El Senado de Estados Unidos recibió una contundente carta de rechazo por parte de miles de familias migrantes, que denuncian la propuesta de imponer un impuesto del 3.5% sobre las remesas como un ataque frontal contra quienes sostienen, en silencio y con esfuerzo, tanto la economía estadounidense como la de sus países de origen.
La iniciativa, ya aprobada en la Cámara de Representantes como parte del llamado paquete “One Big Beautiful Bill”, promovido por el presidente Donald Trump, ha desatado una oleada de críticas al ser percibida no como una reforma fiscal, sino como una penalización selectiva a una de las poblaciones más vulnerables y menos representadas políticamente en el país: los trabajadores migrantes.
En su carta, publicada en Change.org y dirigida a un grupo bipartidista de senadores, las familias migrantes exponen con claridad las consecuencias humanas de una medida que consideran insensible y regresiva. Lejos de tratarse de grandes cantidades de dinero, las remesas representan modestas transferencias con las que millones de hogares en México, Centroamérica y el Caribe cubren lo más básico: alimentos, medicinas, renta.
“Llegamos por necesidad, no por elección”, escriben. Y con esa frase desmontan uno de los pilares retóricos que suelen sostener este tipo de iniciativas: que los migrantes son una carga. La realidad es que estos trabajadores sostienen industrias enteras como la agricultura, el cuidado de personas y la construcción, mientras aportan más de 120 mil millones de dólares en impuestos anualmente.
El argumento más lapidario de la misiva es que este impuesto equivaldría a una “doble tributación”, una práctica que no solo es considerada injusta sino que contraviene tratados internacionales vigentes, como el acuerdo fiscal entre EE.UU. y México.
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El proyecto, en su letra pequeña, también contradice uno de los propios objetivos que dice perseguir: frenar la migración irregular. Las remesas, como advierten los firmantes, permiten que muchas personas en los países de origen no se vean forzadas a emigrar. Al gravarlas, el gobierno estadounidense estaría minando una de las herramientas más eficaces —y humanas— para reducir los flujos migratorios.
Además, el impacto del impuesto sería desproporcionadamente severo sobre hogares encabezados por mujeres, muchas de ellas madres solteras que dependen de esos envíos para sobrevivir. Se trata, por tanto, no solo de un tema fiscal, sino de justicia de género y derechos humanos.
Foto: Redes
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