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Ley Emilia al debe: Parlamentarios solicitarán corregir artículo ante polémica interpretación de juez en Quillota

 

Esta semana, familiares y amigos de víctimas de conductores ebrios organizaron una marcha en Valparaíso para exigir la aplicación cabal de la Ley Emilia, legislación que se ha visto cuestionada en el último tiempo por un fallo del Tribunal Constitucional que señala la inconstitucionalidad de una de sus indicaciones -la prisión efectiva por un año-, y por las distintas -y distantes- interpretaciones que los jueces están realizando en los casos que requieren su aplicación.

Sobre este segundo punto, llama especial atención el caso de Jaime Moreno Morales, un joven ingeniero de 31 años que el 18 de diciembre pasado murió atropellado a la salida de una discoteca en Quillota. Cámaras de vigilancia y diversos testigos señalan que el sujeto que lo impactó salió completamente borracho del local nocturno, pero al no existir una alcoholemia, pues huyó del lugar del atropello, no se podría aplicar la Ley Emilia.

La familia de Jaime Moreno -Tatán- ha seguido de cerca el proceso, aportando pruebas y testigos. Sin embargo, ya han pasado siete meses y la causa está entrampada, a lo que se suma el difícil hecho de que el responsable del atropello sólo está cumpliendo un arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional, medida cuya revocación fue negada el pasado 15 de junio en una audiencia donde además la jueza Laura Catalán del Juzgado de Garantía de Quillota no dejó ingresar a la familia de la víctima.

El inculpado -que está confeso- incluso no llegó a la primera audiencia de revocación de la medida cautelar por estar «enfermo» -presentó una licencia médica-, cuando la noche anterior había subido una foto suya en el gimnasio haciendo ejercicio. Esta situación fue ignorada por el juez a cargo, al igual que la existencia de grabaciones que confirmarían la ebriedad del conductor que asesinó a Tatán. Al comienzo de la investigación, el juez tampoco quiso recibir a un testigo directo del hecho, llevado por la familia. ¿Qué pasa con la justicia?, se preguntan los familiares de la víctima, que era padre de una niña de 5 años.

«Creemos que esta es una ley que nos corresponde a todos, y esta vez no se está aplicando, a pesar de que se presume que si se arrancó es porque va con alcohol, aún así, incluso con él mismo diciendo que iba con trago al momento de atropellar a mi hermano, que ahora no la quieran aplicar a nosotros nos da mucha rabia. Nosotros queremos que de verdad se haga valer la ley, pero lamentablemente cuando llega el momento los jueces actúan de forma distinta», señaló Katherina Moreno, hermana de Tatán.

Parlamentarios pedirán revisión de la Ley Emilia

Para la diputada Andrea Molina, el caso de Tatán y su familia -que ha seguido desde el comienzo- es precisamente lo que se quiere plantear en la comisión de derechos humanos del parlamento: «Exponer el cambio en el artículo que nos preocupa y nos tiene en esta situación de no justicia, donde la persona arranca después de haber atropellado a alguien, dándose a la fuga, y a pesar de que viene vinculado en el artículo que eventualmente al huir podría ir en estado de ebriedad, al no tener la alcoholemia y escapar, no hay una ratificación, por ende no hay justicia, y el juicio llega hasta ahí», explica.

La parlamentaria indica que en la comisión, «además se va a tener una minuta con todos los antecedentes sobre cómo está funcionando la ley, tanto en lo urbano como en lo rural, porque las sentencias son muy distintas unas de otras. Estamos hablando de 7-8 años en el plano urbano, y en el plano rural sólo del mínimo, que son tres años. Y no les dan menos porque no pueden darles menos. Entonces, por qué hay una interpretación tan distinta», se pregunta Andrea Molina.

Otro que ha seguido de cerca el caso de Tatán ha sido el senador Alejandro Navarro, quien llevará el caso a la comisión de constitución, legislación y justicia del Senado. «La situación en este caso es terrible, él fue atropellado por un conductor ebrio, que huyó, no se le pudo realizar la alcoholemia, han pasado 7 meses, hay cámaras que prueban el estado de ebriedad de cuando sube a su vehículo, y la legislación ha fallado, no permite una investigación, no permite sanciones. Por ello la comisión de derechos humanos y la comisión de constitución, legislación y justicia del Senado, deben revisar este caso, para corregir la legislación y establecer por cierto la difusión de un hecho que es gravísimo», sostiene el parlamentario.

Añade que «esta situación se produce a diario, más del 84% de los atropellos en carreteras y en las zonas urbanas terminan en huidas, los responsables huyen, y al huir no hay seguros que se activen ni tampoco la posibilidad de hacer la alcoholemia, entonces esa irresponsabilidad, ese verdadero acto de asesinato, debe terminar. Hay que no sólo aumentar las penas, sino generar la condiciones para una investigación que permita que los conductores cambien su conducta».

En ese sentido, Navarro apunta que si bien la Ley Emilia ha sido un gran avance, «no ha sido posible aplicarla en el caso de Tatán, y eso es parte del debate que queremos hacer con la comisión de legislación y justicia. Pero también, junto a la diputada Molina y el senador Pedro Araya, vamos a solicitar una reunión al fiscal regional, porque creemos que en este caso la investigación se ha retrasado de manera inexplicable. Y si es necesario, vamos a conversar con el fiscal nacional, Jorge Abbott, porque uno espera que los fiscales investiguen, sobre todo cuando la familia ha aportado pruebas y ha estado permanentemente entregando antecedentes», concluyó el senador.

En la marcha en Valparaíso, la familia de Tatán estuvo acompañada por familiares de otras víctimas de conductores ebrios, y por Carolina Figueroa, de la Fundación Emilia, quien dijo en la ocasión que «esta marcha es un llamado a todos los candidatos presidenciales, para que se hagan cargo de las víctimas. No es posible que en este país los defensores públicos tengan un abogado pagado por los impuestos de todos nosotros, y las víctimas no tengan derecho a un abogado. Eso es una injusticia, es una aberración en torno a los derechos humanos», dijo Figueroa.

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