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Marihuana en Uruguay bajo control legal estatal: producción, distribución y venta

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El parlamento uruguayo dará luz verde este martes a un proyecto que convertirá al país en el primero en legalizar la marihuana, experimento que busca enfrentar el narcotráfico y seguido de cerca en la región que paga con más sangre la lucha contra las drogas.

La inédita iniciativa que habilitará la producción, distribución y venta de cannabis, el autocultivo y los clubes de consumidores, todo bajo control estatal, ha sido promovida por el presidente José Mujica, un exguerrillero de 78 años que no ha dudado en calificarla como un experimento.

La marihuana ”es una plaga, como el cigarro que es una plaga, y te ofrezco legalmente una ración”, dijo el sábado el mandatario, explicando que de esta forma el gobierno tendrá un registro y podrá detectar a los consumidores que se “pasen de la raya”.

Reiteró además su llamado a la comunidad internacional para que colabore con la iniciativa y aseguró que si el experimento no funciona está dispuesto a dar marcha atrás.

El Senado iniciará su sesión hacia las 13H00 GMT y se prevé que el debate se extienda durante varias horas, pese a que la aprobación del texto -ya validado en julio en la cámara de Diputados- está asegurada por el respaldo de la coalición gobernante de izquierda Frente Amplio, con mayoría parlamentaria.

“Esto quiebra el paradigma prohibicionista y se pasa a un esquema de regulación, es el deseo que tenemos desde hace 10 años”, dijo a la AFP Juan Vaz, vocero de la Asociación de Estudios del Cannabis del Uruguay y quien en 2007 estuvo once meses preso por tener plantas de cannabis en su casa para consumo personal.

Es que si bien el consumo de drogas no está penado en Uruguay, hasta ahora sí lo está su producción y comercialización.

Así, la coordinadora nacional por la regulación de la marihuana convocó para la tarde del martes a “la última marcha con la marihuana ilegal” hacia el Palacio Legislativo.

Riesgos y críticas

Según el texto, los consumidores mayores de 18 años podrán acceder a la droga mediante el autocultivo -con un límite de seis plantas por persona, clubes de membresía o comprándola en farmacias, con un tope de 40 gramos mensuales. En todos los casos deberán registrarse ante el Estado.

El gobierno -que lanzó la semana pasada una campaña con la consigna “Todo consumo de drogas tiene riesgos”- defiende además la iniciativa como una política sanitaria de reducción de daños.

El consumo de marihuana es el más extendido entre las drogas ilegales y se ha duplicado en los últimos 10 años. Según las autoridades hay unos 128.000 fumadores de cannabis, aunque las asociaciones de consumidores calculan que rondan los 200.000.

Para atraer a los consumidores, el Ejecutivo planea ofrecer una marihuana más barata y de mejor calidad que la que se consigue hoy en el mercado ilegal.

Pero la ley, que va más allá que las flamantes legislaciones de los estados estadounidenses Washington y Colorado, sigue despertando resistencia entre los 3,3 millones de uruguayos: una encuesta hecha en setiembre señaló que el 61% la desaprueba.

La iniciativa es cuestionada por todos los partidos de la oposición pero también por los químicos farmacéuticos, que rechazan la idea de que la marihuana para uso recreativo sea vendida en las farmacias.

Además, divide a los psiquiatras uruguayos, enfrentando a quienes afirman que abatirá el consumo de drogas más peligrosas y quienes sostienen que banaliza los efectos nocivos del cannabis.

“Cuando se avala esta ley el mensaje que usted le envía a toda la población es que es una droga pero es menos mala que otras drogas y por lo tanto pasible de ser consumida”, dijo a la AFP el psiquiatra Pablo Trelles, que trabaja con jóvenes adictos.

El secretario general de la Junta Nacional de Drogas, Julio Calzada, admitió que “la marihuana no es una sustancia inocua, tiene riesgos, se puede disparar el consumo si no realizamos bien los controles”.

Todos miran a Uruguay

Tampoco los consumidores son unánimes: mientras muchos celebran, otros cuestionan el hecho de tener que registrarse y los límites al consumo que aplicará el Estado.

“Es invasivo ya que no corresponde al Estado determinar cuánta marihuana se puede consumir y de qué calidad”, advierte Alicia Castilla, argentina autora de “Cultura cannabis” y que estuvo en 2011 tres meses presa por tener plantines de marihuana en su casa.

Castilla ve además con escepticismo la posibilidad de que el Estado logre controlar un mercado con miles de autocultivadores.

En una región donde la guerra contra las drogas ha dejado decenas de miles de muertos, el proyecto ha sido respaldado por expresidentes latinoamericanos integrantes de la Comisión Global de Política de Drogas, que sostiene que la lucha frontal contra el narcotráfico ha fracasado, pero es visto con preocupación por los vecinos Argentina o Brasil.

En tanto, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), que vigila la aplicación de los tratados internacionales sobre drogas, ha advertido que el proyecto vulnera la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes adoptada por 186 países, incluido Uruguay.

FUENTE: AFP

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