Ministerio Público reporta 8.575 víctimas de violaciones a los DD.HH tras estallido social

El Ministerio Público confirmó que a casi un año desde el inicio del estallido social, se han registrado un total de 8.575 víctimas asociadas a presuntas violaciones a los derechos humanos por parte de funcionarios policiales.

«La cifra de casos asciende a 8.575 víctimas, nosotros las contamos como víctimas. De esos, tenemos como imputados conocidos que nos permitían poder identificarlos son 919. Desconocidos tenemos alrededor de siete mil», indicó este lunes la directora de la Unidad de DD.HH. de la Fiscalía, Ymay Ortiz, ante la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios de la Cámara de Diputadas y Diputados.

Ortiz destacó que de las denuncias realizadas hay 63 funcionarios policiales formalizados en 29 causas.

«Todos estos imputados están con medidas cautelares decretadas, ya sea prisión preventiva o medidas cautelares», explicó la abogada, agregando que «se han presentado acusaciones en tres casos, tenemos un caso de condena y durante la semana del cinco de octubre se actualizará la información estadística donde se van ingresando los casos formalizados«.

Asimismo indicó que para octubre hay varias audiencias de formalización fijadas, por lo que se prevé que estas cifras «podrían aumentar».

Sin embargo, al analizar la cantidad de cargos imputados puede decirse que menos del 1 por ciento de los agentes del Estado que cometieron esas violaciones han enfrentado cargos ante la justicia.

Esta situación se debe a varias razones: lesiones menores o fuerza desmedida en detención de personas que no fueron pasadas a tribunales, por lo que no hay datos sobre los autores; personas que pidieron atención médica y fueron los doctores los que presentaron la denuncia con los escasos antecedentes disponibles, o bien, víctimas no quisieron seguir adelante con la causa.

En ese sentido, el diputado Miguel Crispi (RD) se refirió a la llamativa diferencia entre el número de personas afectadas versus los formalizados por denuncias, a lo que Ortiz respondió que han debido realizar un trabajo de “pirquineo” para determinar si en las causas que llegaron podrían haber violaciones a las garantías fundamentales, por lo que anticipa una posible alza en la cifra de formalizados en la próxima semana, cuando será actualizada.

Por ejemplo, hay casos en que se presentan denuncias por lesiones leves, pero en el contenido de las declaraciones se da cuenta de que las víctimas habrían sufrido vejaciones, como obligaciones a desnudarse o a hacer sentadillas.

Pese a que la unidad que se dedica a abordar estas denuncias en la Fiscalía fue reforzada temporalmente con dos abogados, Ortiz afirmó que “no damos abasto”, al tiempo que comprometió el deber de atender todos los casos que se reciban.

Por tanto, el parlamentario del Frente Amplio remarcó al término de la sesión que “la tesis de Carabineros de Chile, que sostuvieron durante todo el estallido social, de que estamos hablando de casos aislados se cae sola”.

“Son cifras graves, alarmantes, y esperamos que haya un compromiso institucional por parte del Gobierno, de la Fiscalía y por supuesto de Carabineros, pero quien manda ahí es el Gobierno, de que las personas van a poder tener acceso a estas garantías constitucionales, y garantizar por tanto el derecho a la protesta y a la movilización”, afirmó Crispi.

16 carabineros dados de baja

Por su parte, el general inspector Gonzalo del Alcázar, director de Contraloría de Carabineros, informó, en la misma comisión, que se han realizado 1.270 procesos indagatorios internos, que derivaron en la formulación de cargos a 170 efectivos policiales.

“De los 170 funcionarios antes mencionados, 16 de ellos ya fueron desvinculados de la institución -baja con efectos inmediatos-, mientras que a otros 19 también se les está proponiendo una medida expulsiva en el sumario administrativo, y que se va a aplicar una vez que se encuentre afirme”, puntualizó.

Asimismo, indicó que  otros 135 uniformados recibieron cargos como arrestos, reprensiones o amonestaciones por estas causas, sanciones que aparecen en sus respectivas hojas de vida y potencialmente afectarían su carrera dentro de Carabineros.