Los crímenes químicos de Pinochet

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“Estando yo en la Embajada de Chile en Perú, un colega de nombre Alex Carrasco, me comentó que su esposa habría escuchado en la Clínica que trabajaba, (…) que a Eduardo Frei lo habían envenenado y que le habrían aplicado compresas infectadas en la herida dejada por la operación (de hernia al hiato a la que fue sometido a fines de noviembre de 1981)”.
Esta es la mayor revelación hecha por el exagente del Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea (SIFA), Andrés Valenzuela, al juez Alejandro Madrid en declaraciones vertidas el 7 de marzo, según consta a fojas 13.191 del expediente de este caso, según informó el semanario Cambio 21, de 9 de abril.

Frei era al momento de ocurrir su muerte, el 22 de enero de 1982, el principal referente de la oposición política a la dictadura. La versión oficial emanada entonces (por la clínica Santa María) fue que la causa del deceso había sido una “septicemia aguda”.
Sin embargo, el 7 de diciembre de 2009 el juez Madrid estableció, en fallo de primera instancia, que la muerte fue ocasionada “por la introducción paulatina de sustancias tóxicas no convencionales, por la aplicación de un producto farmacológico no autorizado, denominado ‘Transfer Factor’, y por la ocurrencia de diversas situaciones anómalas, que pudieron ser disimuladas como inadvertencias o negligencias, las que paulatinamente deterioraron su sistema inmunitario y facilitaron la aparición de bacterias oportunistas, tales como las denominadas ‘proteus vulgaris’ y ‘candida albicans’, que resultaron ser la causa final de su muerte”.
Por medio de este fallo, Madrid condenó como autores, cómplices y encubridores de esta muerte a cinco personas, entre agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI) y médicos que atendieron a Frei.
Poco después que muriera Frei, la CNI asesinó al presidente en ejercicio de la poderosa Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), Tucapel Jiménez, quien fue baleado y degollado.
En la clínica Santa María había muerto, no mucho tiempo antes y también en circunstancias que sugieren un ataque químico, el poeta Pablo Neruda (23 de septiembre de 1973).
El exagente Valenzuela –que es conocido como “Papudo” por la localidad en la que nació- desertó al SIFA en 1984. Arrepentido de los crímenes cometidos, decidió entregar su verdad. Esta no pudo ser difundida en Chile -dada la censura imperante en aquel entonces- pero apareció publicada -en diciembre de aquel año- en El Diario de Caracas.
Protegido por organizaciones de derechos humanos, Valenzuela fue trasladado a Francia, donde vive desde entonces. La reciente visita de este agente a Chile tuvo como propósito declarar en siete causas de derechos humanos, entre ellas la dirigida por Madrid.
La guerra química

El juez Madrid investiga, desde 2003, las causas de la muerte de Frei Montalva así como la de otros opositores a la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-1990), que fueron asesinados con armas químicas.
Esta causa la tiene agrupada en tres cuadernos. En el “A” se investiga la responsabilidad que habría tenido el químico de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA), Eugenio Berríos, en el asesinato del excanciller Orlando Letelier, perpetrado en Washington el 21 de septiembre de 1976.
Es dable mencionar que el plan original era matar a Letelier con gas sarín. Este es un líquido incoloro e inoloro usado como arma química debido a su extraordinaria potencia como agente nervioso. Fue desarrollado en Alemania en 1939. En Chile fue fabricado por el químico Berríos, quien actuó en colaboración con el también agente de la DINA Michael Townley.
Ambos montaron, a principios de 1975 en el sector Lo Curro de Santiago, el primer laboratorio de guerra química. La DINA, que era dirigida por el macabro coronel Manuel Contreras, denominó esta iniciativa como “Proyecto Andrea”.
Townley declaró judicialmente haberse embarcado desde Santiago -a mediados de 1976-, en un vuelo de Lan Chile portando “un frasquito de perfume Chanel Nº 5 que me había dado por mi esposa (la también agente de la DINA Mariana Callejas) y que yo había llenado con sarín”.
