Panamá: Activistas por los derechos humanos demandan respeto de sus instituciones

Denuncian que las campañas de desprestigio se utilizan para desacreditar la labor de dirigentes

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Magaly Castillo miembro de Alianza ciudadana pro justicia. Foto Noticiero Mi Diario

La reciente remoción del Defensor del Pueblo, tras un procedimiento calificado como político, pone de relieve la fragilidad de las instituciones del país caribeño


Con 65 votos a favor, uno en contra y dos abstenciones, el pasado 9 de octubre el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó la destitución, como Defensor del Pueblo, de Alfredo Castillero Hoyos, sobre quien recaen denuncias por supuesto acoso sexual y laboral en la institución que dirigía. 

Un acto que levantó suspicacias dentro de distintas organizaciones en defensa de los derechos humanos.

A pesar de que la Constitución Nacional faculta al Poder Legislativo para disponer del cargo en determinadas situaciones, explican que el proceso llevado a cabo no fue el correspondiente, abonando a las posibilidades de que se trate de un manejo político. 

Para estos activistas es necesario que se haga una investigación adecuada, respetando los procedimientos, pues este tipo de acusaciones suele utilizarse para ejercer presiones políticas sobre distintos dirigentes sociales.

Los cuestionamientos sobre la Defensora Adjunta tampoco se hicieron esperar, su relación con el actual partido de gobierno y denuncias en su contra desde otras instituciones del Estado, evidencian la realidad de la institucionalidad panameña.

Cortesía de John Alonso HispanTV

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