Paz Ciudadana le quita el piso al control preventivo de identidad: «No existe una mejora en el sistema»

Uno de los argumentos más repetidos durante la tramitación en el parlamento del proyecto de control preventivo de identidad (CPI), fue que reduciría las órdenes de detención pendientes. Hoy, sin embargo, a un año de su implementación, lo cierto es que aquella apuesta simplemente parece haber fracasado, de acuerdo a lo que sostiene la Fundación Paz Ciudadana, una organización vinculada a la derecha política y económica chilena, principal impulsora y defensora del mencionado control policial.

La institución planteó sus conclusiones en la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados, «tras revisar la evidencia (datos, cifras) generada (y disponible) durante el primer año de implementación del control preventivo de identidad (CPI)», de acuerdo a lo que publica la web de la cámara alta. Esto, con el objetivo de «valorar sus resultados y la pertinencia de ampliar su uso a personas entre 16 y 18 años», como han solicitado parlamentarios de oposición.

En ese marco, en relación a las conclusiones sobre la efectividad de la herramienta, Paz Ciudadana manifestó que los policías privilegian los controles preventivos por sobre los investigativos y que éstos son menos efectivos para pesquisar órdenes de detención pendientes. En ese mismo sentido, apuntaron que no se visualiza un efecto de la ley 20.931 en la disminución de órdenes de detención pendientes.

El Director Ejecutivo de la Fundación, Daniel Johnson, señaló al respecto que “los números arrojan que lamentablemente no existe una mejora en el sistema. No hay un mayor número de controles y la efectividad del sistema es relativamente baja”.

Johnson también apuntó al argumento que se defendió en favor del control preventivo de identidad, desechando su solidez. “Una de las razones que justificaba la implementación de esta norma era que podría ser útil para poder pesquisar órdenes de detención pendientes. Sin embargo, cuando hacemos el análisis de los casos nos damos cuenta que la norma nueva tiene la mitad de efectividad que la norma antigua”, declaró ante la Comisión de Seguridad Ciudadana.

En este punto, se refirió también a la propuesta de disminuir la edad de las personas que pueden ser sometidas a un control preventivo de identidad, y fue categórico: «La información que nosotros tenemos hoy día no demuestra que la implementación de una norma nueva que baje la edad pueda significar un avance en materia de persecución de la delincuencia”.

Un signo de interrogación

El diputado Leonardo Soto (PS) fue uno de los parlamentarios que manifestó su rechazo al control preventivo de identidad durante su tramitación. Hoy, sobre lo expuesto por Paz Ciudadana en cuanto a que el CPI tendría poco o nulo impacto en materia de seguridad ciudadana y en las órdenes de detención, señala que «se pone un gran signo de interrogación sobre la justificación que tuvo precisamente legislar en esta materia, creando esta herramienta de control policial”.

El parlamentario añadió que “incluso deja entrever que la policía ahora tendría menos eficiencia y eficacia para poder controlar el fenómeno delictual, toda vez que buscaría controlar la identidad de personas que no tienen ningún compromiso delictivo y no con las que se pensaba que lo iban a hacer”.

En materia de propuestas, la Fundación Paz Ciudadana planteó priorizar la implementación de estrategias policiales focalizadas; avanzar en la creación del Servicio Nacional de Reinserción Adolescente, para generar oferta de calidad de intervención de jóvenes infractores, y también generar mecanismos para mejorar la eficacia policial en prevenir y controlar el delito. Por último, plantearon promover la implementación de sistemas que permitan evaluar el desempeño policial en pos de mayores niveles de transparencia institucional.