El Cuaderno B, contiene la investigación sobre las extrañas circunstancias asociadas a la muerte de Frei Montalva, pero también trata sobre el envenenamiento de prisioneros políticos y comunes en la Cárcel Publica de Santiago. Ambos atentados fueron coetáneos (fines de 1981).
El cuaderno C, versa sobre la participación de Berríos en el asesinato con gas sarín del diplomático español Carmelo Soría, perpetrado en julio de 1976.
Con gas sarín también fueron matados el cabo de ejército Manuel Leyton (marzo de 1977); el conservador de Bienes Raíces de Santiago, Renato León Zenteno (1976); y el director de Protocolo de la Cancillería Carlos Osorio (octubre de 1977), cuya muerte se hizo pasar como suicidio.

Berríos –el principal científico del proyecto químico-criminal de Pinochet- moriría asesinado en Montevideo, Uruguay, a fines de 1992. Allí había sido trasladado un año antes por agentes de seguridad del Ejército chileno. Esto, luego que el Ministro de la Corte de Apelaciones Adolfo Bañados lo citara a declarar en el juicio por el asesinato de Letelier.
Como acreditó judicialmente el ministro Madrid, sus asesinos fueron agentes de la Brigada de Inteligencia del Ejército (BIE), en la que participaban miembros de la escolta de Pinochet, quienes contaron con la colaboración de oficiales del Ejército uruguayo.
El cuerpo de Berríos sólo sería encontrado en abril de 1995, en la playa El Pinar (cercana a Montevideo). Fue sepultado boca abajo, como se hacía con los traidores en la Edad Media.

Envenenados
Las novedades del caso Frei Montalva no son las únicas relacionadas con la guerra química librada por la dictadura de Pinochet. El mismo juez Madrid realizó -el 23 de enero- los primeros procesamientos en el acápite de dicha causa en la que se investiga el envenenamiento con tóxina botulínica de cuatro presos políticos y tres presos comunes ocurrido el 7 de diciembre de 1981 en la Cárcel Pública de Santiago.
Como autores de los delitos de homicidio calificado y homicidio frustrado, el juez Madrid procesó a los ex oficiales del ejército Eduardo Arriagada Rehren (médico) y a Sergio Rosende Ollarzú (veterinario); y como cómplices, a los coroneles (r) Joaquín Larraín Gana y Jaime Fuenzalida Bravo.
En esta resolución se sostiene que “la sustancia que produjo el envenenamiento de los internos” fue obtenida por el Instituto Bacteriológico (hoy denominado Instituto de Salud Pública, ISP), en donde había sido solicitada por su Director al organismo correspondiente de Brasil, enviada vía valija diplomática a Chile, y con posterioridad remitida al Laboratorio”.
Esta toxina es mortal en cantidades ínfimas. “Bloque la liberación de una sustancia llamada acetilolina en las terminales nerviosas, con lo que paraliza los músculos y puede llevar a la muerte por un paro respiratorio”, como se señala en el libro Crimen Imperfecto (2002), del periodista Jorge Molina Sanhueza.
Las víctimas consumieron alimentos contaminados con la citada toxina, resultando muertos los presos comunes Víctor Corvalán Castillo y Héctor Pacheco Díaz.
Lograron sobrevivir el líder de las Milicias de Resistencia Popular (MRP) Guillermo Rodríguez Morales –mejor conocido como el Ronco, por una lesión bucal heredada de esa acción criminal-; el militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), Adalberto Muñoz Jara; los hermanos Ricardo y Elizardo Aguilera Morales; y el preso común Rafael Garrido Ceballos.
