La red Lavín: Fiscalía apunta a financiamiento ilegal de campaña UDI con plataforma pagada por el Congreso

El caso que involucra al diputado Joaquín Lavín León (UDI) por presunto fraude al fisco, tráfico de influencias y falsificación de instrumento privado mercantil ha escalado tras nuevas revelaciones sobre el uso de fondos públicos para financiar una plataforma de marketing político empleada en campañas electorales de la UDI.

La Fiscalía Oriente sostiene que SocialTazk, una herramienta de mensajería masiva y gestión de bases de datos, fue desarrollada con recursos del Congreso y utilizada por candidatos del partido, en lo que podría configurar un esquema de financiamiento ilegal de campañas.

El origen de SocialTazk y su vínculo con la UDI

El 20 de agosto de 2020, a las 17:23 horas, el diputado Lavín recibió un correo de Jorge Manzano Gouet, entonces secretario general de la UDI y hoy consejero del Servel (hasta 2035), solicitándole un usuario y clave de una plataforma que había promocionado en su círculo más cercano, incluyendo a varios candidatos y parlamentarios vinculados a la UDI.

«Solicito usuario y clave plataforma UDI», escribió Manzano, quien fuera el responsable electoral del partido durante el caso Penta. Según la investigación, Manzano actuaba como «dueño de la billetera» en asuntos electorales de la UDI.

SocialTazk fue creada en 2018 por Felipe Vázquez Diéguez, ingeniero informático y asesor de Lavín León, a través de la empresa Modo 74 SpA. Aunque el diputado no figura como dueño, la Fiscalía lo señala como «impulsor y financista» del proyecto.

De acuerdo con los antecedentes que figuran en la solicitud de desafuero, ha concentrado directamente el 56% de las facturas emitidas por Modo 74 SpA ($106.002.110 de un total de $190.743.262). El 44% restante ($84.741.152), corresponde a trabajos realizados a militantes de la UDI a quienes el parlamentario contactó directamente, consignó El Mostrador.

La estrategia electoral: bases de datos y mensajería gratuita

La plataforma se promocionó entre candidatos a concejalías y diputaciones UDI como un servicio «sin costo».

De hecho, los correos electrónicos de Lavín León revelan que gestionó la creación de usuarios de la plataforma a más de 70 candidatos de la UDI, entre 2020 y 2021, y que altas autoridades del partido conocían su “emprendimiento”.

Incluso almacenó varias carpetas con nombres relacionados con el trabajo electoral con miembros de su partido –como “Concejales Piloto STz”–, en la cual se encontraban almacenados los datos de contacto de 28 candidatos a concejales UDI en diversos municipios del país, así como número de personas incorporadas en las bases de datos de cada uno de ellos.

De acuerdo con el Mostrador, para la Fiscalía Oriente, resulta evidente que la recopilación de antecedentes realizada por Lavín León y su equipo parlamentario formaba parte de una estrategia para desarrollar una base de datos a nivel nacional para la UDI, con “fines expresamente electorales, especialmente para ser utilizado en el conjunto de elecciones que habría durante los años 2020 y 2021”.

Un correo electrónico enviado a sí mismo por el diputado, el 8 de octubre de 2019, contiene una presentación que deja en evidencia el vínculo de SocialTazk con la UDI.

“Hemos estado trabajando con la directiva del partido, para armar listas a concejales competitivas y con tiempo suficiente para implementar esta estrategia”, expuso en el e-mail.

En ese momento la directiva del partido estaba liderada por Javier Macaya y fuentes cercanas al parlamentario declararon al medio citado que en efecto, el diputado Lavín vendió su plataforma a algunos candidatos y que este “prestó ayuda” a la UDI a través de ella.

“Los partidos cuentan con recursos que se rinden para campañas, pero si algunos fueron gratuitos, probablemente no se rindieron”, explicaron.

Los antecedentes recabados por la Fiscalía Oriente permiten deducir que el grupo de asesores de Lavín en el Parlamento, cuyos sueldos eran pagados por el Congreso Nacional, pasaban gran parte de su horario laboral subiendo datos de distintas comunas del país a la plataforma de marketing político y que era el propio diputado se había encargado de supervisar que estas tareas fueran cumplidas.

