Ordenan a Gendarmería permitir que mapuche engrillada durante parto cuide y amamante a su hija

La Corte de Apelaciones de Concepción declaró este miércoles 19 de octubre admisible el recurso de protección presentado por la defensa de la mapuche Lorenza Cayuhuán Llebul, quien cumple una condena de 5 años y un día en la cárcel de Arauco.

El tribunal ordenó a Gendarmería permitir que la mujer asista, cuide y alimente, noche y día, a su hija que nació prematura, el viernes 14 de octubre recién pasado.

Cabe recordar que ese día la comunera mapuche fue obligada a parir engrillada de los pies y ante la presencia de Gendarmes en la Clínica de la Mujer del Sanatorio Alemán en Concepción. El hecho provocó una serie de reacciones de repudio, rechazó que se vio amplificado en un contexto en donde se demanda con urgencia desde gran parte de la ciudadanía el fin de la violencia contra las mujeres.

El fallo, dictado por la Primera Sala del tribunal de alzada, señala que el contacto físico, cuidados y amamantamiento hacia la niña por parte de su madre se podrá realizar por tres meses, sin perjuicio de que este plazo pueda ser extendido.

Junto con ello, se ordenó oficiar a Gendarmería para que en un plazo de 8 días se adjunten «todos los antecedentes que existan en su poder» sobre la situación en la que se encuentra Lorenza Cayuhuán Llebul.

Foto infinita.cl

«Este procedimiento atenta contra la dignidad de las personas»

“Estuve con grilletes a la camilla. Y de ahí estuve con grilletes hasta el día del parto en la tarde… después me sacaron los grilettes, cuando la guagua ya había nacido“, relató la comunera mapuche en una conversación registrada por el senador Alejandro Navarro, hecho que había sido negado inicialmente por la institución de Gendarmería.

El indigno y violento trato contra la mujer derivó en que la Defensoría Penal Pública presentara un recurso de amparo en la Corte de Apelaciones a favor de Cayuhuán, acción a judicial que recibió el apoyo del Instituto Nacional de Derechos Humanos. En ese sentido, Carolina Chang, Jefa Regional de la instancia, señaló a El Ciudadano que «este procedimiento atenta contra la dignidad de las personas, en particular, los derechos de las mujeres y las personas privadas de libertad”.