La «doctrina Rabat» también llegó al narco: revelan 115 rebajas de penas a extranjeros condenados por delitos de drogas

Un análisis a 150 decretos emitidos por el Ministerio de Justicia encabezado por Fernando Rabat dejó al descubierto que 115 ciudadanos extranjeros sentenciados por narcotráfico en Chile fueron beneficiados con rebajas de penas.

En estas decisiones adoptadas bajo la administración de José Antonio Kast, se aplicó la denominada «doctrina Rabat», un criterio administrativo basado en un fallo de 2018 de la Corte de Santiago y dos de la Corte Suprema, que establecen que la cartera gubernamental «no está habilitada para denegar el beneficio de reducción de condena fundado en la gravedad del delito y el bien jurídico protegido», replicando la misma línea argumentativa utilizada para otorgar laspolémicas reducciones que beneficiaron a 56 condenados por abusos sexuales contra niños niñas y adolescentes y a extorsionadores vinculados al Tren de Aragua.

De acuerdo con un reportaje de Interferencia, entre las resoluciones administrativas destaca la tramitada en favor del ciudadano colombiano Fredy Orlas Heredia, un individuo proveniente de Medellín que residió de forma irregular en Chile durante más de siete años sin poseer documentación oficial.

Su detención se produjo el 28 de septiembre de 2021 en la garita La Negra de Antofagasta, cuando efectivos del OS7 de Carabineros fiscalizaron un camión que trasladaba un vehículo en su plataforma y detectaron un fuerte olor a sustancia ilícita. Al interior del automóvil inspeccionado se hallaban 51 paquetes que contenían 52 kilos de pasta base de cocaína, distribuidos en dos bolsos. Durante el juicio oral, Orlas confesó haber recibido un pago de un millón de pesos a cambio de custodiar el cargamento dentro de la máquina, en el marco de una operación financiada por un sujeto apodado «Mopri» y coordinada por un acompañante que logró darse a la fuga durante la fiscalización policial.

Pese a que el Ministerio Público solicitó una pena de ocho años de presidio, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Antofagasta le impuso la condena mínima de cinco años y un día el 14 de noviembre de 2022, desestimando la expulsión del territorio nacional como pena sustitutiva sugerida por la defensa. Los informes técnicos posteriores mantuvieron un diagnóstico desfavorable respecto de su perfil delictivo: en abril de 2024, un peritaje de Gendarmería le asignó un alto nivel de riesgo de reincidencia, argumentando la existencia de una carrera criminal prolongada e impune.

Asimismo, en un pronunciamiento unánime, la Comisión de Libertad Condicional de la Corte de Apelaciones de Antofagasta le rehusó el beneficio de salida al constatar un estilo de vida parasitario, un afianzamiento con pares infractores de ley y la ausencia de avances en su reinserción social.

Sin embargo, obviando estos reportes institucionales, el 1 de junio, el entonces subsecretario de Justicia, Luis Silva, actuando en calidad de ministro subrogante, suscribió el decreto exento que le otorgó una rebaja de seis meses de condena.

Cargamento de más de más de $1.000 millones

Otro de los expedientes analizados por Interferencia corresponde al del ciudadano boliviano Jhoel Ramos Antesana, aprehendido por Carabineros el 14 de julio de 2021 en la ruta A-97B, sector Alto Lirima de la comuna de Pica. Ramos circulaba a bordo de una camioneta que cumplía funciones de «punta de lanza» o avanzada de seguridad para escoltar una flota de tres vehículos coordinados mediante sistemas de radio.

El operativo policial interceptó un cargamento de sustancias ilícitas avaluada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Iquique en más de 1.000 millones de pesos, compuesta por 867 kilos de marihuana, 198,7 kilos de clorhidrato de cocaína y 25,3 kilos de pasta base, la cual había sido internada desde la localidad fronteriza de Cariquima en articulación con proveedores extranjeros.

A pesar de que el tribunal de Iquique expuso la alta sofisticación y planificación logística del grupo criminal y de que la Delegación Presidencial de Tarapacá despachó un informe desfavorable contra su eventual expulsión, Ramos recibió una sentencia de cinco años y un día.

Pese a la gravedad de los hechos, el 12 de mayo, la cartera de Justicia promulgó la reducción de su condena en tres meses, lo que posibilitó que el recluso recuperara la libertad apenas dos días después de la firma del decreto.

