Machi Millaray Huichalaf: «Estamos confiados y seguros, no nos hacemos cargo de este montaje político judicial»

Ayer finalizó la discusión de las pruebas de la investigación por el caso Pisu Pisué, relativo al incendio percutado en el fundo del mismo nombre el pasado 9 de enero de 2013 y por el que permanecen imputados dos machi y 4 comuneros integrantes de comunidades mapuche williche de la zona por supuesta autoría y encubrimiento.

Desde que comenzara el juicio hace más de dos semanas (27 de octubre) , en el que cabe recordar que solo se está auditando a 4 de los imputados ( Cristian García Quintul no fue notificado y su juicio se celebrará el 9 de marzo del próximo año y Francisco Jones Huala se encuentra en paradero desconocido),  hoy se continuará con los alegartos de clausura y este viernes se espera conocer la sentencia.

Al respecto del proceso, la machi Millaray Huichalaf, acusada de encubridora, relató su visión a la comunicadora Mireya Mankepillan, de radio Kimche Mapu, aludiendo a la persecución política (a tenor de la inconsistencia -e ilegalidad en la consecución- de las pruebas constatadas) perpetrada por las autoridades por estar tanto ella como el esto de imputados involucrados en la defensa del río Pilmaikén, donde se proyecta una central hidroeléctrica que inundaría el espacio ceremonial sagrado Ngen Kintuante:

«A lo largo del tiempo hemos desarrollado una defensa territorial en territorio Pilmaikén y (consecuencia de ello) nos vimos envueltos en la persecución politica dirigida hacia mi persona como machi de mi comunidad que culminó con este proceso emblemático en territorio williche.»

Al respecto de las pruebas señaló que el grueso de estas fueron obtenidas por la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI)  » lo cual vulnera todos los derechos nuestros como imputados, ya que estamos siendo enjuiciados por un delito común, no por un delito terrorista».

En este punto cabe señalar que la figura de la  ANI está restringida a procedimientos dirigidos contra grupos terroristas,conflictos de estado o narcotráfico, y por otro, que la solicitud de su intervención es prerrogrativa exclusica del Fiscal Nacional y no del regional, como fue el caso.

Sobre el allanamiento percutado en su casa, la machi señaló que es otro de los puntos que «nos lleva a pensar que es una persecución política dirigida hacia los dirigentes de las comunidades y hacia los miembros de los Lof en resistencia del Pilmaikén».

Y es que dicho allanamiento fue asímismo ilegal, ya que la orden emitida en su momento por el Tribunal de Garantía de Río Bueno era explícita en permitir solo el ingreso al domicilio de la machi y no su allanamiento, lo que invalidaría el uso judicial de lo incautado, hecho que fue reconocido por el referido Tribunal, que excluyó dichas pruebas por lo ilícito de su obtención, decisión que fue revocada posteriormente por la Corte de Apelaciones de Valdivia, tras aseverar que las actuaciones de la Fiscalía no vulneraban las garantías constitucionales de los acusados.

«Aquí queda de manifiesto, en cada audiencia, que obedece a una persecución por profesar una forma de vida mapuche, por tener unos principios y bases fundamentales que lamentablemente están en contraposición hoy día con el sistema que quieren instalar los multimillonarios, con el sistema capitalista que solo significa muerte y destrucción para nosotros como mapuche williche».

Sobre la sentencia, la machi sostuvo que «Estamos confiados y seguros, no nos hacemos responsables de este montaje político judicial, por eso estamos acá, venimos a dar la cara, somos un pueblo, una nación que no tenemos nada que esconder».

Por su parte, Fénix Delgado, para quien se piden 12 años por autoría, señaló, al igual que la machi, que el grueso de las pruebas es ilegal por la naturaleza de su consecución y señaló cómo durante el proceso se ha dado cuenta de una criminalización de la cultura mapuche y de un montaje destinado a cortar las vocerías de la defensa del Pilmaikén:

«En el desarrollo hemos visto de forma casi ridicula como el fiscal ha presentado manuales de aprender mapundungún  como indicios de que se está dando adoctrinamiento a supuestas ordas de jefes que estan por ahí escondidos,  queriendo calificar el aprendizaje del idioma como una conducta criminal».

Y añade; «También en cuestiones como las películas, grandes clásicos del cine como El Padrino que han vinculado a intereses violentistas;  de las 300 pruebas que tanto se llenaban la boca hablando están quedando menos de la mitad, y la mayoria han ido cayendo en contradicciones, han hecho un montaje con las pruebas, han manipulado dónde se encontraban con el fin de perjudicar principalmente a la machi Millaray por ser cara visible del conflicto contra las represas en el Pilmaikén. Vemos que esa es la intención que está detrás de todo esto; Que el Ministerio Público,  lejos de referirse y buscar llegar al fondo de los hechos, está con la única misión de lograr vincular a la machi».

A estos hechos relacionados con contradicciones en el conjunto probatorio aludió también el abogado defensor de Álex Bahamondes ( 5 años como encubridor) , Pablo Ortega,  que señaló en declaraciones a RBB que ha quedado demostrada la contradicción entre las pericias sobre la ubicación de una mochila, un pasamontañas y un arma de fogueo que según la Fiscalía habrían sido utilizados en el ataque incendiario;

«El oficial investigador, Alexis Lara, señala que estaban juntos, pero el informe planimétrico fija cada cosa es un lugar; Esto es importante para la defensa porque se puede cuestionar la imparcialidad de las declaraciones, la integridad de la prueba incorporada oda vez que esta referencia de que estaban dentro de la mochila no es efectiva; Creemos que es importante para acreditar la inocencia de todos los imputados«, concluyó Ortega.

Tanto la machi Millaray Huichalaf como el comunero Fenix  Delgado, hicieron asimismo un llamado a las comunidades y a la gente «consciente» en general a presentar su apoyo en el  Tribunal  Penal de Valdivia, donde hoy comienzan los alegatos de clausura a la espera de conocer sentencia este viernes.

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