Precedente histórico en DD.HH.: Suprema discute revisar o anular rebajas a condenados en casos de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos

En una jornada que marca un precedente histórico en materia de derechos humanos, la Corte Suprema realizó este martes 22 de octubre de 2025 la segunda audiencia pública para abordar el cumplimiento del fallo dictado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso «Vega González y otros vs. Chile», que ordena revisar o anular las reducciones de penas por media prescripción en casos de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

Durante la audiencia a la que asistieron familiares de víctimas, representantes de organizaciones de derechos humanos, abogados de exagentes condenados y autoridades judiciales, el máximo tribunal del país escuchó los alegatos expuesto por los abogados que representan a los familiares de las víctimas de desaparición forzada y ejecución extrajudicial.

El origen: Condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

En su sentencia emitida el 12 de marzo de 2024 sobre el caso «Vega González y otros Vs. Chile», la Corte Interamericana declaró la responsabilidad internacional del Estado de Chile por violar los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y disposiciones de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas en perjuicio de 44 personas que fueron víctimas de hechos de desaparición forzada, así como por la violación a las garantías judiciales y a la protección judicial de 5 personas que fueron víctimas de hechos de ejecución extrajudicial y, finalmente, la violación a la integridad personal de sus familiares.

Tales violaciones se derivan de las decisiones judiciales emitidas entre los años 2007 a 2010, en las cuales la Corte Suprema aplicó el instituto de la “media prescripción” o “prescripción gradual”, prevista en el artículo 103 del Código Penal chileno, en el marco de procesos penales por delitos de lesa humanidad perpetrados en el contexto de la dictadura militar chilena.

Producto de esta condena, la CIDH resolvió las siguientes medidas de reparación integral:

(i) revisar y/o anular las reducciones de las penas que hubieran derivado de la aplicación inconvencional de la media prescripción;

(ii) adecuar su ordenamiento jurídico interno a efectos de que la figura de la media prescripción no sea aplicable bajo ningún término a delitos de lesa humanidad y graves violaciones a los derechos humanos, y que hasta que no se haga dicha modificación deberá aplicar control de convencionalidad;

(iii) brindar el tratamiento psicológico, psiquiátrico o psicosocial a las víctimas que así lo soliciten, o en su caso pagar un monto establecido de manera subsidiaria;

(iv) realizar las publicaciones y difusiones de esta Sentencia y su resumen oficial;

(v) realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional, y

(vi) pagar las cantidades fijadas en la sentencia por concepto de indemnizaciones por daños materiales e inmateriales, y por reintegro de costas y gastos.

Alegatos de los abogados: Justicia frente a impunidad

Durante la audiencia, la abogada de derechos humanos Karinna Fernández —representante de los familiares de un grupo víctimas— entregó un alegato extenso a través del cual planteó que la revisión de las penas no constituye una nueva persecución penal, sino que constituye una medida de restitución ordenada por un tribunal internacional.

Según consignó Diario U de Chile, la jurista recordó que el fallo de la CIDH nació «del hecho de que esta Corte abdicara de su deber de sancionar con penas proporcionales y efectivas a los responsables de las ejecuciones y desapariciones de 49 víctimas, incluso un niño de 14 años».

Planteó que la aplicación de la media prescripción significó «una nueva forma de impunidad» para los familiares de las víctimas.

«Esta causa es el esfuerzo de que nunca más las víctimas deban cruzar las calles por enfrentar la libertad de los responsables de las desapariciones de sus familiares», enfatizó.

De acuerdo con Fernández, el punto resolutivo no implica que se deban reabrir juicios sobre culpabilidad, señaló que apunta a recalcular penas impuestas de manera incompatible con los estándares internacionales.

«Ni la Comisión ni la Corte Interamericana utilizaron el concepto de cosa juzgada fraudulenta, porque no es el punto en debate. Lo que se discute es la impunidad generada por la media prescripción», explicó.

Finalmente, Fernández citó al académico Guzmán Dálvora, quien calificó la sentencia de la Corte IDH como «un título ejecutivo para superar errores mayúsculos con dos objetivos: restablecer los derechos de las víctimas y reafirmar que la política interna no es la última palabra en materia de derechos humanos».

Alicia Lira sobre condena de la CIDH a Chile: Es «realmente una reparación moral»

En opinión de la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira, la audiencia representó un proceso necesario para poder avanzar en la justicia.

Lira señaló que la importancia de la instancia se debe al hecho de que los abogados de las víctimas pudieron presentar sus alegatos, en los que destacaron «la fundamentación jurídica y moral de lo que significa para nosotros como familiares en crímenes tan alevosos como fueron los nuestros, que se aplicara la media de prescripción».

«Incluso se aclaró la manipulación, desinformación que entregaron los abogados de los victimarios, como que transmitían la desinformación a la gente, a los propios jueces, que poco menos que se tenía que empezar el juicio de nuevo para cambiar las condenas, lo cual nuestros abogados aclararon que no hay tal forma de volver a armar los juicios, sino que aquí lo que tiene que hacer es acomodar las condenas, o sea, sacar la cuenta de los años que les dieron con la media prescripción y cuál les haría decir la media prescripción», destacó.

Alicia Lira es la esposa de Felipe Rivera, militante comunista secuestrado y ejecutado extrajudicialmente y que es parte de las 49 víctimas del caso «Vega González y otros vs. Chile», que incluye el fallo de la CIDH en contra del Estado de Chile.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, Lira relató su experiencia al haber participado en la audiencia en la Suprema y señaló que «duando tú sufres el asalto de tu casa, de tu patio, porque ellos asaltaron mi casa, mi reja de dos metros y tanto, entraron a la fuerza en mi hogar y sacaron de la cama a mi compañero, a Felipe Rivera Gajardo, a las dos de la madrugada, semi vestido, lo secuestraron, se lo llevan sin saber dónde, incluso yo sigo los vehículos corriendo hasta que me agoté (…) es incomprensible que esos crímenes tan alevosos —el secuestro, el asalto, la ejecución sin debido proceso— no son para que paguen cinco o diez años, sino que lo que compete en los tratados internacionales, crímenes contra la humanidad».

«Uno psicológicamente, moralmente, queda dañada producto de la tragedia que vive, pero cuando espera años y años y sale la condena y la condena no se condice con la gravedad de los crímenes cometidos, una es revictimizada nuevamente y tiene este sentimiento de impunidad», sostuvo.

Ante este escenario, Lira planteó que la condena de la CIDH a Chile es «realmente una reparación moral, para que la impunidad no sea tan grande y realmente eso también dignifica a nuestros familiares en la forma atroz que los mataron».

Sobre el fallo., la presidenta de la Agrupación indicó que espera que el máximo tribunal de justicia acate el «peso moral y político» del mandato de la Corte Interamericana y recordó que la institución jurídica «fue cómplice de los crímenes alevosos por 17 años».