Una alarmante situación se registró el lunes, cuando Osmar Alexander Ferrer Ramírez, imputado por su supuesta implicancia en el asesinato de José Felipe Reyes Ossa, conocido como el “Rey de Meiggs“, fue liberado de la cárcel, tras una orden de un tribunal, aparentemente falsa dirigida a Gendarmería.
De acuerdo con los antecedentes de la Fiscalía de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), el sujeto liberado y que se encuentra prófugo de la justicia, es de nacionalidad venezolana y forma parte de una cadena de sicarios vinculada al Tren de Aragua..
Según consignó 24 Horas, el Ministerio Público indaga un presunto «hackeo» al Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, por lo que existe información cruzada con Gendarmería.
Asesinato del “Rey de Meiggs”
El pasado 19 de junio, Reyes Ossa de 43 años, fue asesinado a tiros en plena calle Quirihue, Ñuñoa. Según imágenes de cámaras de seguridad, el comerciante intentó huir pero fue alcanzado por al menos dos sicarios, quienes lo esperaron por más de dos horas, golpeándolo con un arma y disparándole tres veces, una de ellas en el cuello, lo que provocó su muerte.
Según la Fiscalía, un ciudadano chileno, vinculado a los negocios de la víctima y cercano a su entorno familiar, fue quien ordenó el asesinato.
De este modo, habría contactado a un sujeto venezolano, quien reclutó a otro, y finalmente este contrató a tres compatriotas para ejecutar el crimen. A los sicarios se les ofreció una suma de 30 millones de pesos, pero recibieron un pago parcial de 4,5 millones.
Los imputados, en situación migratoria irregular, conocían detalles de la rutina del “Rey de Meiggs“, incluyendo sus movimientos, la hora en la que llegaría desde la Quinta Región e incluso tenían una fotografía suya. El objetivo original era secuestrarlo, pero al no poder lograr ingresarlo al auto, lo asesinaron en plena calle de Ñuñoa.
Según la Fiscalía Reyes Ossa, mantenía todas sus pertenencias luego de resultar asesinado, incluso $300 mil pesos en efectivo que portaba.
Huida, captura, prisión preventiva y polémica liberación
Tras cometer el crimen, los sicarios huyeron a Osorno, donde permanecieron 15 días monitoreando el avance del caso.
Al creer que todo se había calmado, volvieron a Santiago, pero fueron detenidos en Estación Central por funcionarios del OS9 de Carabineros tras seguir un conjunto de pistas.
La Fiscalía ECOH formalizó el pasado miércoles 9 de julio a los tres ciudadanos venezolanos por homicidio calificado, robo con intimidación e infracción a la Ley de Armas.
En esa oportunidad, el fiscal ECOH Sergio Soto, señaló que “se dieron por acreditados todos y cada uno de los delitos”,
Acto seguido, el tribunal decretó prisión preventiva para los imputados y fijó un plazo de 120 días para el desarrollo de la investigación.
Sin embargo, Osmar Alexander Ferrer Ramírez recuperó su libertad, luego de que Gendarmería de Chile recibiera un oficio que ordenaba revocar su prisión preventiva.
El documento, supuestamente emitido por el 8° Juzgado de Garantía de Santiago y firmado por la jueza Irene Rodríguez Chávez, ordenaba:
“Se ha dejado sin efecto la(s) medida(s) cautelar(es) respecto del imputado FERRER RAMIREZ OSMAR ALEXANDER… Medida(s) cautelar(es) que se dejan sin efecto: Prisión Preventiva y Ordena Libertad”.


Gendarmería en el ojo del huracán
Gendarmería se encuentra en el ojo del huracán y siendo objeto de cuestionamientos por no haber verificado y decidir dar cumplimiento a la supuesta orden libertad del sujeto, quien -según antecedentes consignados por Radio Bío Bío- salió desde el Centro Penitenciario a las 18:00 horas del jueves 10 de julio.
De hecho, desde el mismo organismo confirmaron a este medio que “Gendarmería recibió una orden de Tribunal, y la acató“.
Ante la gravedad de la situación, el Ministerio Público solicitó una nueva orden de detención contra Ferrer Ramírez –actualmente prófugo y con paradero desconocido- y decidió abrir una investigación penal para esclarecer el origen y legalidad del documento que permitió que el imputado por el crimen del comerciante quedara en libertad, Se evalúa la comisión de delitos como falsificación de instrumento público y alteración dolosa de sistemas informáticos.
De acuerdo con La Tercera, el propósito es poder determinar si el documento fue producido externamente e ingresado al sistema judicial por vías fraudulentas o si se trató de una intrusión informática al sistema del Poder Judicial, lo cual podría formar parte de una operación de ciberataque de alto nivel.
Ante el escándalo. Gendarmería de Chile emitió una declaración pública en la que aseguró que actuó conforme al procedimiento habitual y descartó cualquier tipo de irregularidad interna.
En el texto planteó que luego de revisar sus redes internas, no se detectó vulneración alguna a sus sistemas informáticos, desestimando así la posibilidad de un hackeo o acceso externo fraudulento a sus plataformas.
De igual modo, el organismo señaló que la orden de excarcelación fue recepcionada el 10 de julio a través de los canales regulares del sistema.
“La institución penitenciaria pondrá a disposición del Ministerio Público toda la información, en razón de la investigación que se ha abierto al respecto”, dice el escrito.