“Nos sentimos un poco solos”: hija de víctima exige justicia ante nueva derrota de la mano derecha del Mamo Contreras

"Seguimos topándonos con la impunidad biológica. Muchos de los responsables mueren sin declarar, y mientras no haya acceso a la información que aún poseen, no podremos cerrar estas heridas", señaló María Luisa Ortiz, hija de Fernando Ortiz, dirigente del Partido Comunista desaparecido durante la dictadura de Pinochet.

“Nos sentimos un poco solos”: hija de víctima exige justicia ante nueva derrota de la mano derecha del Mamo Contreras

Autor: Leonardo Buitrago

Luego de que la justicia australiana rechazara un nuevo recurso presentado por Adriana Rivas, exagente de la DINA y secretaria personal del general (R) Manuel Contreras, conocido como el «Mamo», acercando su posible extradición a Chile, donde está acusada de participar en secuestros, torturas y desapariciones durante la dictadura de Augusto Pinochet, los familiares de las víctimas celebran la decisión, pero expresan frustración por los años de dilaciones judiciales.

Rivas quien responde al alias «La Chani» está siendo procesada por los casos “Conferencia I”, “Conferencia II” y el episodio “Reinalda Pereira”, como coautora de los delitos de secuestro calificado.

Entre sus víctimas más emblemáticas se encuentra Víctor Díaz López, secretario general del Partido Comunista (PC), detenido el 29 de junio de 1976 junto a otros seis militantes: Fernando Navarro, Lincoyán Berríos, Horacio Cepeda, Juan Fernando Ortíz, Héctor Véliz y Reinalda Pereira, joven tecnóloga médica quien estaba embarazada de cinco meses al momento de su detención. Todos fueron torturados y desaparecidos.

Fernando Ortiz con Estela y María Luisa Ortiz. (ABC News).

“Nos sentimos un poco solos”

Desde Santiago, María Luisa Ortiz, hija de Fernando Ortiz, conversó con el medio SBS Spanish sobre la mezcla de alivio y frustración que generó el fallo de la jueza Erin Longbottom, de la Corte Federal de Australia.

«Para nosotros fue muy satisfactorio, pero también nos genera preocupación e incertidumbre. Cada vez que se rechaza un recurso, ella vuelve a apelar y eso dilata la posibilidad de que enfrente la justicia en Chile. Han pasado casi 50 años desde la desaparición de nuestros seres queridos. El tiempo de la justicia es demasiado largo», afirmó

Ortiz, quien se desempeña como Jefa del Área de Colecciones e Investigación del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, criticó la falta de apoyo social a la lucha por verdad y justicia y enfatizó el sentimiento de soledad que enfrentan los familiares de las víctimas de la dictadura.

«Nos sentimos un poco solos. Hoy somos los familiares, algunos abogados, y algunos amigos quienes seguimos insistiendo. Pero esto no es solo un problema nuestro. La justicia es responsabilidad de toda la sociedad”, planteó María Luisa Ortiz, hija de Fernando Ortiz, dirigente comunista y académico de la Universidad de Chile desaparecido.

“¿Dónde están los gremios a los que pertenecieron nuestros familiares? Reinalda Pereira era tecnóloga médica. ¿Dónde están los tecnólogos médicos exigiendo justicia? ¿Dónde están los profesores de la Universidad de Chile demandando la extradición de Rivas? Nos sentimos un poco solos. Hoy somos los familiares, algunos abogados, y algunos amigos quienes seguimos insistiendo. Pero esto no es solo un problema nuestro. La justicia es responsabilidad de toda la sociedad”, señaló al medio citado,

Además, cuestionó las redes de apoyo que habrían permitido a Rivas evadir la justicia por décadas.

«Sabemos que estos procesos son costosos. Nos gustaría saber quién la está apoyando. No pudo salir del país sola, ni mantenerse tantos años en procesos judiciales sin respaldo. Es importante conocer eso», enfatizó.

