“Minera Aclara se equivoca y tiene malas prácticas con la ciudadanía”: Defensora de Penco tras fallo que rechazó hostigamiento judicial

Después de cuatro meses de intensa batalla judicial, finalmente la Corte Suprema emitió un fallo en el que rechazó el recurso de protección presentado por la minera Aclara Resources, en contra de dos defensores ambientales de Penco, región del Bío Bío, Camila Arriagada y Arnoldo Cárcamo, acusándolos de desprestigiar su proyecto de tierras raras y «enlodar su reputación», a través de las redes sociales.

Fue en febrero pasado cuando la transnacional, a través de su filial REE Uno SpA, interpuso la acción legal ante la Corte de Apelaciones de Concepción. En el documento de 55 páginas, la empresa acusó a ambos pobladores- que por años han denunciado los daños ambientales causados por los proyectos extractivos que han pretendido instalarse en la comuna-, de gestionar la cuentas de Instagram y Facebook de la organización Keule Resiste, donde presuntamente había sido «víctima de diversos ataques de terceros destinados a enlodar y afectar la reputación y el buen nombre de Aclara».

La minera exigió entre otras cosas, borrar «todo el contenido publicado en el descredito de Aclara y de las diversas personas individualizadas precedentemente injustamente aludidas» y que ambos defensores del medio ambiente se abstuvieran en lo sucesivo de «realizar publicaciones en descrédito de Aclara en cualquier otra cuenta de cualquier red social».

Ambos activistas rechazaron las acusaciones y advirtieron de forma tajante, que se trataba de un intento de censura e intimidación por parte de Aclara contra todo aquel que se opusiera o criticara su proyecto que contempla la construcción y operación en Penco de una mina y una planta de procesamiento de regolito, para producir concentrado de tierras raras.

Defensores de Penco denunciaron «censura y amedrentamiento judicial»

En conversación con El Ciudadano, Camila Arriagada, exconsejera regional del Biobío, indicó que la intención de la minera «es censurar, acallar las voces críticas del proyecto y esto es una clara muestra de amedrentamiento, no solo a las personas que estamos individualizadas en este recurso, sino que es una señal a cualquier persona que pueda hacer alguna publicación en contra de este proyecto, o que quiera decir que no está de acuerdo con esta iniciativa minera, donde también apuntan a dirigentes social».

Denunció un patrón de hostigamiento por parte de Alcara Resources, a través del cual su imagen había sido ensuciada por las acusaciones y señaló que incluso llegó a sentir «temor constante» de que pudiera pasarle algo a ella o a sus familiares.

Asimismo, destacó que por más de 12 años, ha alzado la voz contra el desarrollo del proyecto tierras raras en la comuna de Penco, alertando sobre los daños «irreversibles» que supondría para la calidad de vida, los ecosistemas y los recursos hídricos de la zona.

Detalló los múltiples riesgos que convertirían esta iniciativa en una amenaza para el territorio y sus habitantes y mencionó que una de las principales preocupaciones es la cercanía de las faenas mineras a zonas residenciales.

«Hay faenas mineras que están dentro del proyecto que estarían a menos de 2 kilómetros de algunas poblaciones. Entonces la calidad del aire se ve afectada con todo el material particulado que se va a emitir a la atmósfera», explicó

Además, señaló que la calidad del suelo sufriría alteraciones por las excavaciones profundas y la gran cantidad de tierra, «que van a extraer para obtener muy poco también del mineral que buscan. Las proporciones son magnitudes muy grandes para el territorio».

De acuerdo con Arriagada, uno de los puntos más críticos es el impacto sobre el estero Penco, fuente vital de agua para la comunidad.

«El estero Penco […] tiene características de un río, se va a ver enormemente afectado y es una fuente de agua dulce que tiene características de calidad excepcional, con un PH neutral que permite el consumo directo», afirmó.

La defensora ambiental y territorial advirtió además que la biodiversidad única de la zona también está en riesgo.

«Tenemos especies endémicas únicas en el mundo, como el bosque del Queule, declarado monumento nacional […] Aunque la empresa quiera mitigar y compensar con reforestación nativa, no se va a poder reemplazar los años que este bosque se ha preservado», sostuvo.

De igual forma, planteó que los residuos mineros podrían llegar al mar, agravando el daño ambiental. «Son demasiadas afectaciones que tendría un proyecto con estas características en nuestra comuna», enfatizó, reafirmando la oposición a la iniciativa, que junto a otros activistas como Arnoldo Cárcamo, han dejado de manifiesto por más de una década a través de declaraciones públicas, actividades y puntos de prensa.

Sin embargo, aclaró que ni ella ni Cárcamo debieron ser judicializados por la minera, ni mucho menos acusados de afectar su honra,

«En nuestras declaraciones y en nuestras publicaciones, no hemos hecho amenazas, no hemos levantado ni injurias ni calumnias, sino que hemos manifestado nuestro descontento, hemos manifestado todo lo que pensamos y consideramos que la empresa ha hecho un mal trabajo, lo que se respalda en una consulta ciudadana que se realizó acá en el territorio donde el 99%  de las personas que votaron, que votaron más de siete mil personas dijeron que no al proyecto minero, y eso la empresa no lo considera, lo desvalida», señaló en diálogo con El Ciudadano.

Además negó tajantemente haber administrado o gestionado las cuentas de Instagram y Facebook de la organización Keule Resiste.

