¿Qué dirán Kast y Republicanos?: condenan a 13 por red criminal de cobre liderada por exdirigente ultraderechista

En procedimiento abreviado, el Juzgado de Garantía de Coquimbo dictó este martes sentencia contra 13 personas en el marco de la «Operación Oro Rojo», que en abril pasado permitió desmantelar una red dedicada al robo, comercialización y exportación ilegal de cobre, que tenía como cabecilla a Francisco San Martín Álvarez, un empresario minero y exprecandidato a alcalde por el Partido Republicano, fundado por el aspirante La Moneda, José Antonio Kast.

Tras una investigación que se extendió por casi dos años y que fue desarrollada por la Fuerza de Tarea del Cobre, un equipo interinstitucional liderado por la Fiscalía Regional de Coquimbo junto a la Policía de Investigaciones (PDI), Aduanas y otros servicios. fue posible dar un severo golpe a la organización criminal que operaba en diversas ciudades del país —incluyendo Calama, Antofagasta, La Serena, Coquimbo, La Cruz, Quilicura, Lampa y Santiago— y que además tenía conexiones internacionales con mercados en India y Bélgica

Los operativos de gran envergadura liderados por la PDI en conjunto con el Ministerio Público en Calama, Coquimbo, Valparaíso y Santiago, permitieron la detención de 18 personas —siete de ellas extranjeras— .

Gracias a estos procedimiento sse pudieron incautar más de 50 mil kilos de cobreen diversos productos y formas como cátodos, láminas, lingotes y cables eléctricos, entre otros, insumos que mantenía esta banda en las distintas etapas del proceso, desde el acopio, fundición, reciclaje, fabricación, traslado y embalaje para su exportación hacia Asia y Europa.

Asimismo, se confiscaron $160 millones en diversas monedas, 10 vehículos y motocicletas.

Modus operandi de la red de robo de cobre

La “Operación Oro Rojo” forma parte de las iniciativas del Consejo contra el Crimen Organizado, que ha priorizado la lucha contra delitos de alto impacto, co que afecta tanto a servicios públicos como a sectores estratégicos de la economía nacional. Entre los delitos investigados se encuentran asociación ilícita, fraude tributario, delitos aduaneros, lavado de activos y receptación.

En el caso concreto del robo y comercialización ilícita del cobre, los antecedentes se remontan a junio del 2024, cuando un proceso de fiscalización desarrollado por la Aduana Regional de Valparaíso dejó al descubierto el intento de exportación ilegal del preciado metal, al hallar una serie de inconsistencias y omisiones en la documentación presentada por la empresa consignataria de una mercancía que se intentaba sacar del país vía marítima.

El análisis y revisión de todos los antecedentes declarados por el exportador llevaron a determinar que la mercancía a exportar debía ser incautada. Se trataba de 22.635 kilos de cobre, valorizados en 171.557 dólares (aproximadamente $160.000.000).

El cargamento constaba de 19 pallets con lingotes de grandes dimensiones dentro de un contenedor y el objetivo era enviarlo desde el puerto de Valparaíso a Bélgica, explicaron desde la Dirección Nacional de Aduanas.

Ante las irregularidades detectadas, el organismo presentó la denuncia por el delito de declaración maliciosamente falsa de origen de la exportación, que está contemplado en la Ordenanza de Aduanas y que considera penas de presidio que pueden llegar a los 10 años dado los montos involucrados y multas que van 2 a 5 veces el valor de la mercancía ilegal.

Tras comunicar los resultados de la operación, se llevaron a cabo cuatro jornadas de audiencias para formalizar a los 18 imputados logrando 15 prisiones preventivas solicitadas por el Ministerio Público – incluyendo a Francisco San Martín – , las cuales fueron otorgadas por el tribunal.

Primeros condenados de la «Operación Oro Rojo»

En un procedimiento abreviado, el Juzgado de Garantía de Coquimbo condenó a 13 imputados1 vinculados con la “Operación Oro Rojo”.

