La formalización de dos altos funcionarios de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) por su presunta responsabilidad en la tragedia que cobró 138 vidas en la Región de Valparaíso durante el megaincendio de febrero de 2024 se ha visto fortalecida por un informe de la Policía de Investigaciones (PDI) que no solo desmonta los argumentos de los imputados sobre la demora en las evacuaciones, sino que sacó a la luz una orden directa del entonces jefe regional, Juan Atienza, para falsificar el registro oficial de las alertas tras el desastre.
La declaración de un exfuncionario es lapidaria: «la habíamos cagado», habría dicho Atienza al percatarse de la magnitud del error, ordenando que se anotaran en la bitácora sectores que ya habían sido arrasados por las llamas.
La acusación del Ministerio Público, contra el entonces jefe regional y el comandante de Incidente, Luis Correa, por el delito de cuasidelito de homicidio, reside en la manipulación de la información crítica para la evacuación se centra en que según el informe policial al que tuvo acceso CIPER, la bitácora de Conaf registra una solicitud de alertas para sectores como Jardín Botánico, Villa Dulce y El Olivar a las 18:39 horas del 2 de febrero de 2024.
Sin embargo, según reportó el medio de investigación, este registro es inconsistente con el resto del libro, ya que el propio Sistema de Alerta de Emergencia (SAE), dependiente de Senapred, había emitido las alarmas para esos mismos lugares dos minutos antes, a las 18:37, y por iniciativa propia, no a petición de Conaf.
«Es evidente que no se pudo haber solicitado algo que ya estaba en curso dos minutos antes», sentenció el reporte de la PDI.
Jefe de Conaf: «La habíamos cagado«
La declaración de Juan Ilarrázabal, quien trabajaba en la central de coordinación de Conaf, vincula directamente a Atienza con esta falsificación, al relatar que el jefe regional, con un «tono autoritario», le exigió agregar los sectores damnificados al registro de las 18:39, justificando su orden con la frase que él recuerda textualmente: «la habíamos cagado y que lo iban a cuestionar a él».
La PDI concluyó que esta modificación del libro de registros fue ordenada por la máxima autoridad del departamento. Además, en su informe indicó que párrafo añadido difiere en su redacción del resto del documento, utilizando abreviaturas como «J.B.» o «Villa D» en lugar de los nombres completos, un detalle que refuerza la tesis de la alteración de la evidencia.
Viento, comunicaciones y un sobrevuelo ignorado
Los imputados, Atienza y Correa, han sostenido que la activación tardía de las evacuaciones se debió a un cambio repentino en la dirección del viento que no habría anticipado el avance del fuego hacia las zonas urbanas
. Sin embargo, los peritajes de la PDI desmienten esta versión, tras determinar que desde el inicio del incendio, los parámetros meteorológicos, especialmente la dirección y velocidad del viento, «siempre fueron de dirección Sur a Norte y elevada velocidad», es decir, apuntando directamente a los centros poblados de Viña del Mar y Quilpué.
La supuesta falta de información suficiente y canales de comunicación operativos es otro de los argumentos que la investigación policial derrumba. Según el informe. a las 17:39, la torre de vigilancia Charlie-Torre informó sobre un nuevo y peligroso foco en el Fundo Siete Hermanas, a pocos kilómetros de Viña del Mar. Mientras Atienza sobrevolaba la zona en helicóptero, testigos y registros indican que esta información crucial sí fue recibida en el puesto de mando donde se encontraba Correa, quien además tuvo una reunión con Atienza minutos después de aterrizar, a las 18:25, sin que se activaran las alertas. Un mensaje de texto enviado desde el helicóptero a las 17:40 por Erik Ortega, coordinador de la Central de Coordinación Regional (Cencor) de Conaf ya advertía que el fuego estaba a un kilómetro de la población Pompeya Sur, en Quilpué.
Presiones, y acoso para exculpar a Atienza
La investigación también revela una denuncia de acoso laboral por parte de la ingeniera Marcela Vega, exencargada de la Unidad de Análisis y Predicción de Incendios Forestales en Valparaíso, quien declaró ante la PDI que fue forzada a renunciar tras sufir un “implacable acoso laboral” y negarse a manipular una simulación del megaincendio, con el objetivo explícito de brindar pruebas que pudieran «salvar» a Juan Atienza en la investigación.
Según su testimonio, un superior le habría dicho que la institución no apoyaría a Atienza, por lo que debían proporcionarle «todo lo que le pueda servir para que se pueda salvar»-
¿Qué dicen las defensas y la Fiscalía?
Pese a los hallazgos, las defensas de ambos imputados han optado por el silencio hasta la formalización, señaló CIPER. La Defensoría Penal Pública, que representa a Atienza, y el abogado de Correa, Sebastián Canales de Rurange, argumentaron la reserva de la investigación para no referirse al tema.
Por su parte, el fiscal Claudio Rebeco, de la Unidad Regional Anticorrupción, señaló que, pese a contar con información suficiente sobre el avance del fuego, «no activaron de manera oportuna el sistema de alerta de evacuación».
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