Obras del Mundial de Fútbol y los Juego Olímpicos en Brasil violan derechos humanos según la ONU

Miles de desalojos de familias han sido llevados a cabo ya en ocho ciudades brasileñas, en las que la población afectada por las obras de los Juegos y el Mundial no ha tenido tiempo de proponer y discutir alternativas.

La relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para el derecho a la vivienda, Raquel Rolnik, criticó fuertemente a las autoridades de ocho ciudades de Brasil por presionar a miles de familias para que abandonen sus hogares, ubicados en las zonas donde estarán las infraestructuras de la Copa del Mundo de Fútbol de 2014 y los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en 2016.

En un informe hecho público este martes, Rolnik afirma estar “particularmente preocupada” por lo que “parece ser un patrón de actuación, de falta de transparencia y de consulta, de falta de diálogo, de falta de negociación justa y de participación de las comunidades afectadas en los procesos de desalojo ejecutados o planeados”, con vistas a ambos eventos deportivos, que en su opinión atentan contra los derechos humanos.

Miles de desalojos de familias han sido llevados a cabo ya en las ciudades de Sao Paulo, Río de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, Recife, Natal y Fortaleza, donde la población afectada por las obras de los Juegos y el Mundial no ha tenido tiempo para proponer y discutir alternativas.

“Se prestó insuficiente atención al acceso a las infraestructuras, servicios y medios de subsistencia en los lugares donde esas personas fueron realojadas”, señala el informe, que pide a las autoridades de las urbes en cuestión que “detengan los desalojos ya planeados hasta que se asegure el diálogo y la negociación”.

Rolnik dice estar “muy preocupada por la poca compensación económica ofrecida a las comunidades afectadas, lo que es aún más grave dado el aumento del valor de los terrenos en los que se construirá”.

Aunque la ONU pide en el documento a Brasil que lleve a cabo una planificación que garantice “un impacto social y ambiental positivo y que se eviten las violaciones de los derechos humanos, incluido el alojamiento digno”, hasta el momento el Gobierno de la presidenta Dilma Rousseff no se ha pronunciado.

No obstante, la opinión pública brasileña coincide en que la mandataria, que ha reiterado que la defensa de los derechos será el eje de las preocupaciones de su Gobierno, no dejará de pedir información y responsabilidades a las autoridades de las ciudades acusadas de los desalojos sin garantías ni diálogo.

El Ciudadano