El su resolución, el tribunal dio por acreditado, más allá de toda duda razonable, «que a lo menos desde el 2014 y hasta las fechas de las detenciones, los 13 sentenciados conformaron una asociación criminal dedicada a la compraventa, transformación, fundición, posesión, porte, transporte y exportación de minerales, principalmente cobre, y chatarra de procedencia ilícita; quienes sabían o no podían menos que saber el origen ilícito del metal, el que provenía de sustracciones, hurtos y robos perpetrados por terceros desde faenas mineras, parques eólicos, redes eléctricas y medios de transporte, como la empresa Ferrocarril de Antofagasta a Bolivia, que sufrió robos de cátodos de cobre en 2022, 2023, 2024 y 2025, en Mejillones y Antofagasta».

Constató que estos materiales eran «comercializados» por los imputados desde Antofagasta con destino a Coquimbo, Región Metropolitana y Valparaíso, puerto desde donde era exportación en lingotes vía marítima hacia Europa, con documentación falsa.

Asimismo, determinó que en la organización criminal, cada integrante ocupada una posición y ejecutaba determinadas funciones para concretar el plan delictivo. «Hechos constitutivos de crímenes y simples delitos; tales como receptación, delitos tributarios, fraude aduanero, contrabando de mercancías, delitos que generan ingentes ganancias, cuyo origen ilícito era luego ocultado o disimulado mediane maniobras constitutivas del delito de lavado de activos», indicó, según consignó el Poder Judicial en una nota de prensa.

Tras evaluar los antecedentes el Juzgado de Garantía de Coquimbo dictó penas de entre 61 y 541 días de presidio, con el beneficio de la remisión condicional de la pena por el término de entre uno y tres años para siete de los acusados, en calidad de autores de los delitos de asociación criminal, receptación y lavado de activos.

En el fallo, el magistrado Gonzalo Martínez Merino aplicó a otros cinco acusados penas de 1.623 días de reclusión, sustituidas por la libertad vigilada intensiva por igual lapso; en tanto, una sentenciada deberá cumplir la pena bajo la modalidad de reclusión domiciliaria parcial nocturna.

Así también, el tribunal impuso a los acusados las accesorias legales de suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de las respectivas condenas y decretó el comiso de las especies incautadas y multas que van entre las 0,3 UTM ($20.590) y 20 UTM ($1.370.000).

El fiscal de la causa, Nicolás Zolezzi, destacó que “las personas condenadas deben además pagar multas que van desde las 10 a 20 UTM y además se les incautó bienes de su patrimonio como vehículos, dinero, telefonía celular, entre otras. En tanto, los tres principales imputados que dirigían la organización aguardan la realización del juicio oral”, informó.

Cabe destacar que esas tres personas – entre los que se encuentra Francisco San Martín – permanecen en prisión preventiva, luego de que el pasado 8 de agosto el tribunal decretara la ampliación del plazo de investigación en 90 días.

Actualmente, estos acusados enfrentan una investigación por tres delitos tributarios, dos delitos aduaneros, asociación ilícita, receptación reiterada y lavado de activos.

Imputados reciben bajas penas

El senador por la Región de Coquimbo, Daniel Núñez, (PC) se refirió a las «bajas penas» que recibieron 13 de los 18 imputados y cuestionó la negociación que llevó a cabo la Fiscalía.

«Sobre bajas penas a banda que robaba cables: Según la ley correspondían penas mayores a las decretadas. Mal la Fiscalía negoció con mucha flexibilidad», indicó.

«El robo de cables de cobre no es un juego. Destruye infraestructura, deja sin luz a barrios enteros, sin agua a sectores rurales y financia redes criminales. Pero hoy, los condenados se van a la casa con libertad vigilada. ¡Así no se combate el crimen organizado!», denunció.

De hecho, el abogado defensor Carlo Silva, representante de la mayoría de los condenados, explicó que «la Fiscalía nos propuso acuerdos de penas bastante bajas de aquellas que eventualmente se pudieron arriesgar en el caso de ir a un juicio oral. Esto significó que cada uno de mis representados podrá cumplir su condena a través de un mecanismo alternativo, dependiente siempre de Gendarmería».

