El ministro de Justicia, Fernando Rabat, entregó este miércoles a la Comisión de Constitución del Senado los 308 decretos de rebajas de condenas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes que fueron tramitados durante los últimos cinco años. Sin embargo, los nombres de quienes recibieron el beneficio quedaron bajo llave.
Los antecedentes fueron puestos a disposición de la instancia tras las presiones que las y los parlamentarios ejercieron sobre el secretario de Estado para que transparentara los hechos y quedaron bajo custodia de la secretaría de la comisión, imposibilitando su reproducción y divulgación pública.
La reserva se fundamenta en el marco legal que regula la protección de datos personales, según aclaró el secretario de la instancia, Ignacio Vásquez. “Dadas esas circunstancias, nosotros este documento no lo podemos copiar y debe quedar en custodia en secretaría”, indicó el declaraciones recogidas por El Mostrador.
De los 308 decretos firmados desde 2022 que rebajan penas a los condenado pro delitos sexuales, 66 fueron presentados en 2026, coincidiendo con la llegada a La Moneda por parte de José Antonio Kast y de Rabat a la cartera de Justicia.
Según el desglose: 46 decretos fueron firmados en 2022, 54 en 2023, 66 en 2024, y 76 en 2025.
Al analizar el total de decretos, se evidencia que 291 (95%) obedecen a firmas originadas por imposiciones judiciales, mientras que una minoría del 5% (17 decretos) fue tramitada por vía netamente administrativa, lo que implica que se ejecutaron sin orden de la Corte Suprema.
Por su parte, entre el 11 de marzo y el 26 de octubre de 2026, el ministerio de Justicia, bajo el mando de Rabat, rechazó 41 solicitudes de rebaja de condenas-
La entrega de los 308 decretos se llevó a cabo mientras la Comisión de Constitución del Senado discutía un proyecto que busca excluir este tipo de delitos de los beneficios de reducción de penas.
Sin información sobre decretos a condenados por violaciones a los DDHH y narcotráfico
Sin embargo, varios parlamentarios expresaron su inconformidad porque la cartera de Justicia no incluyó la información solicitada sobre beneficios a condenados por violaciones a los derechos humanos y delitos vinculados al narcotráfico.
La senadora del Partido Socialista, Paula Vodanovic, denunció que “el Ministerio de Justicia se demoró 15 días para no dar cumplimiento a la solicitud que se le dio por parte de esta comisión”.
Según la parlamentaria, se evidencia un «ánimo deliberado de no entregar información para efectos de que se conozcan los verdaderos motivos que tuvo el ministro de Justicia para entregarle beneficios a violadores sexuales. Se tomaron 15 días, presidente, para hacer 4 páginas”, consignó El Mostrador.
En la misma línea, su par socialista, Daniela Cicardini, criticó que la documentación fuera remitida al Senado en lugar de a la Cámara de Diputadas y Diputados, organismo que posee las atribuciones para fiscalizar. Según su perspectiva, esta determinación evidenciaría un ocultamiento de información por parte del Ejecutivo.
Por otro lado, la legisladora Claudia Pascual (PC) exigió transparencia respecto a los criterios utilizados para otorgar las rebajas de condena, en tanto que el senador independiente Matías Walker requirió detallar en cuántas situaciones se interpusieron recursos de amparo y si se tomaron en cuenta los informes psicosociales de Gendarmería.
El reclamo escaló incluso al sector oficialista, donde el senador Arturo Squella (Republicanos) objetó el carácter reservado de las cifras estadísticas, argumentando que el escrito “no hay datos sensibles”, y propuso citar al ministro Rabat para que rinda cuentas.
Paralelamente, desde el Congreso, el diputado socialista Daniel Manouchehri también reprochó que el secretario de Estado enviara los datos a la Cámara Alta y no a los diputados.
«Rabat entrega los decretos al Senado y no a la Cámara, que tiene la facultad de fiscalizarlo. ¿Qué esconde? El fiscalizado no puede elegir quién lo fiscaliza», manifestó el legislador en referencia a la acusación constitucional que impulsa la oposición.
Finalmente, instó a la autoridad a frenar sus «maniobra» y le exigió que «cumpla con la ley, responda los oficios y se prepare para la acusación constitucional».
Obtén tu Pasaporte y apoya a El Ciudadano
Elimina la publicidad, accede a contenido exclusivo y sé parte de la comunidad.
Cancela en cualquier momento · Sin permanencia
