Repudio en Argentina por fallo que favorece a condenado por crímenes de lesa humanidad

Organismos de derechos humanos y familiares de víctimas repudiaron la decisión de la Justicia argentina de concederle la prisión domiciliaria a un antiguo subcomisario condenado por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar en el país (1976-1983).

«Es un enorme retroceso» y es «penoso e indignante que la Justicia no haya tenido en cuenta el sufrimiento y la integridad de las víctimas», declaró Manuel Gonçalves, hijo de un militante de la Juventud Peronista que fue asesinado por Luis Abelardo Patti (en la foto), a quien le otorgaron este viernes dicho beneficio. El juez Omar Paulucci, a cargo del Tribunal Oral Federal número 2 de la ciudad de Rosario, señaló que el traslado a su casa era necesario por motivos de salud.

Patti, de 64 años, fue condenado en abril de 2011 a cadena perpetua por varios casos de asesinato, secuestro y tortura cometidos en la localidad bonaerense de Escobar durante la década de 1970, mientras se desempeñaba en la dependencia policial de dicha ciudad. En concreto, se le acusó de haber perpetrado el secuestro y homicidio del ex diputado Diego Muñiz Barreto y del militante Gastón Gonçalvez, sentencia que fue confirmada en 2014 por la Corte Suprema de Justicia.

A esta se le sumó después otra condena -también a perpetua- por la desaparición de otros dos integrantes de la Juventud Peronista en 1977 y el fusilamiento en 1983 de dos militantes más. Hace unos meses, Patti había logrado el arresto domiciliario por la primera de las causas, pero continuó detenido por la segunda, y ahora, finalmente, la Justicia le permitió ir a su casa, ubicada en un «country» (vecindario privado de clase alta) de Escobar.

«Hay mucha gente que vive en Escobar y que denunció a Patti y la pasó bastante mal. Personas que durante años fueron amedrentadas. Me pregunto si alguien los va a proteger ahora», aseveró Gonçalvez en declaraciones a la agencia estatal Télam.

Tras conocerse la decisión del juez Omar Paulucci, a cargo del tribunal rosarino, la asociación Abuelas de Plaza de Mayo la repudió inmediatamente al considerar que el cuadro de salud de Patti puede tratarse en el hospital de la cárcel de Ezeiza, a las afueras de Buenos Aires, donde estaba detenido.

«Llamativamente, el juez Paulucci fundamentó su decisión en los trastornos que provocaría a Patti su traslado para ser atendido en establecimientos médicos fuera de la cárcel, traslados que deberá continuar realizando desde su nuevo domicilio de privilegio», valoró la emblemática organización de derechos humanos en un comunicado.

Además, apuntó que aunque se ha establecido un programa de vigilancia electrónica para el detenido, este se encontrará en un barrio cerrado, «lo que dificulta la realización de mayores medidas de control, así como una respuesta rápida ante el quebrantamiento de los límites de la prisión domiciliaria».

Por ello, las Abuelas exigieron la protección de los testigos que contribuyeron a que Patti fuese condenado y reclamaron que se adopten medidas para garantizar «que las prisiones domiciliarias no se transformen en una libertad encubierta».