Adriana Rivas posa con su jefe, el director de la temible DINA, Manuel «Mamo»Contreras.

La deuda con la verdad: Rivas como testigo clave

Para Ortiz, la extradición de Rivas no solo es un tema de castigo por su participación en los crímenes de lesa humanidad, cometidos en el cuartel Simón Bolívar, uno de los centros de tortura más brutales de la dictadura, sino de acceso a la verdad histórica.

«Ella puede aportar mucha información sobre lo que ocurrió en ese cuartel de exterminio. Sabía quiénes estaban, qué hacían con ellos, y probablemente también dónde fueron enterrados o hechos desaparecer. Su testimonio podría ayudar a saber el destino final de los otros seis detenidos», planteó.

Según datos oficiales, de las 1.469 personas desaparecidas durante la dictadura de Pinochet, apenas 307 han podido ser halladas e identificada

Aunque valoró los esfuerzos del gobierno del presidente Gabriel Boric por reactivar la búsqueda de detenidos desaparecidos, Ortiz advirtió que, sin romper los pactos de silencio, será difícil avanzar para poder obtener verdad, justicia y reparación.

Asimismo, indicó que la impunidad biológica (la muerte de los represores sin confesar) sigue siendo un obstáculo.

«Seguimos topándonos con la impunidad biológica. Muchos de los responsables mueren sin declarar, y mientras no haya acceso a la información que aún poseen, no podremos cerrar estas heridas», advirtió.

En declaraciones a Diario U de Chile, María Luisa Ortiz cuestionó el largo tiempo que han tomado las instancias institucionales en hacer justicia y a los múltiples caminos que ha tenido Rivas a su disposición para poder seguir dilatando su regreso a Chile.

“Hay que decir que en el proceso nuestro no solo Adriana Rivas está prófuga, también lo está Federico Chaigneau, que también tenía medidas cautelares. Aquí hay debilidades en el sistema de control y ahí hay una responsabilidad del Estado”, recordó.

“En el caso de Rivas, esperamos que haya aún más manifestación de interés de que para Chile es importante que ella vuelva, que enfrente a la justicia, porque es importante para la democracia. Los crímenes contra la humanidad deben ser sancionados. Es un mensaje para la sociedad y nos fortalece como democracia que así sea”, afirmó.

Asimismo, la hija de Fernando Ortiz, dirigente comunista y académico de la Universidad de Chile, se refirió responsabilidad de la mano derecha del «Mamo Contreras» y otros agentes de la dictadura en el silencio.

“Pongámonos en el caso de que el miedo a decir algo impida que la persona cuente lo que ahí pasa, pero después del término de la dictadura nosotros no supimos nada de nuestros familiares hasta que salió el informe de la Mesa de Diálogo, en el 2001. Solo en ese informe se reconoció la detención. También, buscar el lugar de encuentro fue una tarea. Estuvimos durante varios meses ahí y lo que encontramos fueron restos óseos. Solo el 2012, 11 años después, pudimos identificar, algunos de nosotros, algunos restos”, planteó al citado medio.

Enfatizó que Rivas “no puede decir que no tiene responsabilidad” en los crímenes de lesa humanidad cometidos por los agentes de la DINA durante el régimen de Pinochet. “Ningún agente que haya sido parte de la organización criminal que fue la DINA puede decir que no tuvo responsabilidad”, aseveró.

Agente de la DINA y mano derecha del «Mamo»: ¿Quién es Adriana Rivas?

Adriana Rivas, alias “La ChanI”, era estudiante de secretariado en 1973, cuando en septiembre de ese año, el golpe de Estado derrocó al gobierno democrático de Salvador Allende. Después fue contratada para trabajar como secretaria en la repartición de Defensa. Sin embargo, el cargo era sólo una fachada. En realidad, Rivas ejercía labores para la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) que operó en Chile entre 1973 y 1977 y fue creada por la represión militar como una agencia de espionaje que se dedicaba al secuestro, tortura y asesinato de rivales políticos

Rápidamente ascendió como secretaria de Manuel Contreras, el temido jefe de la policía secreta de Pinochet, conocido como el «Mamo».

