CIUDAD DE PUEBLA, 13 DE MAYO DE 2025. A más de dos años de la tortura que sufrieron las periodistas Michelle y Natalie Hoyos López a manos de servidores públicos de Izúcar de Matamoros, se dictó prisión preventiva justificada contra seis de los 11 implicados.
Un tribunal colegiado de apelación ordenó la detención inmediata de cinco policías y un juez cívico, a fin de que no puedan sustraerse de la acción de la justicia.
Magistrados revocaron la medida cautelar dictada por un juez de distrito, que permitía a los imputados enfrentar en libertad condicional el proceso penal por los delitos de tortura y abuso de poder.
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Se trata de los servidores Abel S., Víctor V., Abraham N., Jonathan N. y Mariela M, quienes se desempeñaban como policías municipales, así como de Jesús V., juez calificador.
Mediante su cuenta en X, Michelle Hoyos, una de las víctimas, dio a conocer la noticia y afirmó que es resultado de su «voz, resistencia y verdad». Enfatizó:
«Es un mensaje claro: la justicia puede tardar pero llega y cuando lo tradicional falla, existen organismos que aún escuchan. Gracias a estos magistrados, los agresores enfrentarán el proceso desde donde siempre debieron estar: en prisión»,
Michelle Hoyos sentenció que ella y su hermana vivieron no sólo un abuso de poder, sino una «tortura sexual institucional», donde enfrentaron el dolor, indiferencia, incredulidad y silencio.
Dejó en claro que si algo le sucede a ella y a Natalie, recaerá directamente sobre la autora intelectual del ataque, señalando a la exalcaldesa de Izúcar de Matamoros, Irene Olea Torres.
¿Cómo ocurrió la tortura de las hermanas Hoyos López?
Los hechos ocurrieron el 10 de marzo de 2023, cuando las hermanas Michelle y Natalie, tras una movilización por el Día Internacional de la Mujer, fueron perseguidas y detenidas junto a otras tres activistas en Izúcar de Matamoros.
Los policías retuvieron a las periodistas, señaladas por faltas administrativas, por lo que permanecieron incomunicadas durante varias horas.
Las jóvenes denunciaron que fueron víctimas de tocamientos lascivos y agresiones verbales por parte de los uniformados.
Cabe resaltar que los oficiales sentencieron que «la jefa» ordenó la detención de las periodistas, en alusión a la entonces alcaldesa, Irene Olea Torres.
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