La Corte Suprema le dejó en claro al ministro de Justicia Fernando Rabar que no cuenta con un plazo de 24 horas ni una carta blanca, por lo que deberá resolver «a la brevedad» si decide aprobar o rechaza una rebaja de condena solicitada por un condenado por violar a una niña.
Se trata de Víctor Manuel Alarcón Torres, de 54 años, quien en el año 2024 fue sentenciado a cumplir una pena de cinco años y un día de prisión por la violación reiterada de la hija de su conviviente, en el periodo comprendido entre 2018 y 2021, mientras la víctima tenía entre 10 y 13 años.
En la actualidad Alarcón se encuentra recluido en la cárcel de Limache. Sin embargo, la Segunda Sala del máximo tribunal del país confirmó el pasado martes 17 de noviembre una sentencia de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, en la que decidió acoger un recurso de amparo presentado por la defensa del condenado ante la falta de respuesta del ministerio de Justicia.
Esta situación coincidió con la decisión que anunció Rabat el 23 de octubre, de suspender las rebajas para condenados por delitos sexuales contra menores, tras la crisis judicial y política que generó la revelación de 56 decretos emitidos por la cartera durante su gestión en los que se concedieron beneficios a 27 personas condenadas por abuso sexual y 29 por violación.
Estas rebajas fueron aplicadas bajo la denominada «doctrina Rabat», que apunta a la reforma legal de 2022, que excluyó a condenados por determinados delitos sexuales contra menores de la posibilidad de acceder a estos beneficios. Según el secretario de Estado, esa restricción no puede aplicarse a hechos anteriores a su entrada en vigencia, debido al principio constitucional que impide aplicar retroactivamente una ley penal en perjuicio del condenado.
Bajo esa lógica, todos quienes fueron condenados antes de esa fecha podrían solicitar la reducción si cumplen ciertos requisitos, y el Estado estaría obligado a concederla.
Ante la magnitud del escándalo, el pasado 9 de noviembre, el Gobierno de José Antonio Kast optó por extender el congelamiento de las rebajas de condenas todos los delitos, mientras impulsa una reforma que busca eliminar dicho mecanismo.
En el caso de Alarcón, aunque en un inicio fue excluido por la Comisión de Reducción de Condena de Valparaíso, su defensa logró que la justicia ordenara reincorporarlo al proceso de evaluación por la naturaleza del delito y resultó calificado con conducta sobresaliente.
De acuerdo con sus abogados, con las rebajas acumuladas el condenado por violar a una niña hubiera salido de la cárcel de Limache el pasado 26 de octubre, pero esto no sucedió ya que el Ministerio de Justicia no había emitido una resolución, por lo que optaron por presentar nuevo recurso de amparo.
Acto seguido, el 5 de noviembre, la Corte de Valparaíso ordenó resolver la petición en 24 horas y la cartera dirigida por Rabat decidió apelar, usando como argumento de que la legislación no establece un plazo específico para pronunciarse.
Suprema ordena a Rabat resolver «a la brevedad»
La Suprema decidió corroborar la sentencia del tribunal de alzada en el caso de Alarcón y le ordenó que el Ministerio de Justicia deberá “a la brevedad, acoger o rechazar la solicitud de reconocimiento del beneficio de reducción de condena”, conforme a la Ley 19.856 y su reglamento, consignó Emol.
Ante este escenario el ministro Rabat deberá pronunciarse sobre la solicitud de rebaja de condena para el sentenciado por violar reiteradamente a una niña, mientras que a la par se tramita la acusación constitucional ingresada en su contra por diputados de la oposición.
El documento consta de tres capítulos: el primero aborda 56 decretos con rebajas de condena; el segundo, las rebajas otorgadas a tres condenados por crímenes de lesa humanidad cometidos en dictadura; y el tercero apunta posibles faltas al principio de probidad del ministro Rabat, debido a la entrega de información incompleta o inexacta en sus intervenciones ante el Congreso y también en sus expresiones públicas.
