Querella de Bachelet vulnera los derechos humanos, según estándares de la CIDH

Penas de cárcel ha solicitado la presidenta Michelle Bachelet en su querella por injurias graves contra los periodistas de la Revista «Qué Pasa» involucrados en la publicación de las comunicaciones privadas de Juan Díaz, operador de la UDI investigado en el marco del caso Caval.

Las interceptaciones telefónicas del OS9 de Carabineros volvieron a centrar el proceso en La Moneda y más aun cuando la mandataria decidió ejercer acciones legales contra el medio que las filtró, hablando de «canallada» y refiriéndose a un posible montaje detrás de la nota de Copesa.

Desde el gobierno han negado que el libelo presentado por el abogado de Bachelet, Juan Pablo Hermosilla – vinculado antes como socio del defensor de SQM, Samuel Donoso, y el «boletero» de Frei, Pedro Yaconi  – pretenda coartar la libertad de expresión y el derecho a informar que está garantizado por la Constitución chilena.

Sin embargo, una lectura distinta surge teniendo a la vista el último Informe Anual 2015 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

En su página 110, el mismo rechaza que en Chile exista el cuerpo legal usado por Bachelet para exigir penas privativas de libertad contra los profesionales que ella acusa. De esta manera, interpreta la ley como una vulneración a la libertad de expresión reconocida por la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU, que la entiende como un derecho «fundamental e inalienable, inherente a todas las personas» y un «requisito indispensable para la existencia misma de una sociedad democrática».

«El principio 10 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH establece que «[l]as leyes de privacidad no deben inhibir ni restringir la investigación y difusión de información de interés público. La protección a la reputación debe estar garantizada sólo a través de acciones civiles, en los casos en que la persona ofendida sea un funcionario público o persona pública o particular que se haya involucrado voluntariamente en asuntos de interés público», versa el documento escrito por el Relator Especial, Edison Lanza.

Adicionalmente, el principio 11 de dicha declaración establece que «[l]os funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad. Las leyes que penalizan la expresión ofensiva dirigida a funcionarios públicos generalmente conocidas como ‘leyes de desacato’ atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la información.»

La Comisión incluyó en este acápite la condena impuesta a los directores de El Ciudadano a raíz de una publicación del año 2013 que recogía las declaraciones de un ex asesor del entonces diputado Miodrag Marinovic, quien se querelló contra el medio y solicitó, de la misma forma que Bachelet, encarcelar a sus editores.

El caso fue duramente criticado por el Colegio de Periodistas y motivó que los antecedentes fueran puestos en conocimiento de la CIDH en Washington, donde los abogados Mauricio Daza y Pedro Orthustegy denunciaron al Estado de Chile por mantener en su Código Penal los delitos de injurias y calumnias, situación que no ocurre en Honduras, Jamaica y Argentina, quienes recogieron los acuerdos de la Convención Americana de Derechos Humanos.

Por ejemplo, en noviembre de 2009 el Estado argentino, a raíz de un proyecto de ley enviado por la ex presidenta Cristina Kirchner y atendiendo a un fallo de la CIDH, derogó las penas de prisión para casos de injurias y calumnias.

De visita en EEUU para denunciar lo que denominaron un «hostigamiento» contra El Ciudadano, Daza y Orthustegy plantearon la necesidad de «avanzar en la dirección que han seguido otras naciones de América, que han terminado con la criminalización de los atentados al honor, lo que sin duda aparece como imprescindible cuando a través de esta figura se pretende perseguir penalmente a los directores de medios de comunicación social».

Cabe señalar que en marzo de 2015, El Ciudadano fue nuevamente querellado bajo la figura legal de «injurias graves» por el coronel de Carabineros, Rafael Rojas Agurto, ex edecán presidencial de Michelle Bachelet que fue nombrado a principios de este año como agregado policial de la embajada chilena en Washington.

A través de abogados financiados por el Estado de Chile, el oficial solicitó penas de cárcel contra los directores del medio en virtud de un reportaje de investigación que filtró declaraciones de un proceso sumarial por supuestas redes de narcotráfico. Al momento de la publicación, dicho expediente era analizado por la ministra en visita de la Corte de Apelaciones de Concepción, Carola Rivas, en el contexto de la investigación del denominado caso Matute.

Este medio concedió espacio a los descargos del coronel, quien descartó haber integrado «una red de narcotráfico protegida por policías y denunciada por funcionarios de Carabineros de Chile».

A esta fecha, el proceso sigue en curso.