“Los funcionarios del Congreso destinaron gran parte de sus jornadas durante los años 2020 y 2021 a contactar telefónicamente a la totalidad de personas contenidas en las bases de datos electorales aportadas por los candidatos UDI, a capacitarlos en el uso de la plataforma, e informar diariamente sus avances al resto del equipo del parlamentario”, se lee en el escrito de desafuero que ingresó la fiscal regional Oriente, Lorena Parra, ante la Corte de Apelaciones de Santiago.

“Tal como se indicó anteriormente, el total de clientes de la empresa ‘Modo 74′ –que no corresponden al diputado Lavín– fueron captados por el propio imputado. Además, en forma adicional y subrepticia, y durante los años 2020 y 2021, el imputado Lavín León, ofreció la plataforma Socialtazk a más de 70 candidatos UDI a nivel nacional, a quienes les creó un usuario y contraseña de acceso, y procedió al envío masivo de mensajería de campaña de manera gratuita, únicamente a cambio de hacerse en forma ilícita de las Bases de Datos de todos los candidatos y funcionarios públicos a nivel nacional“, planteó el libelo.

El núcleo familiar: Panel Ciudadano y la UDD

La investigación revela que los hermanos de Lavín León, María Estela y Juan Pablo, dueños de Panel Ciudadano SpA (vinculada a encuestas de la Universidad del Desarrollo), compartían bases de datos y estrategias con SocialTazk.

“El imputado, no solo mantiene un interés personal y político en la empresa Modo74 y en su plataforma Socialtazk, sino que también, se ha podido detectar que el desarrollo de la aplicación fue desde un inicio concebido para la obtención de importantes beneficios económicos y societarios, para él y otros miembros de su familia”, indicó la fiscal Parra en el documento.

De acuerdo con El Mostrador, una serie de correos electrónicos dejaron en evidencia el estrecho vínculo entre el diputado Lavín y dos de sus hermanos, Juan Pablo y María Estela, quienes manejan la sociedad Panel Ciudadano SpA, a través de otra empresa donde ambos comparten propiedad, ChileTendencia, dedicada al desarrollo de encuestas y estudios de mercado, rubro en que coinciden los tres hermanos Lavín León.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía Oriente, los tres hermanos no solo comparten bases de datos de diferentes distritos electorales, sino además los planes y estrategias asociados a SocialTazk, información que aparece resumida en una diapositiva con el logo de Panel Ciudadano, la encuestadora asociada a la Universidad del Desarrollo (UDD).

«Dentro de la descripción compartida se especifican las metas de la plataforma a partir de la construcción de una herramienta desarrollada especialmente para el trabajo político territorial, construyendo una base de datos no solo para movilizar candidatos el 25 de octubre de 2020 –plebiscito por una nueva Constitución–, “sino que contar con este recurso principalmente para las primarias del 2021”. O sea, para la campaña política del padre del clan familiar, Joaquín Lavín Infante», indicó el medio digital.

El ente persecutor determinó que el piloto del proyecto promocionado por Panel Ciudadano contiene una aplicación móvil, a modo de maqueta, que deja en evidencia que el producto prometido no es otro que SocialTazk.

«La conclusión de la fiscal Encina es que la plataforma no solo era ofrecida por el diputado Lavín, sino que formaba parte de las sociedades Panel Ciudadano y ChileTendencia, de Juan Pablo y María Estela Lavín León, quienes también ofrecían los servicios de SocialTazk», señaló El Mostrador,

De acuerdo con el Ministerio Público, los servicios de Socialtazk fueron ofrecidos por el diputado, sin que “ninguno de dichos candidatos desembolsara dinero alguno por los servicios de la plataforma, ya que dicho proyecto fue financiado en su totalidad con fondos públicos del Congreso Nacional”.

“Los únicos pagos que se reflejan mes a mes, son aquellos provenientes de los pagos por rendiciones del Congreso Nacional, requeridos por el diputado Lavín”, planteó la solicitud de desafuero contra Lavín León.

