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Corte Interamericana condena a México por violación y tortura a 11 mujeres

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IHD) condenó al Estado mexicano por “graves violaciones a derechos humanos”  contra 11 mujeres que sufrieron detenciones arbitrarias, tortura física, psicológica y sexual, durante la represión de una protesta conocida como el caso Atenca, ocurrida en mayo de 2006.

De acuerdo con el ente, el problema radica en el uso innecesario de la fuerza por parte de las autoridades policiales al momento de detenerlas, una acción que, según las víctimas, no fue legítima ni necesaria, pero sí excesiva e inaceptable, señala la sentencia adoptada el 28 de noviembre de este año que se hizo pública esta semana.

¿Cómo fueron los hechos ?

Los ataques ocurrieron en el desarrollo de un operativo policial desplegado el 3 y 4 de mayo de 2006 en los pueblos de Texcoco y San Salvador Atenco, del central Estado de México, donde los campesinos se opusieron a la construcción de un aeropuerto internacional.

La Corte confirmó las denuncias de las mujeres sobrevivientes que reivindican su lucha contra la impunidad y concluye que el uso indiscriminado de la fuerza del Estado es producto de la ausencia de una regulación adecuada.

“Una falta de capacitación de los agentes, supervisión y monitoreo ineficiente del operativo, y una concepción errada de que la violencia de algunos (manifestantes) justificaba el uso de la fuerza contra todos”, dice la sentencia.

Al respecto, la Corte IDH añadió que no se investigó, ni juzgó y ni sancionó a  las personas responsables del operativo, a nivel material e intelectual.

La sentencia

La Corte insta al Estado mexicano a “realizar una investigación exhaustiva de los hechos que incluya a todas las formas de responsabilidad a nivel federal y estatal“, para sentar un precedente que muestre el deber de la autoridad para “esclarecer la participación de la cadena de mando”.

Respecto al tema de la violencia sexual como práctica represiva, la Corte ordena al Estado a “implementar medidas de atención a las mujeres y revertir las condiciones que permiten hasta hoy la comisión de tortura sexual y represión policíaca”.

Advertencia 

El Estado mexican o está obligado a acatar todas las medidas ordenadas por la Corte. Las víctimas solicitaron apoyo a la Comisión Internmericana en abril de 2008, por la incapacidad de las autoridades provinciales y federales que no investigaban de manera seria las agresiones sufridas.

Tras la solicitud, en 2015, la Comisión exigió al Estado sancionar, reparar y garantizar la no repetición de lo ataques, pero el dictamen fue incumplido. La Comisión elevó el caso a la Corte en noviembre del año pasado, en una audiencia pública a la que asistieron las 11 mujeres.

De esta manera se obliga al Poder Legislativo mexicano “a revisar la legislación que se pretende aprobar a la luz de los estándares fijados por el tribunal interamericano”, reza el informe.

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