Su servicio como «mano derecha», fue derivando a un papel de agente sobre el terreno, dado que sus conocimientos de idiomas y formación le permitía infiltrarse en cualquier escenario.

«Como yo, gracias a Dios, era bonita, tenía un buen cuerpo, un buen trato, buena modulación, entonces yo tenía clase. Sabía tratar, sabía comer, podía ir a cualquier parte e iba a pasar por uno de ellos», relataba la propia Rivas en el documental El pacto de Adriana, que realizó su propia sobrina, la cineasta Lisette Orozco.

Pero su rol no se limitó a tareas administrativas, Según testimonios judiciales y sobrevivientes, Rivas participó activamente en la Brigada Lautaro, un grupo de exterminio creado a mediados de 1974 para dar protección al «Mamo» Contreras. No obstante, su objetivo varió a los pocos meses, por lo que el núcleo de efectivos de la Armada encargados en prestar seguridad al máximo líder del organismo represivo y su familia, se convirtió en uno de los principales grupos encargados de la persecución de miembros de la cúpula del Partido Comunista (PC).

A la cabeza de esta unidad se encontraba el capitán castrense Juan Morales Salgado. En 1975 se incorporarían al equipo funcionarios de las restantes Fuerzas Armadas, así como un contingente de civiles que incluía hombres y mujeres.

En ese momento, según relató Morales en su testimonio ante la PDI, se sumó como agente Adriana Rivas también conocida como la «Chani».

Esta temida brigada operó en el cuartel Simón Bolívar, ubicado en la calle Simón Bolívar 8630, en la comuna de La Reina, que se convirtió en un centro de tortura, donde se experimentó con gas sarín bajo la dirección del agente Michael Townley.

En la declaración entregada por la «Chani» a la policía, descartó haber sido una agente operativa de Lautaro y dijo que cumplía funciones como secretaria administrativa. Sin embargo, en la investigación se encuentran múltiples testimonios de exagentes y colaboradores que la vinculan como miembro activo del grupo, quienes la han descrito como una persona despiadada en los interrogatorios.

Uno de ellos fue Jorgelindo del Carmen Vergara Bravo, auxiliar del cuartel Simón Bolívar, quien también fue conocido públicamente como «el Mocito» y quien relató en El pacto de Adriana como una vez tuvieron que quitarle a un detenido para evitar que lo matara a golpes.

«No la vi matar gente, pero torturó al extremo de que quedó moribunda. Después llegó la teniente Calderón y le puso el tiro de gracia, una inyección de cianuro a la vena», indicó Vergara, en un testimonio fundamental en la causa contra la «Chani», ya que ninguno de los presos políticos que pasaron por el cuartel lograron sobrevivir.

«Rivas tuvo participación en el encierro y privación de libertad de las víctimas, toda vez que cumplió funciones de guardia y de otros tipos operativas», señaló por su parte, el requerimiento que la justicia chilena realizó a su par australiana.

.Pese a las evidencias, la exagente de la DINA insiste en negar todos los cargos en su contra.

En una entrevista con SBS Spanish en 2013, declaró no haber participado en actividades ilegales, pero justificó el uso de la tortura, diciendo: «Es la única manera de quebrar a las personas».

En enero de 1978, Adriana Rivas dejó Chile para comenzar una nueva vida en Australia a través de una visa conyugal. Desde su llegada a esa nación, trabajó como niñera y limpiadora.

En un viaje que hizo a Chile en 2006, mientras visitaba a sus familiares, Rivas fue detenida y acusada de estar implicada en el secuestro y desaparición los siete dirigentes del Partido Comunista (PC), todos víctimas del denominado «Caso Conferencia».