13 casos en el norte de Chile

Este patrón de rebajas y beneficios se repite en al menos 13 expedientes de narcotraficantes interceptados en el norte del país, la mayoría de los cuales operaba en las inmediaciones del paso fronterizo de Colchane, Estos casos corresponden a ocho ciudadanos bolivianos, tres venezolanos, un colombiano y una argentina, con acreditación judicial de ingreso clandestino por pasos no habilitados en cinco de las sentencias.

Según consignó Interferencia, resalta la detención ejecutada el 7 de noviembre de 2022 en la Quebrada Chica, contigua a la ruta CH-27 en dirección al Paso Jama, donde agentes del OS7 de Carabineros. sorprendieron a una columna de individuos a pie transportando 291,5 kilos de marihuana. Uno de los imputados, el boliviano Wilber Tenajas Orellana, fue condenado por el Tribunal Oral de Calama a cuatro años y cinco meses de prisión, mientras que en agosto de 2024 le fue rechazada solicitud de la pena mixta.

No obstante, el 7 de septiembre de este año, Luis Silva como autoridad subrogante del ministerio, decretó un perdonazo de siete meses, adelantando la extinción definitiva de su pena desde abril de 2027 hasta el 8 de septiembre de 2026.

Ketamina, pistolas y granadas

Otro de los casos reportados por el medio de investigación es el del venezolano José Luis Liscano Bermúdez, apresado el 6 de octubre de 2021 junto a Víctor Mora Araya tras cruzar por Colchane provistos de 32,7 kilos de ketamina, dos pistolas y una granada de uso militar.

Aunque ambos eludieron los cargos por infracción a la Ley de Armas debido a deficiencias formales en la acusación fiscal y la falta de peritajes al artefacto explosivo, Liscano fue sentenciado a cinco años y un día por tráfico ilícito de estupefacientes, resultando rechazada su solicitud de pena mixta en los años 2024 y 2025.

Ignorando dichos reveses procesales, el ministro Fernando Rabat firmó el decreto de rebaja de pena para ambos imputados el 10 de abril, permitiendo que ambos condenados se encuentren hoy en completa libertad.

Una dinámica similar benefició al venezolano Edixon Escobar García, que fue sorprendido por el OS7 de Arica el 2 de agosto de 2020 en el sector Pampa Gallinazo, entre los hitos fronterizos 17 y 21, al momento de ingresar clandestinamente con 25,5 kilos de cannabis y dos kilos de clorhidrato de cocaína.

A pesar de que la Comisión de Libertad Condicional le rehusó el beneficio el 25 de abril de 2025, el ministro Rabat aprobó la reducción de su condena el 23 de abril de 2026, haciendo posible que el recluso abandonara el penal al día siguiente de la emisión del decreto.

Las resoluciones de la cartera de Justicia alcanzaron redes de tráfico vehicular y trasbordo manual en la alta cordillera. En la comuna de Colchane, las ciudadanas bolivianas Estefanía Cante Gonzales y Estela Cocha Tito fueron aprehendidas el 8 de febrero de 2022 tras ser avistadas por contingente militar en un paso no habilitado con 25 kilos de marihuana.

Ambas resultaron favorecidas por la administración de Kast. En el caso de Cocha Tito, el decreto suscrito por el entonces subsecretario Luis Silva el 13 de julio adelantó en once meses la conclusión de su sentencia. De la misma manera, la venezolana Daniela Velásquez Jiménez, capturada en abril de 2022 durante patrullajes mixtos de Carabineros y el Ejército, obtuvo un descuento de once meses en su condena-

La nómina de beneficiados en el sector de Colchane abarca además cargamentos de volúmenes significativos interceptados a los ciudadanos bolivianos Cristhian Oblitas Uscamayta, sorprendido portando 103,4 kilos de marihuana en equipaje, y Javier Pérez Mamani, quien ingresó con 59,9 kilos de cannabis y un kilo de cocaína.

La lista de decretos de rebajas se completa con las resoluciones dictadas en favor de Vladimir Medina Mamani, detenido en Pampa Toldo con 5,1 kilos de cocaína en su mochila y con la libertad condicional denegada en abril de 2025, junto con David Cano Arias, fiscalizado por la Policía de Investigaciones (PDI) con 4,3 kilos de cocaína en Colchane, «mientras se coordinaban diligencias administrativas de reconducción«, consignó Intereferencia.

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