El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago descartó la solicitud de la defensa y resolvió este lunes mantener en prisión preventiva al Joaquín Lavín León, quien permanece recluido desde el 8 de mayo en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber; mientras los querellantes advirtieron que el exdiputado tomó contacto con personas que aún deben declarar en la causa.
El exmilitante de la UDI, está siendo investigado por la fiscalía por su presunta participación en una serie de delitos como fraude al Fisco, tráfico de influencias, falsificación y uso malicioso de instrumento privado mercantil.
También figura el de tráfico de influencias durante la gestión de su esposa, Cathy Barriga, como alcaldesa de Maipú, así como uso malicioso de datos electorales.
Durante la audiencia de revisión de cautelares, el abogado José Pedro Silva, en su calidad de querellante por la Municipalidad de Maipu, fue contundente al exponer ante el tribunal que la liberad del imputado constituye un «peligro latente» para el normal desarrollo de las diligencias.
Según el jurista, los acercamientos del exdiputado con testigos clave de la causa que todavía deben declarar evidencian un claro riesgo de manipulación, obstrucción y coacción que podría entorpecer el proceso judicial.
Incluso, señaló que dejarlo en libertad podría bloquear el desarrollo de diligencias pendientes para lograr el esclarecimiento de los hechos.
La magistrada del Séptimo Juzgado de Garantía, sin embargo, decidió desestimar las advertencias de los querellantes como fundamento para su resolución. Pese a la gravedad de los señalamientos sobre el contacto con testigos, la jueza optó por no basar su decisión en el peligro de obstrucción a la investigación, omitiendo incluso un pronunciamiento directo sobre este punto en particular.
No obstante, el tribunal confirmó la prisión preventiva de todas formas, argumentando que la naturaleza y gravedad de los delitos investigados son tan severos que vulneran directamente la fe pública y atentan contra la confianza que la ciudadanía deposita en las instituciones del Estado, elementos que por sí solos justifican mantener al imputado tras las rejas.
La audiencia para revisar las medidas cautelares se llevó a cabo a petición de la defensa del exparlamentario, liderada por el abogado Cristóbal Bonacic,que buscaba revertir la medida más gravosa, solicitud que fue rechazada finalmente por el Poder Judicial.
Perjuicio fiscal por más de $240 millones
Lavín León enfrenta una investigación compleja que abarca múltiples aristas delictivas. De acuerdo con la Fiscalía, el exparlamentario, cuyo desafuero fue confirmado por la Corte Suprema en febrero pasado, habría incurrido en un mecanismo reiterado y sistemático para desviar recursos para fines personales y electorales, que habrían ocasionado un perjuicio fiscal que supera los $240 millones.
Dicho esquema incluye la emisión de boletas ideológicamente falsas para gastos de campaña, la creación de un software que habría financiado con fondos de la institución legislativa, y presuntos actos de corrupción en la Municipalidad de Maipú, mientras su esposa Cathy Barriga ejercía como alcaldesa.
De acuerdo con la investigación, se habrían extendido un total de 34 facturas falsas entre junio de 2017 y noviembre de 2022. Estos documentos habrían sido emitidos por dos imprentas representadas por uno de los otros querellados, Juan Silva Morales, y dirigidos al entonces legislador a través de la mediación de Arnoldo Domínguez.
Financiamiento ilegal de campaña UDI con plataforma pagada por el Congreso
Un segundo eje de la investigación se centra en la plataforma digital SocialTazk, desarrollada por la empresa Modo 74. El ente persecutor sostiene que este sistema, diseñado para recopilar datos de electores y enviar mensajes masivos con fines electorales, fue desarrollado con dineros públicos. La fiscalía agregó que la herramienta incluso habría sido ofrecida a otros candidatos del mismo sector político., en lo que podría configurar un esquema de financiamiento ilegal de campañas.
SocialTazk fue creada en 2018 por Felipe Vázquez Diéguez, ingeniero informático y asesor de Lavín León, a través de la empresa Modo 74 SpA. Aunque el exdiputado no figura como dueño, la Fiscalía lo señala como «impulsor y financista» del proyecto.
La Fiscalía Oriente argumentó que resulta evidente que la recopilación de antecedentes realizada por Lavín León y su equipo parlamentario formaba parte de una estrategia para desarrollar una base de datos a nivel nacional para la UDI, con “fines expresamente electorales, especialmente para ser utilizado en el conjunto de elecciones que habría durante los años 2020 y 2021”.
Tras la decisión de mantenerlo en prisión, el equipo legal de Joaquín Lavín León anunció que agotarán todas las instancias procesales disponibles y que en los próximos días presentarán un recurso de apelación ante la Corte de Apelaciones con el objetivo de revertir la resolución del juzgado de garantía y lograr la excarcelación del exparalmentario.
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