Parlamentarios de Renovación Nacional proponen «perfeccionar» la Ley Antiterrorista

Parlamentarios de Renovación Nacional manifestaron su intención de impulsar una revisión de la Ley Antiterrorista, a raíz del retiro del Gobierno de la calificación de «terrorista» a los acusados de incendiar una iglesia en la comuna de Padre Las Casas, y la absolución de los 11 imputados en el caso Luchsinger Mackay.

Al respecto, el diputado, Gonzalo Fuenzalida, además vicepresidente de RN, declaró a radio Cooperativa que él mismo ingresó un proyecto el año pasado que entregaba la facultad a los fiscales «de contar con agentes encubiertos para investigar delitos terroristas», pero que fracasó en el Congreso «por el rechazo de la izquierda y el nulo apoyo del gobierno para sacarlo adelante».

«(Con este proyecto, tendríamos la) posibilidad de tener agentes encubiertos y reveladores, que se pueda juzgar en un territorio jurisdiccional distinto, que podamos tener fiscales con comisión de servicio que vengan de otros lugares a investigar porque esa es la manera de la que vamos a lograr un mayor éxito para enfrentar el terrorismo», expresó Fuenzalida.

Por su parte, el secretario general RN, Mario Desbordes, aseguró que «pretender que la conducta terrorista se limite a un par de artículos del Código Penal, eliminando completamente la ley que sanciona este tipo de conductas, y las frases desafortunadas de la Presidenta  y de su ministro del Interior, demuestran que el gobierno no tiene la voluntad de combatir en serio este flagelo (…) Nosotros vamos a insistir que la ley antiterrorista es una ley que está en todas las democracias del mundo, que se usa en todas las democracias del mundo y por gobiernos que defienden a la gente antes de estar preocupados de trancas del pasado», sostuvo Desbordes en la misma emisora.

En tanto, el senador independiente Pedro Araya dijo que el problema reside «en el Ministerio Público» y rechazó la idea propuesta por sus pares de RN, ya que «no apunta al fondo del problema»: «Uno entiende lo dramático de lo ocurrido con la familia Luchsinger Mackay, y en esto comparto el dolor de los hijos, pero aquí el problema es mucho más estructural y no tiene que ver con un caso puntual, sino basta mirar los últimos tres casos de connotación pública en los que el Ministerio Público no ha logrado condena», explicó Araya a Cooperativa.

«Cuando uno mira además las cifras del Ministerio Público, donde 6 de cada 10 delitos no se logran esclarecer, es porque hay un problema hoy en la persecución penal», concluyó el senador.