Durante la investigación judicial en Chile, Adriana Rivas quedó en libertad bajo fianza y en 2010 salió del país ilegalmente para residir de nuevo en Australia, donde se instaló en Sídney en un bloque de apartamentos en Bondi, subsidiados por el gobierno. A partir de entonces vivió como fugitiva de la justicia chilena y se mantuvo trabajando como niñera y limpiadora.

En enero de 2014 el Ministerio de Relaciones Exteriores australiano recibió una solicitud de extradición para la mano derecha del «Mamo Contreras» por parte del Gobierno de Chile.

Australia tardó cinco años en iniciar la evaluación judicial hasta que aceptó la petición de extradición en 2019.

En febrero de ese año, Rivas fue detenida en Sídney y desde entonces ha impulsado con sus abogados australianos un largo proceso de apelaciones en contra de su detención y extradición.

En octubre de 2020, un magistrado de Sídney desestimó las objeciones del equipo legal de Rivas y dictaminó que la chilena cumplía los requisitos para la extradición.

Sus abogados impugnaron la decisión del magistrado ante el Tribunal Federal, pero un juez desestimó su solicitud de revisión.

Corte australiana dice no a solicitud de Rivas y sigue en pie su extradición

Recientemente, los integrantes de la defensa de alias «La Chani» ingresaron un nuevo recurso para poder apelar a la decisión del juez Michael Lee del Tribunal Federal Australiano, quien en febrero pasado les negó el acceso a la totalidad de los informes en que se apoyó el fiscal general australiano para ordenar su entrega a Chile.

Sin embargo, el pasado viernes, la jueza Erin Longbottom, de la Corte Federal de Australia, rechazó la venia para apelar.

Al respecto, Francisco Ugás, abogado del Estudio Jurídico Caucoto Abogados y quien representa a los familiares de las víctimas, valoró positivamente la decisión adoptada por parte de la justicia de Australia.

“Nos contenta que esas esperanzas que expresamos hace unos días atrás, en cuanto a que esta petición de Rivas y su defensa, de absoluto carácter dilatorio, debiese ser desestimada por su falta de fundamentos, se haya concretado. Junto a las familias de las víctimas, proseguiremos atentos y expectantes a las futuras actuaciones y audiencias judiciales en Australia relativas a este proceso de extradición, en el cual ya pocas herramientas jurídicas le van quedando a Rivas. Anhelamos que ella sea puesta a disposición a la brevedad ante nuestra Judicatura, para su debido juzgamientos y sanción por los crímenes que se le imputan”, indicó el jurista.

Señaló que con esta decisión de la jueza Erin Longbottom, Adriana Rivas tiene dos caminos, en primer lugar puede apelar ante el Pleno de la Corte Federal, instancia integrada por 3 jueces, quienes en un plazo cercano a tres meses y medio podrían conocer y resolver esta decisión de la magistrada.

En caso de ser rechazada esta apelación, la causa retornaría al juez Lee, quien tendría que determinar si la decisión de entregar a Rivas a Chile, en calidad de extraditada, se hizo conforme a derecho.

La misma situación procesal podría ocurrir si la ex agente de la DINA, no decide apelar respecto de la decisión dictada por la magistrada Longobottom.

La resolución que, en definitiva, adopte el juez Lee sobre si la entrega de Rivas a Chile se hizo conforme a derecho, puede ser apelada para ente al Pleno de la Corte Federal. Si, eventualmente, se rechaza la apelación de Rivas, la única impugnación posible es reclamar ante la Alta Corte de Australia (High Court), a instancia a la cual puede recurrir sólo si consigue venia de ese mismo tribunal, la cual únicamente se otorga ante casos de importancia nacional, según dispone la legislación australiana.

Por tal, motivo el panorama no se ve fácil y auspicioso para la mano derecha del «Mamo Contreras».


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