En pleno apogeo de la pandemia por Covid-19, cuando Chile enfrentaba una de sus peores crisis sanitarias y económicas, el gobierno del entonces presidente Sebastián Piñera destinó fondos extraordinarios a las municipalidades para mitigar los efectos de la emergencia. Sin embargo, en la Municipalidad de Maipú, bajo la administración de la exalcaldesa Cathy Barriga (Independiente-UDI), al menos $974 millones de estos recursos fueron utilizados para pagar deudas preexistentes con la empresa de recolección de basura Veolia SU Chile S.A., en lugar de destinarse a la compra de insumos médicos, equipos de protección o ayudas sociales.
Este desvío, confirmado informes de la Contraloría General de la República (CGR) y de la Subsecretaría del Interior, forma parte de una investigación más amplia en la que Barriga ha sido formalizada por delitos como fraude al fisco, falsificación de instrumento público y malversación de caudales públicos.
Los fondos Covid y el pago a Veolia
Entre 2020 y 2021, la Municipalidad de Maipú recibió $6.343 millones a través de tres transferencias del Fondo Solidario Aporte Extraordinario para la Emergencia Sanitaria COVID-19. Sin embargo, un informe de la Contraloría ealizado a petición de la Fiscalía Oriente, determinó que $974 millones del segundo desembolso (de $2.708 millones) se utilizaron para saldar facturas atrasadas con Veolia, correspondientes a los meses de mayo, junio, julio y agosto de 2020.
El pago se produjo luego de que la empresa recolectora de basura presentara una demanda en contra de la Municipalidad de Maipú en octubre de 2020, ante el 12° Juzgado Civil de Santiago, para exigir que se cancelaran13 facturas pendientes, emitidas entre noviembre de 2019 y agosto de 2020 que sumaban $2.360 millones.
La resolución N°242 del Ministerio del Interior (21 de julio de 2020) establecía claramente que estos recursos debían usarse exclusivamente para gastos derivados de la pandemia. No obstante, el informe de la CGR determinó que el desembolso de $974 millones para pagar a Veolia no se ajusta a la normativa.
«Ese municipio pagó los servicios correspondientes a algunos meses de ambos contratos [con Veolia] respecto de los meses de mayo, junio, julio y agosto de la anualidad en comento por la suma de $974.771.320, con cargo a la cuenta denominada Fondo Solidario Aporte Extraordinario Emergencia Sanitaria COVID, cuyos desembolsos no se ajustan a lo indicado en el artículo 3° de la resolución N°242 (…), que señala que la finalidad de los recursos transferidos es realizar un aporte que permita solventar los gastos extraordinarios que realicen los municipios durante el plazo en que se extienda la declaración de zonas afectadas por catástrofe», indicó el organismo.
Municipalidad de Maipú deberá restituir $1.887 millones
Durante la gestión de Piñera, la Subsecretaría del Interior rechazó la rendición de cuentas de estos fondos el 21 de julio de 2021 y ordenó su reintegro. Según confirmó a CIPER, el monto total a devolver por Maipú asciende a $1.887 millones.
Desde la municipalidad, le explicaron al medio citado que «aparte de los $974 millones pagados a la empresa de basura, hay otros $660 millones que corresponden a saldos no ejecutados por la administración de Barriga, es decir, que nunca se gastaron. Según agregan, estos fondos no ejecutados, actualmente existen en el presupuesto municipal, a la espera de ser restituido».
De acuerdo con la Subsecretaría del Interior, existe un saldo de $253 millones provenientes del fondo Covid que también deberán ser reintegradon.
Cabe destacar que en julio de 2021, un artículo de La Voz de Maipú ya había informado —a partir de denuncias del concejal Bladymir Muñoz (FA)— que buena parte de estos fondo de $6.343 millones, que tenían como objetivo enfrentar la emergencia sanitaria, fueron utilizados para pagar servicios no relacionados, como la recolección de residuos a la empresa Veolia, el arriendo de toldos para elecciones y una deuda con Microsoft. También se alertó sobre la existencia de más de 19 mil test rápidos vencidos desde octubre de 2020.
El caso Enel: fondos Covid para pagar la luz
Pero el desvío de recursos no se limitó a Veolia. Según un informe de la PDI revisado por CIPER, la administración de la exalcaldesa de Maipú también utilizó $1.113 millones del fondo Covid para pagar deudas con la empresa eléctrica Enel, en diciembre de 2020.
Lo grave del asunto es que esto ocurrió mientras funcionarios municipales exigían con urgencia la compra de mascarillas, guantes y alcohol gel, ante el desabastecimiento en plena segunda ola de contagios.
El informe policial analizó miles de correos electrónicos de empleados municipales. Entre ellos, destacan:
20 de noviembre de 2020: El abogado Cristián Pantoja (Unidad de Licitaciones) alertó al administrador municipal, Bastián Baez, sobre la necesidad de licitar $406 millones en insumos médicos. Baez respondió: «Favor proceder con lo ya planificado».
24 de noviembre: Cristián Ponce (Finanzas) envió una tabla detallando los requerimientos: 999 mil mascarillas desechables, 13 mil protectores faciales, 666 mil guantes y 6 mil litros de alcohol gel.
Sin embargo, los Certificados de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) nunca se emitieron.
7 de diciembre: Marlene Ojeda (Salud Ocupacional) advirtió: «No cuento con stock disponible en bodega de mascarillas (…). La reincorporación presencial hace urgente contar con estos insumos».
16 de diciembre: Franco Naveas (Presupuesto) comunicó el desvío:
«Estimados, los fondos COVID-19 correspondiente a la segunda remesa fueron redistribuidos para el pago del convenio a ENEL, en la modificación que pasará mañana por concejo», indicó.
El 22 de diciembre, el concejo municipal aprobó el pago a Enel en una sesión extraordinaria. Mientras tanto, las compras de protección para funcionarios se redujeron a $62 millones (solo el 15% de lo solicitado).
La defensa de Barriga y las responsabilidades pendientes
Consultado por CIPER, el abogado de Cathy Barriga, Cristóbal Bonacic, sostuvo que estos antecedentes «no tienen relación con los hechos imputados en la formalización».
Por su parte, la Municipalidad de Maipú —bajo la administración de Tomás Vodanovic (FA)— admitió que los fondos desviados «deben ser restituidos» y confirmó que ya están presupuestados para ello.
“Cada uno de los montos [a reintegrar] han sido identificados y se encuentran disponibles a nivel presupuestario en medio de un proceso de regularización, para llevar a cabo su restitución”, señalaron al medio citado.
Sin embargo, la Contraloría señaló en marzo de 2025 que “al término de la auditoría, se desconoce si ese municipio ha efectuado la restitución de tales fondos”.
Mientras, funcionarios arriesgaban su salud sin mascarillas, y la pandemia seguía cobrando vidas. La justicia ahora deberá determinar si estos actos constituyen malversación o simple negligencia, pero los papeles hablan por sí solos: la pandemia, para la gestión de Barriga, podía esperar.
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