Operación retiro de televisores: Familiares de las víctimas critican bajas penas para los condenados

Los familiares de los 18 campesinos asesinados en la comuna de Mulchén, Región del Biobío, en octubre de 1973, cuestionaron las bajas condenas que recibieron los 11 ex integrantes del Ejército y Carabineros de Chile por los delitos de secuestro calificado, homicidio calificado, inhumación y exhumación ilegal de las víctimas.

Según informa radio Cooperativa, las condenas fueron dictadas el martes por el ministro en visita para causas de derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Concepción, Carlos Aldana. Ellas, fueron de 10 años y un día de cárcel para los carabineros en retiro Jacob Ortiz, Juan de Dios Higueras, Osvaldo Díaz y Héctor Guzmán, por 12 homicidios calificados, mientras que por el delito de secuestro de otros seis campesinos, se le sumarán cinco años y un día sin beneficios, mientras que por inhumaciones ilegales serán 300 días más de condena.

El punto es que las condenas de los militares serán en libertad vigilada, puesto que «la pena de ellos es por encubridores, porque ellos no participaron ni como autores ni como cómplices, pero sí lo hicieron como encubridores», indicó el ministro.

En tanto, los militares José Iturriaga, Jaime Müller, Julio Fuentes, Luis Palacios, Juan Carlos Balboa y Jaime García, fueron condenados por el delito de encubrimiento de homicidio simple de 11 víctimas a tres años y un día de cárcel, además de 541 días por la exhumación ilegal concretada en 1978 para hacer desaparecer los restos de los campesinos lanzándolos al mar. Finalmente, Julio Reyes fue condenado a tres años y un día de cárcel por encubrimiento de 11 homicidios simples y 300 días por la exhumación ilegal, mientras que el suboficial en retiro del Ejército José Puga fue absuelto de todos los cargos que se le imputaban.

La operación «retiro de televisores» fue el nombre en clave que le dio la dictadura al desentierro de cadáveres opositores asesinados por las Fuerzas Armadas, que se encontraban sepultados en fosas clandestinas en diversos puntos de Chile. Tras ser desenterrados, los cadáveres fueron lanzados al mar.

En ese sentido, la abogada querellante, Patricia Parra, denunció que no se tomó en cuenta que son 44 años en que hijos, hijas, esposas, madres, padres, hermanos y hermanas no han parado de buscar Justicia, por lo que no se descartar recurrir de apelación.

«No estamos hablando de familiares que hace poco hayan iniciado acciones judiciales; estamos hablando de familiares que desde el año 1973, desde que pierden a sus familiares, han buscado verdad y justicia para ellos», sostuvo la jurista.