Testigos contra Lavín

Uno de los testigos con los que cuenta el ente persecutor penal es Aliro Caimapo Oyarzo, militante de la UDI y excandidato a alcalde de Chiloé, quien relató que fue contactado por el equipo del diputado Joaquín Lavín León para ofrecer un servicio especial para su campaña.

“Soy militante de la UDI hace muchos años, y conozco al diputado Lavín por asuntos propios del partido, y conozco mayormente al papá de Joaquín Lavín hijo, que fue mi jefe durante dos años, y fui Seremi de la RM durante el primer periodo del presidente Piñera. Con el diputado Lavín he tenido solo dos oportunidades de estar con él de forma personal y las dos veces ha sido para conversarme para ofrecer los servicios de una plataforma que tenía para efectuar campañas políticas”, declaró ante la policía.

«Me explicó fundamentalmente en que esta plataforma se nutría de las bases de datos que entregaban los mismos candidatos, lo que para mí era un inconveniente, ya que debía proporcionar las bases de datos de la comuna en donde postularía como candidato», señaló.

Caimapo detalló que “esas bases de datos incluyen en general juntas de vecinos, centros de madres, clubes deportivos, de adultos mayores, es decir, todas las bases de datos que uno se puede conseguir (…) Él me ofreció este servicio de forma gratuita, y me dijo que la estaba poniendo a disposición de los candidatos de la UDI de forma gratuita. Por eso resultaba atractivo. Él planteaba la posibilidad de poder enviar mensajes de texto masivos a través de esa plataforma, lo cual para el candidato no tendría ningún costo si es que le proporcionaba la base de datos de su comuna”.

“Obviamente eso era algo muy atractivo, sin embargo, como señalé, para mí no era algo viable porque yo no tenía bases de datos de la comuna en donde estaba compitiendo, entonces no era mucho lo que yo podía ofrecerle a él a cambio de todo este servicio que me estaba presentando”, agregó.

Marcelo Salazar, exconcejal de Puerto Varas, declaró a la Fiscalía que el diputado Lavín y Arnaldo Domínguez –estrecho colaborador del parlamentario– ofrecieron la plataforma en un congreso de concejales realizado en la ciudad de Viña del Mar.

Destacó que la herramienta se llamaba SocialTazk y que consistçia en un sistema de mensajería masiva sin costo para los candidatos.

“Nosotros solo teníamos que preocuparnos de nutrirla con datos de gente que fuera afín con lo que nosotros estábamos realizando; es decir, entregar información de los clubes de fútbol, de distintas asociaciones comunales, centros de madres, o cualquier fuente de información que tuviéramos de nuestras respectivas comunas”, explicó Salazar sobre la estrategia de captación de clientes planteada por el parlamentario, la cual está reñida con el contenido de la nueva ley que regula la Protección y el Tratamiento de Datos Personales.

El «salto patrimonial» de Lavín León

Entre 2012 y 2018, el diputado no tenía propiedades. Pero en 2019, coincidiendo con el auge de SocialTazk compró una casa en Peñaflor ($290 millones), con crédito del Banco Security, y además recibió $57 millones en depósitos en efectivo sin origen claro, lo cual representa “la tercera mayor fuente de ingresos” en su patrimonio.

Esta situación también fue detectada por la Unidad de Análisis Financiero a través de una alerta de operación sospechosa, debido al alto flujo de transferencias “sin respaldos formales”.

De acuerdo con la fiscal de Alta Complejidad Oriente, Constanza Encina, esta serie de pagos de carácter anónimo coincidirían con las “diversas acciones para la venta a terceros de este servicio (SocialTazk) para su uso en campañas electorales”.

En esos seis años, Lavín León rindió al Congreso facturas por montos superiores a los que realizó a Modo 74, cobrando casi 23 millones de diferencia a su favor y, en otros casos, incluso, recibiendo reembolsos irregulares por facturas previamente anuladas.

El perjuicio al patrimonio público, a través de rendiciones y contrataciones realizadas por el diputado –de acuerdo con estimaciones de Fiscalía–, asciende a la suma de $93.375.675.