Quema de archivos del Ejército: Versión genera dudas y salpica a actual comandante en jefe

En el marco de la investigación por la quema de archivos de la Central Nacional de Informaciones (CNI) llevada a cabo por el ministro de la Corte Suprema, Mario Carroza, un grupo de 13 ex militares que estarían involucrados fueron citados a declarar el pasado 10 de abril. Los ex miembros del Ejército han señalado que la madrugada del 14 de noviembre de 1989, la Escuela de Educación Física de esa rama de las Fuerzas Armadas, en La Reina, sufrió un “atentado”. El incendio provocado –según la versión del Batallón de Inteligencia del Ejército (BIE)- habría destruido los archivos de la Subsecretaría de Guerra, que contenían expedientes de los Consejos de Guerra. Según el BIE, se trató del impacto de un cohete Low lanzado por militantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR).

Según informa Radio Bío Bío, el magistrado “ordenó interrogatorios para Eduardo Quiroga, que estaba a cargo del resguardo de los documentos, y Bernardo Castro, oficial que ocupaba el cargo de director de la Escuela de Educación Física del Ejército». A estos ex uniformados se suma la citación para Aída Segovia Crisóstomo, archivera (S) de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE).

Por otra parte, se indaga la quema de archivos en formato de microfilms de la CNI, hecho que habría tenido lugar en enero de 2000. Dicho acontecimiento también ha sido relatado por ex militares en sus testimonios en el marco del llamado caso Frei, que investiga el ministro de la Corte Suprema, Alejandro Madrid, según detalla la emisora.

Respecto de esto último, la periodista Pascale Bonnefoy reveló en The New York Times cómo se habría realizado la quema de microfilms. Ante el ministro Madrid, dice, Mercedes Rojas Kuschevich, ex jefa de archivos en el Departamento II de Contrainteligencia, dependiente de la DINE, y otros ex uniformados, “admitieron la quema de archivos”. Rojas identificó al entonces director del organismo, el general Eduardo Jara Hallad, como “el responsable de dar la orden para destruir el material”. Según la investigación judicial, entre los archivos destruidos por el Ejército se encontraban los seguimientos que perpetraron agentes y colaboradores de la CNI contra el ex presidente Eduardo Frei Montalva, quien finalmente fue asesinado en una clínica.

Según la investigación, Jara ordenó quemar los microfilms en un horno de la Escuela de Inteligencia Nacional, ubicada en Nos. Rojas quemó dichos archivos sin levantar actas, en enero de 2000, junto a los suboficiales Osvaldo Ramírez Lazcano y Luis Zúñiga Celis.

Según informa Radio Bío Bío, en un careo entre Jara y Rojas, el primero de ellos «lo reconoció todo y además dijo recordar que informó de la quema de microfilms a un miembro del Alto Mando, el jefe del Estado Mayor, general de Ejército Patricio Chacón Guerrero”.

Londres 38 y las dudas sobre las versiones militares

Según la casa de memorias Londres 38 –querellante en la causa por la supuesta destrucción de documentos en 1989- esa acción “que exculpa y resguarda a victimarios, no conforma un hecho aislado, sino que una concatenación de hechos y acciones por parte de organismos estatales para efectos de mantener la impunidad y obstaculizar el esclarecimiento de delitos de lesa humanidad”. En ese sentido, agregan que la sola afirmación de la destrucción de archivos “no debería ser suficiente para darla por acreditada”.

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El organismo de derechos humanos recuerda que, en distintos momentos, el Ejército “ha informado sobre la destrucción de documentación, lo que pone en duda la veracidad de estas diferentes versiones”.

Es por ello, y ante las dudas que les generan las declaraciones de los miembros del Ejército, que hoy instan a las autoridades políticas «a esclarecer estos hechos y a derogar la Ley n° 18.771 que legaliza el encubrimiento”.

En 1989 se anunció públicamente que se incinerarían los archivos de la DINA y la CNI, momento en el que la dictadura promulgó la mencionada Ley 18.771, aún vigente. «Autoriza a las Fuerzas Armadas y de Seguridad la destrucción de sus archivos y las exime de la obligatoriedad de depositar sus documentos en el Archivo Nacional”, explica Londres 38.

Comandante en jefe salpicado

Parte del informe sobre la destrucción de archivos en el Ejército, donde se declara que se incineraron, señalando quién lo hizo y de dónde provino la orden, fue enviado por el ex ministro de Defensa, José Antonio Gómez, a la presidencia de la Cámara de Diputados en diciembre de 2017. El informe aparece firmado por el general Ricardo Martínez Menanteau -actual comandante en jefe del Ejército y que entonces se desempeñaba como jefe del Estado Mayor General-, quien reconoce que “en 1980 y 1982 hubo destrucción de información”.»

«La resolución de la investigación sumaria viene a corroborar la información de fuentes públicas existente a la fecha, que señalan que la destrucción de información podría incluir antecedentes de las actividades realizadas por la Dirección de Nacional de Inteligencia (DINA)”, apunta en ese sentido Londres 38.

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El organismo recuerda que en respuesta a la solicitud de información de la Comisión Rettig a las Fuerzas Armadas y de Orden sobre casos de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, los mandos de estas instituciones castrenses «ya habían afirmado que no existían archivos relacionados, puesto que habían sido destruidos, versión que, a la luz del reconocimiento de Martínez Menanteau, se demostraría como falso”.

Comandante en jefe Ricardo Martínez

Según Londres 38, el documento firmado por el general comandante en jefe, de la investigación que realizó el Ejército “confirma y acredita con certeza la inexistencia de información de inteligencia y contrainteligencia archivada entre los años 1980 y 1982”, por lo que -sostienen- no puede considerarse una fuente “fiable” para acreditar la inexistencia de dichos archivos.

“No es la primera vez que se niega la existencia de documentación”, dice el organismo de derechos humanos. “Mientras no se realice una política de búsqueda y relevamiento de archivos proactiva, transversal y con atribuciones de allanamiento en todas las reparticiones del Estado, no se puede confirmar la inexistencia de la documentación», apuntan. Más aún -añaden- «en los casos en que el ocultamiento es tan grave, que queda de manifiesto la paradojal situación en que se transgrede una normativa militar e institucional interna, sin sanción, sin responsables, sin investigación”.

“Es inconcebible que las autoridades desconocieran esta información y la responsabilidad de Martínez, oficial que -como muchos otros militares chilenos- cuenta además con un diplomado de ‘operaciones conjuntas’ en el Instituto de Cooperación de Seguridad Hemisférica en Estados Unidos, nombre bajo el cual se conoce ahora a la Escuela de las Américas que, en el pasado reciente, formó a la mayoría de los oficiales latinoamericanos responsables de las más cruentas dictaduras en el continente”, concluye Londres 38.

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