El excomandante en jefe del Ejército y exsubsecretario de Defensa durante el primer gobierno de Sebastián Piñera, Óscar Izurieta Ferrer, fue condenado el martes por el Cuarto Tribunal de Garantía de Santiago por dos delitos de lavado de activos, tras acreditarse que obtuvo de forma fraudulenta dineros desviados desde los gastos reservados de la institución castrense con los que financió la compra de un departamento en Las Condes.
La resolución unánime (causa rol 274-2026) dio por establecida tanto la comisión del delito como la participación culpable del exgeneral en los hechos del caso conocido como «Gastos reservados».
La sentencia acogió de manera íntegra la acusación presentada por la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción de la Fiscalía Regional de Los Lagos, tras dar por probado que el otrora jefe castrense ejecutó un entramado de operaciones para ocultar el origen ilícito de recursos públicos provenientes del presupuesto confidencial de la institución.
La Fiscalía Regional de Los Lagos estableció que, entre 2010 y 2018, durante las comandancías en jefe de los generales Juan Miguel Fuentealba y Humberto Oviedo, Izurieta recibió pagos mensuales y en efectivo bajo la denominación de «Apoyo a EX-CJE», dineros que habrían alcanzado un monto estimado de $61.200.000 y que utilizó para adquirir una propiedad que luego arrendó, obteniendo millonarias ganancias.
En su razonamiento, el tribunal consignó que desde el año 2010 en adelante, Fuente-Alba y Oviedo, entregaron sumas periódicas de dinero, generalmente de forma mensual, a los excomandantes, en efectivo, por mano y sin ningún tipo de registro contable, y por sumas que iban desde los $400.000 en el año 2010, hasta el millón de pesos para el año 2017″.
El fallo agregó que de acuerdo con los antecedentes, «procedieron a destinar y distraer dineros entregados como gastos reservados a fines y usos diversos a aquellos autorizados por la ley, entre los que incluía el pago mensual de una suma de dinero para uso personal de los excomandantes en jefe».
El caso representa la primera condena en la justicia ordinaria por el blanqueo de dineros originados en el fraude al fisco dentro del alto mando del Ejército, una causa que se desarrollo a la par del procesamiento impulsado en la justicia militar por la ministra en visita Romy Rutherford por malversación de caudales públicos por un monto superior a $6.300 millones durante el periodo comprendido entre 2006 y 2010.
La «mesada», el desvío de fondos y el departamento en Las Condes
Según la investigación liderada por la fiscal regional Carmen Gloria Wittwer y el fiscal anticorrupción Marco Muñoz Becker, los montos de la mesada que recibió Izurieta sumaron un perjuicio fiscal total estimado entre $61,2 millones y $78 millones.
Durante el juicio, la fiscalía remarcó que los gastos reservados están legal y constitucionalmente asignados a fines exclusivos de orden público, seguridad interior, inteligencia y contrainteligencia (DINE), especialmente en periodos de contingencia como la emergencia posterior al terremoto de 2010 o el litigio marítimo ante La Haya.
De acuerdo con EnEstrado, frente a la alegación de la defensa sobre una supuesta asignación para seguridad personal, el ente persecutor demostró que el excomandante ya disponía de vehículo oficial, escolta y personal de servicio con cargo al presupuesto regular de la institución.
El ente persecutor comprobó que Izurieta usó los gastos reservados para comprar un departamento en Las Condes (Edificio Atalaya) por 7.600 UF, abonando 5.600 UF en efectivo y el resto con un crédito hipotecario. De 2010 a 2015, financió entre 36 y 54 cuotas del dividendo con dichos fondos públicos. Luego alquiló la vivienda por montos de entre 34 y 36 UF mensuales, acumulando beneficios ilícitos de aproximadamente $166.228.700 entre 2010 y 2025.
Para ocultar la propiedad y el origen del dinero, en 2021 transfirió el inmueble a su hija, quien le dio un poder amplio para seguir cobrando los arriendos. Desde 2022, derivó parte de las rentas a las cuentas de su esposa. Cuando el escándalo se hizo público en 2019, el excomandante en jefe intentó blanquear los ingresos mediante rectificaciones tributarias ante el SII por $51,2 millones (período 2013-2018), registrándolos falsamente bajo la glosa «Rentas determinadas según contabilidad simplificada, planillas, contratos y otras rentas», consignó EnEstrado.
La prueba clave y la pena que solicita la Fiscalia
La investigación se apoyó en los peritajes contables y bancarios realizados por la Brilac y Bridec de la PDI desde 2005. La prueba clave fue un registro interno de la Comandancia en Jefe hallado en la justicia militar, el cual fue conservado ilegalmente a pesar de la orden explícita de destruir la evidencia de pagos. Frente al secreto institucional alegado por el Ejército para denegar información, el Ministerio Público recurrió a la Corte Suprema, tribunal que los obligó a entregar los documentos.
Una vez acreditada la responsabilidad penal, el fiscal regional Marco Muñoz solicitó para Izurieta «la imposición de una pena de ocho años de presidio mayor en su grado mínimo, multa de 500 unidades tributarias mensuales, decomiso de un inmueble, así como también de las utilidades y ganancias obtenidas a través de él, y la inhabilitación perpetua para cargos y oficios públicos, entre otras medidas accesorias».
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