Latinoamérica conmemora el Día de los Desaparecidos con Argentina, Colombia y México en la mira

La desaparición forzada se usa frecuentemente como estrategia para infundir el terror en los ciudadanos. Esa práctica se ha convertido en un problema que afecta no solo a los parientes del desaparecido, sino también a su comunidad y al conjunto de la sociedad, siendo considerado uno de los traumas más difíciles de superar para una población.

Anteriormente, fueron principalmente el producto de las dictaduras militares en la región, pero, sin embargo, las desapariciones forzadas son perpetradas actualmente en situaciones complejas de conflicto interno, especialmente como método de represión política de los oponentes. Líderes sociales, defensores de derechos humanos, ambientalistas, activistas políticos, indígenas, ancianos y niños, son especialmente vulnerables ante esta situación, tal como asegura en sus últimos informes la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

De acuerdo al Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de Naciones Unidas, es preocupante el incremento de desapariciones forzadas o involuntarias en diversas regiones del mundo, como los arrestos, las detenciones y los secuestros cuando son parte de las desapariciones forzadas o equivalen a ellas, y por el creciente número de denuncias de actos de hostigamiento, maltrato e intimidación padecidos por testigos de desapariciones o familiares de personas que han desaparecido, señala Telesur.

Santiago Maldonado en Argentina

El último caso emblemático es el del joven activista argentino Santiago Maldonado, desaparecido desde el 1 de agosto del presente año, tras ser detenido por Gendarmería durante un allanamiento a la comunidad mapuche Lof en Resistencia Cushamen, en Chubut, Argentina. Diversas organizaciones de derechos humanos responsabilizan al Estado argentino por la desaparición de Maldonado y exigen que se conozca su paradero.

Por su parte, el presidente de Argentina, Mauricio Macri, y distintos funcionarios, sostienen que no hay pruebas que demuestren que el activista se encontraba en ese lugar aquel día. Sin embargo, los peritajes realizados en la zona y declaraciones de testigos demuestran todo lo contrario.

Ayotzinapa, a casi 3 años de los 43 estudiantes desaparecidos

Otro claro ejemplo de olvido de justicia y de violaciones de derechos humanos, es el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa en el estado Guerrero, el 26 de septiembre de 2014, luego de ser atacados por la policía local de Iguala.

A casi tres años de la desaparición forzada de los 43 normalistas, el Estado mexicano no ha dado ninguna respuesta relevante sobre el paradero de los jóvenes, por su parte, ha tratado de silenciarlo, tras no permitir en reiteradas ocasiones la investigación de los entes internacionales, debido a incoherencias en las investigaciones de las autoridades mexicanas. La ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han criticado al Gobierno mexicano por no hacer nada por esta problemática social relacionada con el narcotráfico y grupos de bandidos, destaca Telesur.

Colombia, un país de desaparecidos

Colombia continúa siendo uno de los países de América Latina que más resalta en los casos de desapariciones forzadas. Aún no se ha podido establecer el total de desapariciones forzadas durante el conflicto armado en Colombia, la cifra oscilaría entre las 30.000 y las 60.000 personas, según el Sistema de Información de Red de Desaparecidos Cadáveres (SIRDEC).

Organizaciones defensoras de derechos humanos, víctimas y políticos de Colombia han expresado su respaldo a la creación de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, que tendrá como labor principal encontrar a los más de 50.000 desaparecidos que hay en el país suramericano.

Las cifras tanto de desapariciones forzadas, como de asesinatos y amenazas a líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia evidencia la presencia de grupos paramilitares, en la pretensión de ocupar los espacios del territorio abandonados por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), tras el acuerdo de paz firmado con el Gobierno del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos.