Hasta ahora se han hallado más de 100 cuerpos sin vida en el embalse Ituango

Parlamento europeo advierte que llenado de la hidroeléctrica afectaría localización de cadáveres en Colombia

Existe una alta probabilidad de que se dé con el paradero de muchos cuerpos de personas desaparecidas

Por Charilin Romero

21/04/2018

Publicado en

Justicia y DD.HH / Pueblos

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Políticos de Europa solicitan que se exhumen los cadáveres que ha dejado el conflicto colombiano y que presuntamente han sido sepultados en la zona del embalse de Ituango, ubicado en la localidad del departamento de Antioquia.

Una carta que envió el parlamento europeo al gobierno colombiano advierte que llenar la Hidroituango, podría impedir que centenares de familias de las personas desaparecidas en la nación neogranadina, -tras el conflicto armado-, puedan hallar los cadáveres de sus seres queridos.

«Expresamos nuestra preocupación especial por la proximidad de la fecha de llenado del embalse, programado para el primero de julio de 2018», señalan los 25 eurodiputados firmantes del documento.

De acuerdo con la información expuesta en el documento, se reitera que gracias a los diversos testimonios de las comunidades y aunado a las cifras oficiales, existe una alta probabilidad de que se dé con el paradero de muchos cuerpos de personas desaparecidas.

Aunque los legislativos europeos reconocen los esfuerzos de las autoridades colombianas para la exhumación de los cadáveres solo se han encontrado 159 cadáveres en el lugar. Añaden que se prevé la localización de muchos más, pero podrían ser frustrados los hallazgos si se inicia el llenado de la Hidroeléctrica a partir del 1 de julio de este año.

El proyecto de Ituango se desarrolla en la localidad sobre el río Cauca, a unos 170 kilómetros de la ciudad de Medellín, capital de Antioquia. Esta central generará dos mil 400 mega watios a partir del mes de diciembre de 2018, para cubrir el 17 por ciento de la demanda de energía eléctrica en la nación.

Este embalse ha sido por décadas el cementerio de las bandas criminales y se resalta en el informe que desde 2012 existen numerosos informes que evidencian las presuntas violaciones de Derechos Humanos contra las comunidades campesinas y víctimas del conflicto armada afectadas por la puesta en marcha del proyecto hidroeléctrico.

Los voceros del organismo internacional indican que, -de igual forma-, todas las familias afectadas por el proyecto se les debe realizar un pago de recursos por reparación integral, indemnización, reubicación y compensación por los daños que están sufriendo.

En la misiva hacen un llamado a abstenerse de realizar desalojos forzosos que impliquen desplazamientos por el desarrollo, en último caso dar cumplimiento a las directrices y principios básicos de Naciones Unidas.