Revés para la derecha: Corte desafuera a Joaquín Lavín por presunta corrupción

En un revés para la derecha y tras una serie de aplazamientos, este jueves 16 de octubre la Corte de Apelaciones de Santiago revisó y aprobó la solicitud de desafuero en contra del diputado Joaquín Lavín León (exUDI), quien es investigado por los presuntos de delitos de fraude al fisco, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos, entre otros.

La investigación en contra de Lavín está compuesta de tres aristas: la emisión de boletas ideológicamente falsas para gastos de campaña, la creación de un software que habría financiado con fondos del Congreso y que quedó a nombre de un asesor; y delitos de corrupción en la Municipalidad de Maipú, mientras su esposa Cathy Barriga ejercía como alcaldesa.

La exjefa comunal está imputada por delitos de fraude al Fisco y falsificación de instrumento público y se encuentra cumpliendo actualmente con la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno.

Cabe recordar que en junio pasado la Fiscalía Oriente solicitó el desafuero de Joaquín Lavín León «en el marco de una investigación por el delito de fraude al fisco».

«Las diligencias investigativas de esta causa han sido realizadas con apoyo de la Brigada de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones de Chile y la Unidad Especializada Anticorrupción, Lavado de Activos y Probidad Interna (UNAC) de la Fiscalía Nacional», indicó en esa oportunidad el ente persecutor a través de una nota de prensa, en la que señalaron que «una vez realizado el análisis de los antecedentes presentados por el Ministerio Público, los Tribunales de Justicia determinarán si existe o no mérito suficiente para el desafuero».

Recordemos que en esta causa también existe una querella interpuesta por el Consejo de Defensa del Estado en contra del exUDI quienes resulten responsables del delito investigado, que se origina en el caso seguido por la Justicia contra Barriga por presunta malversación en la Municipalidad de Maipú.

Fue precisamente a partir de la investigación a la exjefa comunal que se inició una indagatoria reservada y paralela contra Lavín, por el presunto uso de facturas ideológicamente falsas que fueron rendidas como asesoría externa al Congreso cuando su señora era alcaldesa entre 2016 y 2021.

Lo anterior llevó a la PDI a allanar la oficina parlamentaria de Lavín en el Congreso en Valparaíso, y también su casa en la comuna de Peñaflor, donde Cathy Barriga cumple la medida cautelar de arresto domiciliario.

Querella del SII contra Lavín por delitos tributarios

Asimismo, cabe recordar que el Servicio de Impuestos Internos (SII) se querelló contra el parlamentario de derecha por delitos tributarios ocurridos entre 2017 y 2022 por su presunta responsabilidad en la emisión y utilización de facturas falsas entre 2017 y 2022, que habrían generado un perjuicio fiscal para el Fisco de $10.149.465.

A través de la acción judicial, radicada en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, el SII le imputa al hijo del exalcalde Joaquín Lavín, una serie de delitos tributarios detectados durante la investigación llevada adelante por la fiscal de alta complejidad Oriente, Constanza Encina.

La querella que fue presentada por la directora (s) del servicio, Carolina Morales, no solo involucra al parlamentario, sino que también busca establecer la responsabilidad de otras tres personas: Juan Silva Morales, Arnoldo Domínguez y Felipe Vásquez.

De acuerdo con la investigación, se habrían extendido un total de 34 facturas falsas entre junio de 2017 y noviembre de 2022. Estos documentos habrían sido emitidos por dos imprentas representadas por uno de los otros querellados, Juan Silva Morales, y dirigidos a Joaquín Lavín, a través de la mediación de Arnoldo Domínguez.

Además, el parlamentario habría utilizado estas facturas falsas para evadir sus obligaciones tributarias.

De acuerdo con la querella, Lavín León realizó una serie de “declaraciones maliciosamente incompletas o falsas”, con el objetivo directo de “pagar un impuesto menor al que correspondía ante el SII”. Esta conducta se habría extendido por un período comprendido entre los años 2018 y 2024.

El perjuicio fiscal combinado de estas operaciones, cuantificado por el servicio, asciende a la cifra de $10.149.465, actualizada al mes de julio de 2025, alcanza los $10.149.465.

¿Qué implica el desafuero de Joaquín Lavín?

Luego de que la solicitud de desafuero fuera aprobada por la Corte de Apelaciones de Santiago el exmilitante de la UDI perderá la “protección procesal” que le permite a un diputado o senador, desde el día de su elección, designación o incorporación, que no pueda ser procesado o privado instantáneamente de su libertad.

De este modo, los tribunales podrán decretar medidas cautelares en su contra y/o condenarlo.