienestar al interior del penal pero sin base fáctica para cumplirlo”, afirmó, extendiendo un llamado a atender la situación que según atraviesan los reos, entre los que figuran los criminales de lesa humanidad.

Para la jurista la intención es que dentro del debate legislativo se pueda perfeccionar la polémica propuesta. “

De ahí surge la idea de escribir este proyecto esperando que en su discusión se afinen sus contornos y salga algo mejor de lo que hay. Si con ello logramos mejorar la situación de los presos destinatarios de esta moción creo que la labor estaría cumplida y por mi parte, sentiría que se ha hecho algo de justicia en materia de ejecución penal, devolviéndole la dignidad a personas que sufren”, enfatizó.