“La intoxicación se produce al interior de la galería de alta seguridad de la Cárcel pública de Santiago. Allí estaban confinados esencialmente exmiembros de las fuerzas armadas y de la policía vinculados con hechos delictuales. En esa galería sólo había cuatro presos políticos: yo y mi hermano Elizardo; además de Guillermo y Adalberto. La intoxicación se produce a los ocho días de haber llegado con mi hermano en ese lugar”. Es lo que relata -en entrevista con este corresponsal- Ricardo Aguilera. Este exprisionero estima que el ataque con toxina botulínica iba dirigido a Rodríguez y Muñoz: “ellos venían saliendo de un Consejo de Guerra donde la dictadura trató de condenarlos a muerte. Pero eso no fue posible debido a la presión y la solidaridad internacional (…) entonces los militares se vieron obligados a cambiar la pena de muerte por la de cadena perpetua y eso no les gustó”, señala Ricardo.
Agrega: “por lo mismo, es dable pensar que los servicios secretos, a través de esta acción, trataron de asesinarlos, ya no por un consejo militar sino a través de un ‘accidente alimenticio’”.
Cabe señalar que las MRP realizaron -entre 1980 y 1981- cerca de 150 acciones de sabotaje contra el régimen de Pinochet que generaron un ambiente de desestabilización que precedió a las grandes protestas populares de 1983.
Estas acciones incluyeron la dinamitación de torres de alta tensión (lo que provocó un apagón nacional); el asalto simultaneo a tres bancos ubicados en calle Santa Elena, de Santiago; la sustracción desde el Museo Histórico Nacional de la bandera de la independencia. El MRP también asesinó o ajustició (según como se mire) al jefe de inteligencia del Ejército coronel Roger Vergara, (5 septiembre 1980), y al agente de la CNI Carlos Tapia Barraza (6 de julio de 1981).
Tras el asesinato de este último, agentes de la Brigada de Asaltos de la Policía de Investigaciones capturaron a Rodríguez.
El 8 de octubre de 1981 este fue sometido a un Consejo de Guerra: el último que se haya realizado en Chile contra un civil.
A este llegó vestido de miliciano en un truco que sorprendió a sus captores. Ante el tribunal hizo una defensa de las acciones de la Resistencia Armada declarándose “culpable de ser un miliciano” y un convencido que “solo la guerra del pueblo nos hará libres”.
“Pudieron haberme aplicado pena de muerte por la cantidad de delitos que incoaron en mi contra los acusadores que eran, en definitiva, las acciones que realizaba la resistencia armada en aquellos años, pero decidieron perdonarme”, destaca Rodríguez Morales en entrevista con El Ciudadano.
Este exmilitante de la resistencia señala en su libro Destacamento Miliciano José Bordaz (2009) que semanas antes del envenenamiento con toxina botulínica “concurrió una mujer joven, hermosa, que me cuenta que es hermana de un detenido desaparecido. Trae de regalo una torta.
No le creo mucho su historia (…) y la torta va a parar a Codepu (Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo), institución
que la manda a analizar: se trataba de una torta común cuya cobertura contenía insecticida”.
El 7 de diciembre de 1981, luego que alimentos enviados por las familias de los citados presos políticos –que eran revisadas por la guardia interna- fueran consumidos por los afectados, estos se comenzaron a sentir mal: comenzaron a perder la vista y tuvieron convulsiones estomacales, diarrea y vómitos.
Los presos políticos, a instancias del Ronco, se hicieron un lavado de estomago. Así lo relata este en el capítulo 12 de su mencionado libro: “a poco de que oscureciera comenzaron a atacarme dolores y puntadas estomacales que me dejaban
sin aliento. Tomé bidones de agua con detergente para provocar más vómitos y de cierta manera ‘lavar’ los intestinos, operación que repetía con mis compañeros”.
En entrevista con El Ciudadano, Elizardo Aguilera cuenta que “el alcaide de la cárcel pública (Ronald Bennet) sostenía que nosotros estábamos inventando una comedia para escaparnos, entonces hubo una demora en nuestra atención”. Pasarían casi 36 horas sin tener asistencia profesional.
