«La edad no basta»: Gobierno rechaza proyecto que beneficia a genocidas de Pinochet en Punta Peuco

Bajo el argumento de que ” la edad no basta”, el Gobierno fijó su postura frente al polémico proyecto de ley que busca modificar el régimen de cumplimiento de penas para adultos mayores, enfermos terminales y personas con discapacidad grave, que en la práctica podría beneficiar a condenados por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura de Augusto Pinochet.

La iniciativa (Boletín N° 17.370-17), patrocinada por los senadores Francisco Chahuán (RN), Luciano Cruz-Coke (Evópoli), Alejandro Kusanovic (independiente pro-RN), Carlos Kuschel (RN) y Luz Ebensperger (UDI), busca conceder el arresto domiciliario a condenados que cumplan con criterios de edad avanzada o un estado de salud deteriorado y es defendida por sus autores como un avance en derechos humanos, mientras que organizaciones de víctimas la califican como una burla a la justicia y una puerta hacia la impunidad.

En medio de la controversia, la Comisión de Derechos Humanos del Senado aprobó con votos de la derecha el pasado martes el proyecto, cuestionado por no distinguir la gravedad de los delitos y beneficiar a criminales de lesa humanidad actualmente recluidos en penales como Punta Peuco.

Sin embargo, la subsecretaria de Derechos Humanos, Daniela Quintanilla, dejó en claro que la edad por sí sola “no puede ser el único criterio” para evaluar la salida de un interno.

«Cabe señalar que este tipo de medidas deben abordarse caso a caso, ya que los distintos tipos de crímenes tienen distintos tipos de contextos y de estándares que hay que tener a la vista y que por tanto el solo cumplimiento de una determinada edad no puede significar la liberación de una persona, o sea nadie pensaría que una persona condenada por un crimen organizado, por un sicariato, por pertenecer a una banda de crimen organizado internacional, por ejemplo, por el hecho de cumplir una determinada edad, sea procedente que se libere automáticamente y pueda cumplir la condena en su hogar», planteó la autoridad en conversación con la Primera Edición de Radioanálisis, de Radio U. de Chile.

«Valoramos el esfuerzo de la legislatura de poder avanzar en mejorar las condiciones de privación de libertad, en mejorar el contexto carcelario, pero esto tiene que hacerse con estricto apego a los estándares de derechos humanos y no solamente a los que resulten más convenientes para una agenda ideológica sectorial, sino en cumplimiento de todos los estándares internacionales. Y en eso hay varios instrumentos que hay que tener a la vista y los hemos señalado», planteó.

Sobre el avance del proyecto en el Congreso, Quintanilla aclaró que se encuentra actualmente en una fase de aprobación en general.

«Se está probando la idea de legislar y por tanto, volviendo al mensaje central de nuestra posición, evidentemente nosotros estamos de acuerdo con generar legislaciones que adecúen la normativa interna a los estándares de internacionales. Las personas de la tercera edad o las personas con discapacidad evidentemente requieren de ajustes razonables a su contexto físico en el que se desenvuelven, tanto en su casa como en un contexto de un recinto penitenciario. La diferencia de estar en la casa y estar en un recinto penitenciario es que cuando uno está en un recinto penitenciario, está bajo la custodia del Estado y es, por tanto, el Estado el responsable de garantizar que el contexto, el entorno en el cual la persona se encuentra, la infraestructura del centro penitenciario tenga los ajustes razonables a una persona de tercera o cuarta edad, o una persona con discapacidad, en términos de movilidad, de acceso a la salud, a poder tener los ajustes y los apoyos necesarios en su entorno para que puedan tener horas de desencierro en un contexto adecuado y eso lamentablemente nosotros somos conscientes de que no se verifican todos los recintos penales de nuestro país», explicó.

«Lo mismo pasa por ejemplo con mujeres que se encuentran embarazadas o con sus hijos e hijas menores de dos años que cumplen penas privativas de libertad, y en eso nosotros como Estado tenemos hartas brechas y tenemos que avanzar en esas direcciones, por eso que nosotros como Gobierno hemos desarrollado un plan maestro de infraestructura para mejorar la infraestructura y las condiciones de habitabilidad de los distintos recintos penitenciarios a lo largo de nuestro país», destacó.

