Prisión preventiva para exjuez tributario Óscar Meriño: imputado por cohecho agravado y pagos por peritajes

El 7º Juzgado de Garantía de Santiago decretó el miércoles la medida cautelar de prisión preventiva en contra del exjuez del Segundo Tribunal Tributario y Aduanero (TTA) de la Región Metropolitana, Óscar Meriño Maturana.

Meriño, conocido el “juez de los perdonazos”, fue removido de su cargo en marzo de este año por la Corte Suprema —por obtener bajas calificaciones consecutivas— y está imputado como autor del delito reiterado de cohecho agravado, en el marco de una investigación en su contra, liderada por el fiscal de la Fiscalía Centro Norte, Jaime Retamal,por presuntos pagos a cambio de la designación de peritos en causas tributarias.

La resolución del tribunal surgió tras la detención de Meriño, ocurrida el martes 14 de octubre, en una diligencia justamente ordenada por Retamal.

Peritos designados “a dedo”

Durante la audiencia, la Fiscalía presentó los antecedentes que vinculan al exjuez con un esquema de cobro de dinero a cambio de designar «a dedo» a peritos de su confianza en numerosas causas tributarias.

De acuerdo con el ente persecutor, entre 2020 y 2022, Meriño decretó sin justificación y sin fundamento la realización de pericias contables en causas a su cargo. Sin embargo, estos informes resultaron inútiles y de baja calidad, además de que se realizaron infringiendo normas del Código de Procedimiento Civil», consignó Bio Bío Chile.

La causa se originó a partir de una denuncia anónima que afirmaba que el juez y otros funcionarios del tribunal recibían pagos a cambio de nombrar peritos específicos en causas bajo su revisión.

Esta indagatoria también se centró en otros tres funcionarios del Segundo Tribunal Tributario y Aduanero de Santiago y abarcó los últimos cinco años y al menos 50 causas que se tramitaron en el Segundo Tribunal Tributario y Aduanero (TTA) de la Región Metropolitana.

Estos 50 procesos tienen como denominador común la realización de peritajes contables en causas de contribuyentes con un alto monto en impuestos adeudados, los cuales suelen realizarse de forma excepcional, dado el alto costo que tienen.

También trascendió que se usaba a personas externas en estos documentos y en las 50 causas indagadas se repiten, al menos, cinco peritos, lo que ha llamado la atención tomando en cuenta que las designaciones se realizan de forma «aleatoria», para garantizar que no estén a cargo siempre de los mismos expertos.

«Modus operando» de Meriño

En declaraciones al medio citado, el fiscal Retamal, describió el «modus operandi» empleado por el exjuez «de los perdonazos» como “un esquema destinado a obtener beneficios económicos indebidos”..

Indicó que Meriño y sus colaboradores “tenían un grupo encriptado, digamos por mensajes, donde daban a entender de todo lo que estaba pasando dentro de la investigación”, lo cual dejó en evidencia un esfuerzo por coordinar y ocultar las actividades irregulares.

Por su parte la defensa de Meriño, a cargo del abogado Mario Vargas, cuestionó la legalidad de la detención y planteó que aún era juez durante la investigación y, por lo tanto, no podía ser detenido sin que previamente se solicitara algún tipo de desafuero.

Argumentando “falsedad o manipulación de antecedentes” y señando a la Fiscalía de haber entregado al tribunal «información parcial o engañosa», Vargas presentó un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de Santiago para declarar ilegal la detención y restablecer la libertad del exjuez.

Tras escuchar los argumentos de ambas partes, 7º Juzgado de Garantía determinó que existían suficientes elementos para decretar la prisión preventiva de Óscar Meriño y fijó un plazo de investigación de dos meses.

Giro en la causa y prisión preventiva

El caso de Meriño se desarrollo en dos carriles paralelos. Por un lado, el sumario administrativo a cargo de la Corte de Apelaciones de Santiago, liderado por el fiscal judicial Daniel Calvo y que concluyó el año pasado, logró comprobar que el exjuez designó de manera “arbitraria e irregular” a peritos en al menos diez causas tramitadas en el Segundo TTA de Santiago en el periodo comprendido entre 2018 y 2021.

Sin embargo, en esa instancia, no se logró comprobar la obtención de beneficios económicos personales, lo que derivó en una sanción de suspensión de cuatro meses de sus funciones.

Por el contrario, la investigación penal, liderada por el fiscal Jaime Retamal, logró reunir pruebas que habrían sido determinantes para la medida cautelar más severa. A diferencia de la investigación administrativa previa, la pesquisa pudo evidenciar elementos que vinculan directamente los actos irregulares de Meriño con un beneficio económico personal, configurando el delito de cohecho.

Al respecto, el persecutor dijo que “nosotros estamos satisfechos con la resolución del Tribunal (…) pudo dar cuenta en su razón, en su resolución, del contenido de la denuncia y de todas las declaraciones”.

Con la prisión preventiva decretada y un plazo de investigación de dos meses, la Fiscalía Centro Norte se abocará ahora a recabar y sistematizar todas las pruebas necesarias para formular una acusación formal. Este periodo será crucial para determinar el alcance total de la red de influencias y los montos económicos involucrados en los presuntos pagos por peritajes.