Movilh denuncia que hombre fue apartado de su hijo por ser gay: Madre sacó al menor del país

Foto: Movilh

Víctor Muñoz, trabajador de 31 años, denunció este martes que no puede ver a su hijo desde mediados de diciembre del año pasado, luego de que la madre lo sacara del país con el fin de apartarlo de él debido a su orientación sexual.

El hecho, dado a conocer por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), se remonta a octubre de 2016 cuando el Juzgado de Familia de Colina autorizó a la madre a llevar de vacaciones al niño a Estados Unidos, rumbo al que partiría junto a su actual esposo.

“La autorización fue para que mi hijo solo saliera como turista y para que regresara el 11 de diciembre. Sin embargo, no volvió. Yo me opuse en el juzgado a que saliera del país, porque sabía que esto no eran vacaciones y que la madre no le iba a traer de regreso, porque rechaza que me relacione con él por mi orientación sexual. Ella me ha tratado de cochino, asqueroso y desequilibrado mental por ser gay. El juez no me escuchó”, señaló Muñoz.

El padre asegura que la salida del país de su hijo fue antecedida por constantes amenazas y comentarios homofóbicos que la madre envió por Facebook o mensajes de texto, criticando particularmente su relación con otro hombre.

Desde el Movilh cuentan que tuvieron acceso a uno de estos mensajes. “Desde hoy te declaro la guerra. Si no te alejas de mi hijo, haré lo imposible para que lo veas lo menos posible. Acaso no te das cuentas del daño que le haces. Tu relación no es sana para mi hijo. Si no te apartas de su vida, juro que te lo quitaré y no me importa que esto suene a amenaza, porque así lo es. Sufre porque los compañeros se burlan de él porque su papá es gay”, habría indicado la madre.

Si bien el caso de Muñoz no es de adopción homoparental, sí se le niega acompañar a su hijo por su relación con otro hombre.

Tocar puertas

Desde el 11 de diciembre Muñoz ha tocado todas las puertas sin obtener respuestas satisfactorias, salvo una del 13 diciembre, cuando el juzgado le informó que la madre había retrasado unos días el regreso a Chile porque el niño estaba enfermo. Sin embargo, tras eso, no ha tenido más novedades.

“La última vez que yo pude hablar con mi hijo fue el 25 de diciembre. Me escribió para desearme feliz Navidad y me comentó que le habían quitado su celular. Hasta la fecha no sé nada de él”, apuntó Muñoz.

Es por esta razón -dice- que fue hasta el juzgado a informar de la situación, «pero me dijeron que como ella era la madre yo poco podía hacer, lo cual me pareció verdaderamente una burla». Luego de eso llegó hasta la Embajada de Estados Unidos. «Me dijeron que ellos solo se encargaban de dar la visa», señala al respecto. En Carabineros, en tanto, cuenta que solo pudo dejar una constancia, y en Fiscalía puso una demanda por desacato a la orden de llegada. Eso hasta el  momento sigue en proceso. «Esto es un secuestro”, sostiene el padre.

Junto con expresar su solidaridad a Muñoz, el Movilh precisó que “esta es una situación lamentable, pues solo el odio a la diversidad lleva a una madre a obstaculizar el derecho de su propio hijo de estar con su padre. En este contexto, estamos ya evaluando qué acciones legales pueden cursarse en marzo”.

El organismo apuntó que “los padres con una orientación sexual diversa nunca o casi nunca luchan por el derecho de compartir junto a sus hijos, debido al machismo y homofobia predominante. Muñoz es así un ejemplo». Junto con ello, añadieron: «Esperamos que esta tragedia familiar se resuelve lo antes posible”.

Caso de Karen Atala

Un importante antecedente para este caso denunciado por el Movilh es el de la jueza Karen Atala, quien presentó una demanda en 2004 contra el Estado de Chile ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), luego de que se le quitara la tuición de sus hijas, mediante un fallo de la Corte Suprema por su condición de homosexual.

Esto implicó que la CIDH resolviera que el Estado había discriminado a la jueza y a sus hijas y que éstas sufrieron la violación a los derechos de igualdad y a la no discriminación, además de su derecho a la vida privada.

Chile fue sentenciado a pagar una indemnización por daños morales de alrededor de 35 millones de pesos. Además, fue obligado a realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional y a implementar programas y cursos permanentes de educación y capacitación dirigidos a funcionarios públicos.