Paraguay: Contra la impunidad de los torturadores de Stroessner

Son ex jefes de policía, oficiales, comisarios, un médico y un líder del Partido Colorado –que gobierna a través de Horacio Cartes-. De los acusados, “más de la mitad siguen vivos y gran parte de ellos sigue en cargos políticos o altos mandos militares y policiales”, sostuvo el abogado querellante Aitor Martínez.

Sus nombres, domicilios y crímenes fueron añadidos a una querella que se presentó en Argentina bajo la figura de jurisdicción universal por delitos de lesa humanidad (causa 7300/2013 a cargo del Juzgado Federal número 5).

De acuerdo a la querella, se trata en su mayoría de policías que se desempeñaban en el Departamento de Investigaciones de la Policía de la Capital (DICP), uno de los principales centros de torturas del país. También actuaron en las Comisarías Tercera y Octava, que fueron centros de detención de larga duración.

El informe de la Comisión de Verdad y Justicia (CVJ) registró el nombre de los torturadores en base a testimonios de las víctimas de la dictadura stronista (1954-1989): de 294 presuntos policías, 228 presuntos militares y 134 presuntos civiles.

Según la investigación, al menos 20.090 personas fueron víctimas directas de las violaciones de derechos humanos en Paraguay. De acuerdo a los datos precisos, 19.862 personas fueron detenidas en forma arbitraria o ilegal; 18.772 fueron torturadas; 59 ejecutadas extrajudicialmente; 336 desaparecidas y 3.470 exiliadas.

Impunidad

Desde la Justicia argentina se pidió al Estado Paraguayo un informe sobre la apertura de procesos penales por delitos de lesa humanidad contra las personas identificadas como represores por la CVJ durante la dictadura stronista (1954-1989). No obstante, la fiscalía nunca respondió.

Frente a ello, respecto a las desapariciones se elevó una denuncia por “por incumplimiento de obligaciones internacionales en materia de desaparición forzada de personas por parte del Estado paraguayo” ante el Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas o Involuntarias de Naciones Unidas (GTDFI), que se prevé se trate a mediados de septiembre.

“Hace más de 6 años el Estado Paraguayo viene desoyendo y negando la reparación a los familiares de las víctimas de desaparecidos durante la dictadura, haciendo caso omiso a sus obligaciones internacionales de identificar los restos encontrados e investigar los hechos, como forma de cerrar un delito continuado y permanente como la desaparición forzada de personas”, indicaron en la elevación ante el GTDFI.

En la misma causa iniciada en Argentina, está incluida la denuncia de genocidio contra la comunidad indígena paraguaya Aché. La población de la comunidad se redujo en más de la mitad en un plazo de menos de cinco años luego de una campaña de asesinatos, capturas masivas, traslados forzosos, campos de concentración y limpieza étnica.

Respecto a los torturadores, la querella involucró a Héctor García Rey (que actúo como policía); Mateo Estigarribia (policía); Juan Luis Distéfano (policía); Julián Ruiz Paredes (subcomisario); Efraín Fretes Colombino (ex intendente por el Partido Colorado); Carlos Ríos Acevedo (dirigente del Partido Colorado); Lorenzo Fortunato Laspina Cáceres (policía); Obdulio Arguello Brítez (comisario); Alfonso Lovera Cañete (comisario); Gustavo Giménez (policía); Franciso Cogliolo (comisario);Wilson Ojea (policía); Ángel Mario Ali; Francisco Tata Ramírez; Francisco Valerio Bogado Farruggio (comisario); Óscar Gomez Villalba (médico); Ramón Saldivar; Victorino Lobatti.

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