El 8 de diciembre Ricardo Aguilera pudo informar de lo que estaba pasando para que se conociera afuera. Entonces se empieza a generar un movimiento en pos que se autorizara el ingreso de un médico que pudiera diagnosticarlos.
Según señala el periodista Arnaldo Pérez Guerra en su reportaje Los venenos de la dictadura (Punto Final, primera quincena de marzo de 2014), el abogado Jorge Sellán solicitó al fiscal militar Luis Berger el ingreso de atención médica: “Las peticiones fueron rechazadas por el alcaide Bennet, con el argumento de que ningún preso requería atención médica”.
Un hecho cambió el curso de las cosas.
Así lo recuerda Ricardo Aguilera: “uno de los presos comunes (Corvalán) muere en la enfermería de la cárcel (…) en ese momento las autoridades carcelarias se dan cuenta que están frente a un problema mayor. Nos mandan al Hospital de la penitenciaría. Allí Elizardo cae en paro respiratorio”.
Ricardo Aguilera asegura que fue un médico suizo de la Cruz Roja -organización que coincidentemente realizaba por esos días una visita oficial a Chile- quien sostuvo que era botulismo el mal que sufrían. La red nacional e internacional de contactos posibilitó que en menos de 24 horas llegara desde Argentina el antídoto pertinente.
Este exprisionero recuerda que un gendarme-enfermero del Hospital de la Penitenciaría “ordenó el traslado inmediato” de su hermano a la Posta Central: “en el trayecto lo mantiene con masaje respiratorio hasta que lo entregó. Ese gendarme le salvó la vida a mi hermano”.
Prosigue el relato: “Al llegar a la Posta Central, los gendarmes le dicen al personal que están entregando un grupo de terroristas peligrosos que están en un plan de fuga… pero los enfermeros y médicos sólo ven un grupo de moribundos”.
Este exmilitante de la resistencia a la dictadura dice que ese hecho generó una respuesta muy favorable: “el personal médico se solidarizó inmediatamente con nosotros y eso hizo que tuviéramos todas las atenciones que correspondían”.
“Allí quedamos postrados sin poder mover ni siquiera un dedo. Yo no veía nada. Sólo podía percibir luces y sombras. Pero con mi hermano estábamos lúcidos y teníamos la audición perfecta. Es un estado muy especial, casi de catatónico, diría yo”,cuenta Ricardo Aguilera.
Luego rememora lo que califica como una anécdota: “Una noche estaba de turno el doctor Ríos, que tenía un vozarrón muy  importante. De pronto llegan agentes de la CNI. El médico los paró en la puerta. Los tipos de la CNI le dijeron que tenían ordenes de encadenarnos y vigilarnos. Pero el doctor Ríos, a grito pelado, les dijo: ‘mire, en el cuartel manda usted, aquí mando yo, así que aquí usted no entra’. Y con toda su fuerza les dice: ‘¡fuera! ¡Fuera!’. Y los tipos se fueron”.
Finalmente los prisioneros políticos envenenados salvarían sus vidas, y en distintos momentos, todos serían liberados.
Ahora es la justicia la que tiene la palabra.
Respecto del avance en esta materia Rodríguez Morales señaló: “este es un proceso que lleva 33 años, que ha pasado por distintos abogados, por distintas jueces, que tiene 17 tomos, pero que aún no arroja resultados claros y definitivos”.
Subraya que los oficiales en retiro que fueron procesados en enero “son los responsables de haber ingresado la toxina botulínica a Chile, pero no hay todavía personas imputadas por el envenenamiento que nos afectó a un grupo de presos políticos y presos comunes”.
La investigación de los crímenes químicos de Pinochet encontró –el 22 de agosto pasado- una nueva y muy importante arista. Entonces la ex directora del ISP, Ingrid Heitmann reveló –en entrevista con la agencia DPA- que en 2008, en completo secreto y sin orden judicial alguna, el ISP destruyó dos cajas llenas de ampollas de toxina botulínica. Heitmann sostuvo que ese material hubiera alcanzado “para matar a la mitad de la población de Santiago”