La justicia tardó 53 años y el exgeneral Sinclair murió sin condena: querellante por masacre de Chihuío advierte sobre «impunidad biológica»

El abogado querellante, Francisco Ugás Tapia, planteó la necesidad de promover un "pronto juzgamiento de los casos penales actualmente vigentes, para que los criminales puedan ser sancionados en vida y cumplir las penas impuestas, y que la impunidad, en cualquiera de sus formas, no les ampare y favorezca"

La justicia tardó 53 años y el exgeneral Sinclair murió sin condena: querellante por masacre de Chihuío advierte sobre «impunidad biológica»

Luego de 53 años, la justicia, a través de la ministra en visita extraordinaria para causas de derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Paola Plaza, dictó sentencia definitiva de primera instancia en una de las aristas de la llamada «masacre de Chihuío» y condenó a Marco Antonio Rubén Rodríguez, teniente coronel en retiro del Ejército, como autor de los homicidios calificados y consumados de 17 campesinos y trabajadores, entre ellos un menor de edad, del Complejo Forestal y Maderero Panguipulli. Sin embargo, el abogado querellante, Francisco Ugás Tapia, advirtió que la «impunidad biológica», hizo posible que el encargado del Regimiento, Santiago Sinclair Oyaneder, falleciera sin responder por su participación en estos crímenes perpetrados el 9 de octubre de 1973 en el sector Termas de Chihuío, comuna de Futrono, en la Región de Los Ríos.

En la sentencia, la magistrada condenó al exuniformado a la pena de presidio perpetuo por su responsabilidad como autor de los homicidios calificados de Carlos Maximiliano Acuña Inostroza, José Orlando Barriga Soto, José Rosamel Cortés Díaz, Neftalí Rubén Durán Zúñiga, Luis Arnaldo Ferrada Sandoval, Eliecer Sigisfredo Freire Caamaño, Narciso Segundo García Cancino, Juan Walter González Delgado, Daniel Méndez Méndez, Sebastián Mora Osses, Pedro Segundo Pedreros Ferreira, Rosendo Rebolledo Méndez, Ricardo Segundo Ruiz Rodríguez, Carlos Vicente Salinas Flores, Rubén Vargas Quezada, y del menor de 17 años, Fernando Adrián Mora Gutiérrez.

Según los antecedentes, las víctimas fueron detenidas, torturadas y ejecutadas por múltiples impactos de balas. Sus restos fueron removidos por los militares y enterrados en fosas clandestinas con la intención de que se perdieran sus rastros. Años más tarde los cuerpos fueron exhumados y, algunos de ellos, identificados mediante fragmentos óseos humanos consistentes en piezas craneales, de extremidades, columna vertebral, costillas y un total de catorce rótulas, además de diversos objetos personales asociados a los campesinos.

En su sentencia, la ministra Plaza ordenó el ingreso inmediato de Rodríguez a prisión preventiva debido a la cuantía de la pena y la gravedad de los hechos. 

Sobreseimiento de Santiago Sinclair

Sin embargo, en su resolución, la magistrada sobreseyó a Santiago Sinclair Oyaneder, exgeneral del Ejército, quien venía procesado en este caso y falleció durante la tramitación de la causa el 28 de diciembre de 2025 a los 97 años.

Su trayectoria quedó asociada a la represión desatada tras el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 y a una cadena de ascensos bajo el amparo del dictador Augusto Pinochet, que lo llevó desde mandos regionales hasta convertirse en exvicecomandante en jefe del Ejército, miembro de la Junta Militar y senador designado.

El historial judicial de Sinclair incluye además de la masacre de Chihuío, su condena en el caso Caravana de la Muerte (Episodio Valdivia), así como participación en el operativo del Ejército y Carabineros secuestró y dio muerte a 15 campesinos en Liquiñe el 10 de octubre de 1973.

En 2008, el ministro Mario Carroza procesó a oficiales por el secuestro y desaparición de cinco militantes del FPMR, hechos ocurridos en 1987 por agentes de la CNI y en colaboración del Ejército. Las víctimas fueron lanzadas desde un helicóptero institucional al mar, luego de una reunión de coordinación en la que el entonces vicecomandante en jefe del Ejército estuvo presente.

En 2020, el ministro Álvaro Mesa procesó a Sinclair por su responsabilidad en el delito de apremios ilegítimos a nueve prisioneros políticos, en un caso donde se acusaba a las víctimas de un montaje denominado “Plan Z”. La investigación describió traslados desde la Cárcel Pública de Valdivia al regimiento Cazadores, interrogatorios, y la existencia de una sala donde se aplicaban tormentos, incluyendo electricidad y golpes.

En 2023 su “enajenación mental” lo eximió de cumplir condenas en un recinto penitenciario.

Impunidad biológica

El querellante Francisco Ugás Tapia, del Estudio Jurídico Caucoto Abogados, señaló que luego de 53 años la justicia dicta sentencia de primera instancia en este episodio Chihuío, «que da cuenta de hechos que configuraron una masacre en perjuicio de 17 víctimas que fueron ejecutadas, cometida por personal del Ejército de Chile»,

Indicó que en estos hechos tuvo una intervención criminal relevante Rodríguez Olivares, a quien se le impuso el presidio perpetuo simple como sanción privativa de libertad, así como también otras penas accesorias, «por ser autor de esos crímenes de homicidio calificado”. 

A su juicio, esta sentencia deja en evidencia que el transcurso del tiempo y la edad de los agentes «no constituye un impedimento para el juzgamiento y sanción de quienes cometieron crímenes de lesa humanidad durante la dictadura».

«Ello, en consonancia con aquello a lo que nos obliga el derecho internacional, que es también derecho interno: nuestro Estado debe investigar, juzgar y sancionar, con penas proporcionales a la gravedad de los hechos y de manera efectiva, a estos macrocriminales”.  

Sin embargo, el abogado planteó que  “sin perjuicio de lo anterior, no podemos obviar que el encargado del Regimiento, Santiago Sinclair Oyaneder, terminó impune, al operar en su favor la impunidad biológica».

«Situaciones como estas nos fuerzan a pedir un pronto juzgamiento de los casos penales actualmente vigentes, para que los criminales puedan ser sancionados en vida y cumplir las penas impuestas, y que la impunidad, en cualquiera de sus formas, no les ampare y favorezca», afirmó el querellante, citado en una nota de prensa.

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