El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago decretó este viernes la medida cautelar de prisión preventiva para el exdiputado Joaquín Lavín León tras considerar que representa un «peligro para la sociedad».
Durante la audiencia de formalización, el juez Daniel Urrutia dio por acreditados los delitos imputados contra el exmilitante de la UDI, entre los que figuran fraude al fisco, tráfico de influencias y uso malicioso de instrumento privado mercantil.
“Atendida la gravedad de las sanciones probables, la reiteración de los delitos y crímenes (…) la libertad de los imputados se considera un peligro para la sociedad”, afirmó el magistrado al anunciar la medida cautelar.
Perjuicio fiscal supera los $104 millones
De acuerdo con la Fiscalía, el exparlamentario, cuyo desafuero fue confirmado por la Corte Suprema en febrero pasado, habría incurrido en un mecanismo reiterado y sistemático para desviar recursos para fines personales y electorales, que habrían ocasionado un perjuicio fiscal que supera los $104 millones.
Dicho esquema incluye la emisión de boletas ideológicamente falsas para gastos de campaña, la creación de un software que habría financiado con fondos de la institución legislativa, y presuntos actos de corrupción en la Municipalidad de Maipú, mientras su esposa Cathy Barriga ejercía como alcaldesa.
De acuerdo con la investigación, se habrían extendido un total de 34 facturas falsas entre junio de 2017 y noviembre de 2022. Estos documentos habrían sido emitidos por dos imprentas representadas por uno de los otros querellados, Juan Silva Morales, y dirigidos al entonces legislador a través de la mediación de Arnoldo Domínguez.
Financiamiento ilegal de campaña UDI con plataforma pagada por el Congreso
Un segundo eje de la investigación se centra en la plataforma digital SocialTazk, desarrollada por la empresa Modo 74. El ente persecutor sostiene que este sistema, diseñado para recopilar datos de electores y enviar mensajes masivos con fines electorales, fue desarrollado con dineros públicos. La fiscalía agregó que la herramienta incluso habría sido ofrecida a otros candidatos del mismo sector político., en lo que podría configurar un esquema de financiamiento ilegal de campañas.
SocialTazk fue creada en 2018 por Felipe Vázquez Diéguez, ingeniero informático y asesor de Lavín León, a través de la empresa Modo 74 SpA. Aunque el exdiputado no figura como dueño, la Fiscalía lo señala como «impulsor y financista» del proyecto.
La Fiscalía Oriente argumentó que resulta evidente que la recopilación de antecedentes realizada por Lavín León y su equipo parlamentario formaba parte de una estrategia para desarrollar una base de datos a nivel nacional para la UDI, con “fines expresamente electorales, especialmente para ser utilizado en el conjunto de elecciones que habría durante los años 2020 y 2021”.
En la audiencia también se abordó la contratación de presuntos “funcionarios fantasmas”. De acuerdo con el ente persecutor, un conjunto de personas recibieron remuneraciones con cargo a las asignaciones parlamentarias de Lavín León, pero que no cumplieron funciones efectivas en su oficina.
Asesores pagados por el Congreso habrían trabajado en campaña de Lavín Infante
Otra arista que podría ampliar la investigación, está relacionada con antecedentes que apuntan a un conjunto de asesores parlamentarios del Lavín león, pagados con recursos del Congreso, que habrían trabajado en la sede de campaña de su padre Joaquín Lavín Infante durante las elecciones presidenciales de 2021.
Según expuso la fiscal Constanza Encina, entre los funcionarios figuran: Shigue Ogino, quien entre enero y mayo de 2021 percibió un sueldo mensual de $2.591.400 como funcionario público mientras trabajaba en las oficinas proselitistas del padre del imputado. También se nombró a Romina Molina y a Carlos Vargas, este último enviado expresamente a cumplir tareas en la sede que durante esa época operaba como cuartel general de la fallida candidatura presidencial de Lavín Infante (UDI), quien terminó siendo derrotado por Sebastián Sichel en las primarias de Chile Vamos.
Fijan plazo de 90 días para investigación
La medida cautelar de prisión preventiva también fue aplicada contra el exasesor de Lavín León, Arnaldo Domínguez, mientras que el empresario Juan Silva Morales, quedó con arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional. Por su parte, el informático Felipe Vázquez —ligado a la plataforma SocialTazk y quien se encuentra en España, enfrenta una orden de detención tras no comparecer ante el tribunal.
El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago fijó un plazo de 90 días para el desarrollo de la investigación.
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