Proyecto de hermano del ministro Jorge Quiroz llega a Contraloría por denuncias de obras ilegales y modificaciones urbanísticas

La Contraloría General de la República acogió a trámite la solicitud de la Fundación Defendamos la Ciudad para fiscalizar permisos, recepción definitiva y modificaciones del condominio Boulevard Montemar de Concón, asociado al arquitecto Víctor Quiroz, hermano del ministro de Hacienda Jorge Quiroz.

El requerimiento fue presentado el 18 de septiembre y también pide revisar denuncias contra el proyecto urbanístico y las respuestas de organismos competentes. Según confirmó Aquí Valparaíso el ente contralor lo admitió la semana pasada.

La denuncia apunta a “graves irregularidades urbanísticas y administrativas” en un complejo con edificio de departamentos, oficinas y strip center. Se cuestiona la modificación de bienes comunes y la asignación de “sectores y polígonos a unidades privadas” mediante planos de los arquitectos Víctor Quiroz y Raúl Puelma, “pese a existir antecedentes de que dichos planos no fueron aprobados por la DOM (Dirección de Obras Municipales)”.

En declaraciones al medio citado el hermano del secretario de Estrado reconoció que «efectivamente» fue el arquitecto del proyecto, junto con su socio, «la sociedad Quiroz y Puelma arquitectos«. Indicó que “como todo proyecto tuvo sus modificaciones de permisos –se hacen algunas modificaciones durante la obra- y esas modificaciones fueron todas aprobadas y recepcionadas”.

Según la denuncia presentada ante Contraloría, dichas modificaciones “afectaron estacionamientos de visita, estacionamientos para personas con discapacidad, áreas de carga y descarga, circulaciones, terrazas, techumbre, azotea, escaleras y otros bienes comunes”. Los integrantes de la Fundación Defendamos la Ciudad indicaron que los estacionamientos, jardines y antejardín “se encontrarían destinados a una explotación comercial de estacionamientos vinculada al strip center”.

Quiroz replicó que “todo lo recepcionado está en regla” y que “todos los planos que hicimos de copropiedad están correctos».

Planteó que la ley de copropiedad inmobiliaria «permite asignar polígonos o unidades como estacionamientos», por lo que insistió em que «nada de eso contraviene la normativa».

«Todos los planos que están aprobados, con mi timbre en el Conservador de Bienes Raíces y en la Municipalidad, me hago 100% responsable de ello”.

Em opinión del arquitecto, las irregularidades denunciadas ante el ente contralor tienen que ver con un “tema de funcionamiento»

«Si en el plano hay un lugar destinado para que se estacione un camión de carga y hoy día ese espacio está ocupado con otra cosa, no es mi responsabilidad. Yo no puedo estar supervisando lo que pase con los usos en la práctica. Yo me hago cargo de lo que está aprobado, y está correctamente aprobado», afirmó .

A su juicio, cualquier investigación llegará a la conclusión de que cualquier irregularidad en el proyecto «son problemas de convivencia«.

Demolición pendiente

Según la denuncia presentada ante el ente contralor la Dirección de Obras Municipales «constató obras ilegales en los pisos 17 y 18” y aunque este año, por decreto alcaldicio, se ordenó su demolición, aún no ha llevado a cabo, por lo que Aquí Valparaíso consultó a la Municipalidad sin haber obtenido respuesta-

La situación en el piso 18 sería especialmente compleja, ya que los denunciantes advierten que “existen antecedentes relativos a la instalación de infraestructura tecnológica asociada a un Data Center”. A la par, ña Superintendencia de Electricidad y Combustibles “ha constatado irregularidades eléctricas, entre ellas sellos vulnerados, modificaciones de conexiones”, pero “las irregularidades no han sido subsanadas”.

«Estamos siendo afectados en el uso y disponibilidad de bienes que consideramos parte del patrimonio común», declaró al medio citado la abogada y representante de copropietarios, Susan Escobar.

Indicó que con el requerimiento presentado buscan poder «recuperar para la comunidad las terrazas y los estacionamientos de visita, carga y descarga» y que también se cumpla la orden de demolición y que «toda instalación observada por los organismos fiscalizadores sea debidamente regularizada o cese conforme a lo que determine la autoridad».

Hacienda destrabó proyecto de hermano de Quiroz pese a objeciones de Sernageomin

Esta no es la primera vez que el hermano del secretario de Estado se encuentra en el medio de una controversia. Cabe recordar que a mediados de agosto se conoció que el mecanismo de aceleración de permisos ambientales impulsado desde el Ministerio de Hacienda permitió la aprobación del proyecto inmobiliario Alto Santorini en Concón, iniciativa en la que participa como socio Víctor Quiroz.

Sin embargo, la medida fue adoptada pese a que el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) mantuvo su objeción técnica por el riesgo de «remociones en masa» en el terreno, generando cuestionamientos sobre eventuales conflictos de interés y falta de transparencia en el proceso.

La tramitación ambiental de este proyecto ha estado marcada por diversas suspensiones y aplazamientos. En 2023, producto del socavón que afectó a un edificio en el sector de dunas de Reñaca, el proceso de evaluación fue detenido, reanudándose en julio de 2024 cuando la empresa presentó nuevos antecedentes ante el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de Valparaíso. Once instituciones plantearon observaciones a su Estudio de Impacto Ambiental, y los representantes del proyecto solicitaron en dos oportunidades ampliar el plazo para responder a esos reparos, extendiendo el proceso hasta el 31 de marzo de este año, veinte días después de que Jorge Quiroz asumiera como ministro de Hacienda, tras la llegada de Kast a La Moneda.

De acuerdo con un reportaje de CIPER, ya con su hermano en el gabinete, Víctor Quiroz intensificó sus gestiones de lobby, reuniéndose en junio con Manuel Millones, delegado presidencial de Valparaíso y presidente de la Comisión de Evaluación que aprobó el proyecto. El empresario registró diez audiencias con autoridades de la región en los meses previos a la resolución favorable del SEA.