«He ocupado mis redes sociales propias, Facebook, Instagram para poder manifestar mi descontento ante esta empresa. Yo nunca he administrado una red social que no sea mi cuenta personal, nunca he estado involucrada con otras plataformas que no lleven mi nombre», aclaró.

Cuestionado fallo de la Corte de Apelaciones

Aunque tanto Arriagada como Cárcamo esperaban que la justicia pudiera resolver el conflicto de la mejor manera posible y determinar que no eran responsables de los hechos por los que la minera los judicializó, el pasado 26 de mayo la Corte de Apelaciones emitió un fallo sobre el recurso de protección interpuesto por Max Larraín Correa, representante legal de REE Uno SpA -filial propiedad de Aclara Resources, en el que decidió acoger la acción legal, ordenando «a los recurridos la eliminación de toda publicación de mensajes o imágenes o finalmente contenido que hayan á replicado de la página de Instagram cuenta @Keuleresiste o Facebook Keule Resiste, (…) debiendo asimismo abstenerse, en lo sucesivo, de realizar actos como el que dio origen a la presente acción».

La resolución del tribunal de alzada levantó alarmas y críticas por parte de diversas organizaciones, como también por las partes acusadas, ya que limitaría la publicación o así como la posibilidad de compartir contenido que cuestione el proyecto minero, señalando que «si existen elementos de juicio que, ponderados bajo este tipo de acción constitucional, que han permitido establecer que los hechos recurridos han replicado los mensajes, publicaciones e imágenes que se á encuentran alojadas en la plataforma de la cuenta @Keuleresiste».

El fallo de la Corte de Apelaciones fue catalogado por Camila Arriagada como una «señal de amedrentamiento y hostigamiento contra quienes defendemos nuestro territorio».

«Quieren sentar precedentes de que no pueden haber voces críticas en los territorios, que no se puede oponer nadie a un proyecto porque está en riesgo de ser judicializado. Es claro el mensaje que quieren transmitir con este tipo de judicialización», planteó.

La defensa de los ambientalistas, compuesta por la abogada Antonia Figueroa y el abogado Cristian Urrutia presentaron un recurso de apelación, indicando que el fallo a favor del recurso de Aclara infringía el principio de congruencia procesal, vulneraba el debido proceso y se basaba en una errónea valoración de la prueba, ya que no existía un nexo entre Arriagada y Cárcamo y la administración de dicha cuenta de red social, ni alguna prueba que acredite su participación.

En el documento, los profesionales indicaron que en su resolución, el tribunal de alzada determinó que «no existe ningún elemento de juicio que permita ponderar algún tipo de relación de dominio con las referidas cuentas desde las cuales se realizan las publicaciones» y a pesar de ello, «sin mediar prueba que lo acredite», estableció que «existen elementos de juicio que […] han permitido establecer que los recurridos han replicado los mensajes, publicaciones e imágenes […]».

«Nos parece insólito porque no existe ninguna prueba que vincule a nuestros representados y tiene por objeto amedrentar en definitiva y acallar las voces de la disidencia contra la minera», enfatizó el abogado Urrutia.

Suprema pone fin al «hostigamiento judicial» de Aclara contra activistas

Tras revisar los antecedentes del caso, la Tercera Sala de la Corte Suprema, integrada por los ministros (as), Adelita Inés Ravanales A., Jean Pierre Matus A., Mireya Eugenia Lopez M. y los abogadas integrantes, Pía Verena Tavolari G., Andrea Paola Ruiz R. Santiago, decidió revocar la sentencia apelada emitida por el tribunal de alzada el 26 de mayo de 2025, y en su lugar rechazar la acción constitucional de autos.

El máximo tribunal resolvió que no existían elementos suficientes para atribuir la autoría de los contenidos a los activistas ambientales demandados.

La Suprema determinó que con base en los antecedentes acompañados en autos, «no resulta posible tener por acreditado que los actos que se denuncian como ilegales o arbitrarios hayan sido cometidos por los recurridos, desde que en parte alguna existe referencia, mención o aparece algún elemento identificatorio de los mismos».

«Aclara se equivocó al judicializar a personas con voces críticas hacia tierras raras»

Tras conocerse el dictamen de la Corte Suprema, El Ciudadano contactó a Camila Arriagada para conocer sus impresiones sobre este hecho que marca un precedente en el conflicto existente por más de una década entre la minera Aclara Resources y las comunidades y organizaciones sociales de Penco que defienden su territorio frente al cuestionado proyecto minero de tierras raras y sus posibles impactos ambientales.

La activista calificó como «una señal muy positiva» que el máximo tribunal del país haya revocado el fallo de la Corte de Apelaciones de Concepción. «Por una parte, para dejar en claro que la empresa minera Aclara se equivoca y tiene malas prácticas con la ciudadanía, con la comunidad de Penco al judicializar a personas con voces críticas a este proyecto minero de tierras raras».

«Por otra parte, también deja en evidencia el mal funcionamiento de una Corte de Apelaciones que da un dictamen, un fallo sin tener pruebas y de forma arbitraria», indicó.

La defensora ambiental planteó que «todo intento de censura y de acallarnos a la oposición de este proyecto, no tiene lugar ni en la justicia y no tiene lugar tampoco como movimiento social que llevamos muchos años oponiéndonos a este proyecto».

Asimismo, expresó su agradecimiento por el apoyo que han recibido por parte de más de 250 organizaciones y personas naturales, que advirtieron sobre el intento de aplicar censura y hostigamiento judicial hacia quienes tienen una postura crítica ante el extractivismo.