Sin embargo, el senador Núñez planteó que espera que Francisco San Martín , el «exdirigente republicano que lideraba la operación y que sigue en prisión preventiva tenga las penas que merece».

«(José Antonio) Kast dice no conocerlo, a pesar de haber cenado en su departamento. Aún desconocemos hasta donde salpicó la corrupción de este delincuente que tanto daño hizo en la región», planteó en otro mensaje publicado en la red social.

¿Qué dirán Kast y Republicanos?

Este caso ha salpicado tanto al Partido Republicano, como a su fundador y carta presidencial, José Antonio Kast, ya que Francisco San Martín Álvarez, señalado como el cabecilla de la red dedicada al robo, comercialización y exportación ilegal de cobre, es un empresario minero que desde 2019 ha mantenido vínculos con la colectividad de extrema derecha, em la que incluso figuró como exprecandidato a alcalde de Coquimbo.

De acuerdo con información publicada por El Mostrador, San Martín se convirtió en un militante republicano disciplinado y comprometido, al punto que habitualmente cedía su exclusiva casa en el sector de Cabinas de Peñuelas, en Coquimbo, para fuera empleada como de la colectividad en la región.

Según este medio, el empresario habría ofrecido otra casa, que tiene en el sector en el balneario de Las Tacas, para que Kast se alojara cuando iba a la región, aunque aclaró que «no existe registro de que el candidato presidencial se haya quedado efectivamente en ella».

Lo que si existe es una fotografía donde se ve al imputado almorzando con el candidato presidencial del Partido Republicano. Una imagen en la que también figura al candidato a diputado, Andrés Guerra; al actual consejero regional, Francisco Corral, y otros militantes.

Ante la polémica y la ola de comentarios, Kast descartó tener relación con Francisco San Martín.

En conversación con Radio Bío Bío, aseguró tener “ninguna” relación con San Martín. “Cuando uno recorre el país, en muchas ocasiones, se reúne con cientos de militantes y son los militantes que se instalan para una convivencia o una foto. Uno no conoce, muchas veces, lo que es la vida de las personas”, aseguró.

“Lo importante es la reacción que ha tenido nuestro partido cada vez que ha aparecido alguien que tiene algún tipo de infracción o comete un delito. Siempre los separamos. Esa persona apareció vinculada a una situación delictual y fue expulsada del partido a los cinco días”, acotó.

Sin embargo, llama la atención que el aspirante a La Moneda no asistiera este míércoles a la comisión investigadora que indaga los actos del Gobierno en relación con el delito de robo de cables.

El republicano había sido convocado a petición del diputado Daniel Manouchehri (PS), con el fin de que explicara su vínculo con Francisco San Martín y el motivo por el que existen fotografías de ambos compartiendo una comida.

El abanderado presidencial se excusó por su ausencia a través de un correo electrónico enviado por su jefa de gabinete.

«Agradeciendo la invitación del honorable diputado Víctor Pino Fuentes a concurrir a la comisión, le comunico que aquello no será posible. Deseándole el mayor de los éxitos», indicó en el mensaje.

La ausencia del candidato de la ultarderecha fue cuestionada por los parlamentarios.

El diputado Cristian Tapia (Ind.-PPD) afirmó que Kast «no argumenta a mayores antecedentes (…) estamos haciendo un trabajo investigativo en la cual lo único que se le quería consultar cuál es la relación con el señor San Martín (…) nosotros no le estamos imputando ningún cargo maliciosamente al señor José Antonio Kast, pero para nosotros siempre es importante que los personajes públicos que tengan antecedentes que aportar para las conclusiones que debemos sacar serían importantes que estuviesen acá».

Por su parte, el diputado Daniel Manouchehri fue más tajante y afirmó: «El que nada hace, nada teme».

«El señor Kast se le convocó a esta comisión, se le invitó, para que pudiese asistir a explicar sus vínculos con el líder de una banda criminal», afirmó.

Ante este escenarios, los legisladores acordaron enviar una carta para expresar su molestia por su ausencia y remitir un cuestionario a Kast para que explique su vínculo con San Martín.