Sin embargo, en la entrevista a subsecretaria de Derechos Humanos enfatizó que los criterios de edad avanzada no deben ser los únicos a considerar para que la iniciativa impulsada por los parlamentarias de derecha avance en su tramitación.

«Respecto de este proyecto de ley en particular, su avance en los términos en que está contenido hoy día que es puramente el criterio de edad, nos parece que no se adecúa a los estándares y que no puede avanzar en esa línea e insisto, no solamente por la situación de criminales de lesa humanidad sino que por otro tipo de delitos que también son relevantes de atender, especialmente los delitos sexuales y por cierto los de criminalidad organizada, que son de alta peligrosidad y por tanto un criminal de alta peligrosidad por mucho que tenga 65, 70, 75 años tiene que estar en un contexto de privación de libertad que garantice la seguridad para la sociedad y por cierto para las víctimas», planteó la autoridad.

«Entonces confiamos en que en el avance de esta tramitación legislativa vamos a poder encontrar equilibrios entre los distintos estándares y mandatos, y por cierto, el principal objetivo de la privación de libertad y del contexto de los recintos penitenciarios, que no es solamente garantizar la seguridad, sino que también la reinserción social de las personas», subrayó.

Avance del Plan Nacional de Búsqueda

En la entrevista, la subsecretaria fue consultada por el avance y continuidad del Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia, institucionalizado en 2023, en medio del panorama electoral y la llegada de un nuevo gobierno.

«Por supuesto que entendemos la preocupación, yo creo que además de la incertidumbre que generan los cambios de administración y hay un factor que es bien determinante en esta política pública en particular, que es la impunidad biológica, la impunidad biológica de los perpetradores, pero también de los familiares que siguen en esta búsqueda y por tanto sabemos que tenemos que actuar con el mayor sentido de urgencia, porque esto no solamente tiene que tener una perspectiva de largo plazo y de permanencia en un sentido democratizador de las instituciones, sino también, porque esto responde a una deuda histórica con las 1.469 familias de los detenidos y detenidas desaparecidas que se encuentran hoy día calificados y que componen nuestra nómina única oficial de víctimas de desaparición forzada», indicó.

«Pero yo diría que el Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia está muy institucionalizado, de hecho su órgano ejecutor es el programa de Derechos Humanos que es el continuador de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación que tiene un mandato de esclarecimiento de las circunstancias de desaparición y muerte de las víctimas», destacó.

La autoridad enfatizó que el proceso de búsqueda de las víctimas es hoy una política de Estado y recordó algunos avances de esta iniciativa.

«Desde que se crea el Plan Nacional de Búsqueda en el año 2023 tuvimos 6 diligencias investigativas en terreno, en el año 2024 tuvimos 44 diligencias y en lo que va desde el 2025 a la fecha ya llevamos más de 50 y por lo tanto hemos ido aumentando muchísimo el despliegue del uso de nuevas tecnologías en los sitios de interés que han sido además coordinados y que se están trabajando coordinadamente con los ministros y ministras en visita que investigan estas causas. En ese sentido yo creo que también es importante que tengamos conciencia de que esta es una medida o una obligación que no solamente cae sobre el Poder Ejecutivo sino que sobre todos los poderes del Estado y en ese sentido el Poder Judicial ha demostrado un compromiso realmente muy muy valioso en términos de la búsqueda abriendo por ejemplo cuadernos investigativos de búsqueda en causas, que ya tienen por ejemplo cerrada su responsabilidad penal hasta ahora los procesos penales, los procesos judiciales han ido orientados más bien a la búsqueda de la responsabilidad penal de los de quienes resulten responsables por los crímenes», expuso en la entrevista con Radioanálisis.

Quintanilla señaló que el proceso ha ido avanzando no solamente en lo que respecta a la determinación de la responsabilidad, penal sino también el esclarecimiento de las circunstancias de desaparición y muerte, «no solamente en la posibilidad de hallazgos de osamentas materiales que son muy difíciles hoy día, no solamente por el paso del tiempo, sino también porque hubo una organización del aparato estatal que justamente lo que buscó fue hacer desaparecer, no solamente ejecutar, sino que hacer desaparecer el cuerpo, pero que también tiene otra dimensión que es la reconstrucción de las trayectorias. Es decir saber y esclarecer qué pasó con cada una de nuestras víctimas de desaparición forzada desde el momento en que son detenidos o detenidas por los organismos represores saber todos los lugares por dónde pasaron hasta su destino final», apuntó.