Por $1.400 millones: Contraloría rechazó compra de mil cámaras de vigilancia para Subsecretaría de Prevención del Delito

La Contraloría General de la República objetó la compra de mil cámaras de vigilancia desde la Subsecretaría de Prevención del Delito, por una suma de 1.400 millones de pesos, a la empresa Ingesmart, para implementar un sistema de teleprotección.

La entidad cuestionó que la compañía no habría cumplido con lo establecido en el contrato y que los productos, además, presentarían dificultades para determinar la interoperabilidad con el sistema de control externo.

Según consignó Radio Bío-Bío, en el texto del ente contralor se señala que “en efecto de los antecedentes obtenidos a la vista, aparece que la empresa adjudicataria concurrió a la firma del contrato comprometiéndose -en el número Nº1 de la cláusula tercera del mismo y tal como lo exigían las bases- a efectuarse la integración de las nuevas cámaras con los sistemas ya existentes pese a que a esa data tenía conocimiento de que no podría cumplir con dicha exigencia”.

Al mismo tiempo, la Contraloría cuestionó que la “garantía de fiel cumplimiento” que Ingesmart debía constituir no se apega a la legalidad.

“Además, atendida la época en que entraría en vigencia el convenio que se aprueba, determinada en su cláusula séptima la garantía de fiel y oportuno cumplimento del contrato, no cubre completamente el plazo de duración de dicha convención, más 60 días hábiles, según lo exige la cláusula duodécima del mismo”, establece la notificación.

Según el citado medio, la decisión de la entidad dirigida por Jorge Bermúdez provocó preocupación a Katherine Martorell y al equipo de la Subsecretaría de Prevención del Delito.

«De hecho, el nerviosismo al interior del piso 5 del edificio Moneda Bicentenario se escuchó incluso al frente, en el Palacio de La Moneda«, señaló Bío Bío.

Frente a esta situación, la Subsecretaría de Prevención del Delito aclaró que las licitaciones para la compra de las cámaras de vigilancia “fueron aprobadas por la Contraloría en el mes de enero de 2020 y los contratos respectivos ingresados en septiembre al mismo organismo”.

En la misma línea, aclaró que las observaciones “serán subsanadas en los próximos días, a fin de reingresar los contratos a la brevedad”.

Las cámaras de vigilancia son HIKVision de origen chinos y fueron prohibidas en Estados Unidos y vetadas a nivel internacional, por presentarproblema en su sistema informático.

Respecto a este último punto, desde Hikvision aseguraron a través de un comunicado de prensa que “en su compromiso con la seguridad y transparencia de sus productos, cuenta con un Centro de Transparencia del Código de Fuente ubicado en California, Estados Unidos, donde se realiza el monitoreo oportuno de la seguridad de los equipos”.

“Hikvision cuenta con la certificación del Estándar Federal de Procesamiento de Información (FIPS, por sus siglas en inglés) 140-2, que es un estándar del gobierno de Estados Unidos utilizado para evaluar y validar la encriptación. Junto a esto, Hikvision ha obtenido los principales certificados de la industria, como los ISO 27001, ISO 9001: 2008 y CMMI Nivel 5”, agregan.

Pese a “contar con los certificados correspondientes, al igual que otras empresas de alta tecnología de origen asiático”, argumentan, “Hikvision se ha visto afectado por la situación política-económica actual entre Estados Unidos y China, lo que ha traído como consecuencia el bloqueo comercial”.